Al cabo de la primera semana de diciembre 2022, la Administración Central llevaba ejecutado el 88,5% del Presupuesto ampliado de $10,78 billones a $16,65 billones -hasta ese momento, a través de 13 Decisiones Administrativas del Jefe de Gabinete de Ministros y Decretos de Necesidad y Urgencia-, dado que el último miércoles se sumó el DNU 829 que agregó $1,51 billones.
De este modo, desde el inicio del año se instrumentaron 14 modificaciones presupuestarias: 6 con la firma del ex ministro de Economía Martín Guzmán por $5,65 billones y 8 con la rúbrica de Sergio Massa, pero en este caso por $1,73 billones, porque su estrategia se concentra más en reasignar que en ampliar el tamaño del Estado).
Claramente, la severa subestimación inicial de la pauta de inflación para el corriente, apenas 33%, cuando el consenso del mercado (Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA) ya la ubicaba en septiembre 2021 en 46%, más la aceleración posterior que generó la laxitud de la política monetaria y relajamiento del gasto en la primera mitad del año, explicaron las correcciones posteriores y el cambio de dos ministros en Economía.
Sobre 49 grandes jurisdicciones -incluye el Servicio de la deuda pública- en que la Secretaría de Hacienda informa diariamente la ejecución presupuestaria -aunque con cierto desfase, en particular en diciembre- se advierte que una virtual paridad entre las que se ubicaron por arriba y por debajo del ritmo promedio del año; con 3 áreas que acusaron recortes nominales respecto del punto de partida, pese a que la inflación en el período de poco más de 11 meses fue superior a 85 por ciento.
La pauta de gastos partió de una severa subestimación inicial de la meta de inflación, y se agregaron el efecto de la laxitud de la política monetaria y el relajamiento de la política de ingresos
Entre las áreas y carteras ministeriales con más soltura para gastar, tanto sea por contar con una pauta por debajo de las necesidades y el ritmo de la inflación, como muy probablemente por las deficiencias en los controles para no excederse de los límites aprobados inicialmente por el Congreso Nacional, y luego modificaciones por decisiones discrecionales de la Jefatura de Gabinete y aprobación del ministro de Economía de turno -el año tuvo a Martín Guzmán hasta fines de junio, Silvina Batakis los 31 días de julio y Sergio Massa desde el 1 de agosto-, se destacan 18 muy por arriba del promedio del 88,5% del total ajustado para el año.
Aunque por la magnitud de la partida a cargo, sobresalen:
1. Gendarmería Nacional -Ministerio de Seguridad-, 99,06% sobre una partida de $144.375 millones (se excedió en unos $15.196 millones, si hubiese ejecutado como el promedio desde el inicio del año hasta el 6 de diciembre);
2. Otros Organismos que dependen directamente de Ministerio de Seguridad 98,36% ($275.319 M y $27.056 M, asignado y exceso del crédito presupuestario total, respectivamente);
3. Policía Federal Argentina -Ministerio de Seguridad- 97,81% ($109.967 M y $10.196 M, respectivamente);
En seis meses de gestión de Martín Guzmán en 2022 el Presupuesto se amplió en $5,65 billones, y con Sergio Massa en poco más de 4 meses se elevó apenas $0,22 billones
4. Estado Mayor General del Ejército Argentino -Ministerio de Defensa- 96,26% ($149.069 M y $11.514 M, respectivamente);
5. Organismos que dependen directamente de Ministerio de Desarrollo Social 95,389% ($874.934 M y $60.004 M, respectivamente)
6. Organismos que dependen directamente de Ministerio de Economía 94,61% ($1,44 billones y $87.342 M, respectivamente);
7. Organismos que dependen directamente de Servicio de la Deuda Pública 90,44% ($1,19 B y $22.661 M, respectivamente);
8. Organismos que dependen directamente de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 89,93% ($6,81 B y $94.680 M, respectivamente);
9. Estado Mayor General del Ejército Argentino -Ministerio de Defensa- 96,26% ($149.069 M y $11.514 M, respectivamente).
Por el contrario, también se observan muchas dependencias de la Administración Central que sobresalieron por el grado de austeridad en el ritmo de ejecución presupuestaria, muy por debajo de la media, entre los que en consideración a la magnitud de la partida autorizada superior a $100.000 millones para todo el año se encuentran:
1. Organismos que dependen directamente de Ministerio de Desarrollo Productivo 58,23% ($30.752 M de ahorro respecto de haber dispuesto del 88,54% del promedio general hasta el 6 de diciembre, sobre una partida total de $101.459 millones);
2. Organismos que dependen directamente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 63,9% ($29.955 M y $121.593 M, de ahorro y monto máximo de crédito presupuestario, respectivamente);
3. Organismos que dependen directamente de Ministerio de Salud 74,64% ($50.941 M y $366.597 M, respectivamente);
4. Organismos que dependen directamente de Ministerio de Obras Públicas 79,64% ($39.971 M y $446.825 M, respectivamente);
5. Organismos que dependen directamente de Obligaciones a Cargo del Tesoro 80,45% ($101.230 M y $1,25 B, respectivamente);
6. Organismos que dependen directamente de Presidencia de la Nación 82,15% ($31.610 M y $495.081 M, respectivamente).
El diseño del Presupuesto de la Administración Pública Nacional es en general una entelequia, porque parece no guardar relación con nada, ni con la pauta de inflación -siempre subestimada con objetivos políticos, para dejar margen de aumentos de partidas al Jefe de Gabinete de Ministros-, ni con las necesidades de cada área a partir de los excesos o desvíos del año previo, y ni tampoco con los objetivos planteados en el Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso cada 15 de septiembre, o de urgencias coyunturales como es el caso de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, y Agricultura y Ganadería, entre otros.
Al 6 de diciembre la deuda flotante de la Administración Central, determinada por la diferencia entre los gastos ejecutados y no pagados era de poco más de $500.000 millones
Sin embargo, el ritmo de ejecución de las autorizaciones de gastos permite advertir cuáles son las áreas más austeras y las más expansivas respecto de las partidas asignadas, y tomarlas en cuenta para el año entrante, tanto para prever refuerzos, como para determinar recortes que permitan aliviar la carga tributaria sobre el conjunto de contribuyentes.
Deuda flotante
Al 6 de diciembre la deuda flotante de la Administración Central, determinada por la diferencia entre los gastos ejecutados y no pagados era de poco más de $500.000 millones, con un plazo medio de atraso estimado en torno a 10 días, aunque se advierte una notable dispersión, con casos extremos de apenas 4 días en el caso de la atención del servicio de intereses de la deuda del Estado y de más de 110 días por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Dado que los datos de ejecución del presupuesto en curso son presentados por la Secretaría de Hacienda en forma acumulada, para estimar el plazo medio de pago de la deuda flotante se consideró la relación entre el saldo pendiente respecto del promedio simple de gasto mensual de los 11 meses y 6 días informado, de ahí que el número real puede resultar algo menor.
De todas formas, se percibe con claridad que las partidas vinculadas con el pago de remuneraciones están al día; y el resto oscila entre los 10 y 30 días, con la excepción del caso mencionado; Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat 93 días; el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) 87 días; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 77 días; Secretaría de Comunicación y Prensa 74 días; y Organismos del Ministerio de Defensa entre 40 y 50 días, aproximadamente.
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