Presidente del PJ plantea aplicar “normas de excepción que se utilizaron contra el terrorismo” ante criminalidad

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, planteó este lunes que la delincuencia y el crimen organizado sean enfrentados con “normas de excepción” similares a las “que se utilizaron contra el terrorismo”, ya que han alcanzado a las autoridades del Estado.

“Yo no sabía que a los alcaldes ahora los extorsionan. […] Estos grupos delincuenciales organizados atentan contra la estructura del Estado. Ya no son el simple pistolero o simple ratero, no. Hay que darles otro tratamiento”, consideró el juez supremo durante una reunión con autoridades en Lambayeque.

“Quizá algo parecido a las normas de excepción que se utilizaron contra el terrorismo. Tenemos que tomar alguna medida, y eso está en manos del Ejecutivo y del Legislativo. Este tema me preocupa, es uno de los temas que tengo como campaña”, siguió.

Solo en las últimas horas, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, y el burgomaestre de Pimentel, Enrique Navarro, han denunciado que un grupo de extorsionadores les exigen 300 mil soles para no atentar contra su vida y la de su familia.

La semana pasada, el Gobierno de Dina Boluarte extendió el estado de emergencia al Cercado de Lima y a Lince, dos distritos limeños en los que se han incrementado los casos de delincuencia organizada, trata de personas y extorsiones.

Se trata de una medida que ya rige en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y seis distritos de Sullana (Piura), y que fue tomada después de que una discoteca de SJL fuera atacada por desconocidos con un artefacto explosivo, en una acción que dejó diez personas heridas.

Después de esa declaratoria, al menos siete alcaldes denunciaron amenazas de muerte por presuntas mafias extranjeras. La autoridad de La Molina, Diego Uceda, denunció que es extorsionado por traficantes de terrenos. Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, se ha visto en la obligación de usar chaleco antibalas. Al burgomaestre de La Perla, Rodolfo Adrianzén, y al menos tres funcionarios, les exigen cupos.

Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos, ha recibido videos extorsivos, mientras que la autoridad del Rímac, Pedro Rosario; el de Santa Anita, Olimpio Alegría; y el de Piura, Gabriel Madrid, también han sido alcanzados por la criminalidad. “Estamos viendo ya una situación de excepción. Están comenzando a atentar contra la estructura del Estado. Mañana será el gobernador, pasado será quién”, señaló Arévalo al respecto.