Precios, Marruecos, agua y nuevas legislaturas, ¿qué espera la agroalimentación de 2024?

Por Mercedes Salas

Madrid, 1 ene (EFECOM).- La volatilidad de precios, el clima, la Política Agraria Común (PAC), el futuro de los acuerdos con Marruecos o el furor normativo propio de las nuevas legislaturas -española y la de la Unión Europea (UE)- auguran un 2024 intenso para todos los eslabones de la cadena alimentaria.

Tras un 2023 seco y de alimentos encarecidos, el sector afronta el año con incógnitas sobre cuánto durará esa tendencia, sobre las respuestas del Gobierno y sobre cómo impactará en sus reglamentaciones el cambio de mandato en la UE por las elecciones a la Eurocámara.

Estos son los desafíos y la agenda para el sector agroalimentario en 2024.

España empieza 2024 con la reserva hídrica al 46,1 % de su capacidad, mejor que en 2023, pero peor que la media de los últimos diez años: muy por debajo están las cuencas del Guadiana, las andaluzas, la del Segura y, aún en peor situación, la de Cataluña (17 %).

En estos momentos cruciales para las próximas campañas, los agricultores y ganaderos ven la situación grave y piden un pacto de Estado para reformar el seguro agrario.

La PAC 2023-2027 inicia su segundo año con la novedad para España de la “condición social” de las ayudas, por la cual la concesión de subvenciones estará vinculada al cumplimiento de normas laborales.

Para algunos portavoces agrarios es una oportunidad para implantar una cultura de prevención laboral, para otros una forma de “señalar” al sector por el incumplimiento de unos pocos.

El 1 de septiembre será obligatorio aplicar el cuaderno digital en las explotaciones, pero la incorporación de toda la información obligatoria se aplaza hasta 2025.

El campo sigue pidiendo ajustes a la PAC, que animará las reuniones entre el Gobierno y los consejeros autonómicos, entre los que el color político (4 de Vox y 7 del PP) es diferente al de hace un año.

El proyecto de Ley contra el Desperdicio Alimentario volverá a las Cortes a principio de año, con el inicio de la legislatura actual, para la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una estrategia nacional de alimentación.

Y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación preparará también el proyecto de Ley de Agricultura Familiar para enviarlo al Parlamento en 2025.

Por otro lado, la intención de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, de ampliar los espacios libres de humo a las terrazas inquieta a la hostelería.

Pero serán las medidas frente a la inflación las que mantendrán atentos a todos: al sector primario, a la industria y distribución -que se atribuirán el sufrimiento en sus respectivos márgenes de beneficios-.

Precios

El día 12 el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmará los datos del IPC de todo 2023, en el que la alimentación se encareció notablemente (un 9 % interanual en noviembre), aunque la subida de los precios se está moderando.

Está por ver cuándo se estabilizarán y, de momento, el Gobierno ha prolongado hasta junio la exención del IVA de alimentos básicos -leche, pan, frutas, verduras, arroz- y su rebaja al 5 % para aceites y pastas.

Los sectores cárnico y pesquero seguirán reivindicando rebajas para sus productos, gravados con un IVA del 10 %.

En cuanto a las materias primas, si bien se ha moderado el efecto de la guerra de Ucrania -que en febrero cumplirá dos años-, la geopolítica y las tensiones climáticas auguran una continua volatilidad.

 Las elecciones al Parlamento Europeo, del 6 al 9 de junio, dividirán en dos las legislaturas de la UE, lo que condicionará el cierre de negociaciones importantes y, en el segundo semestre, la orientación de la Eurocámara y de la Comisión Europea (CE).

Es improbable que concluya antes de junio la normativa para reducir los pesticidas; por el contrario, las instituciones de la UE pretenden concluir la negociación final de la ley para rebajar el uso de envases.

También están en revisión las normas sobre el bienestar animal, el reglamento de morosidad y la directiva de “diligencia debida”, que implanta procesos para garantizar la sostenibilidad ambiental y el respeto a los derechos humanos.

El Tribunal de Justicia de la UE dictará una sentencia que marcará el futuro del acuerdo pesquero con Marruecos -actualmente suspendido- y del acuerdo comercial -conocido por las concesiones a los tomates-.

Se trata de un dictamen sobre otro veredicto, de 2021, impugnado por la UE, en la que la Justicia comunitaria falló a favor del Frente Polisario y determinó que esos acuerdos no respetaban los derechos de las poblaciones saharauis.

Si el Tribunal dictamina contra la parte europea será muy difícil la continuidad de ambos acuerdos; la abogada general de la UE emitirá en marzo su opinión, no vinculante, pero en la mayoría de los casos seguida por los jueces comunitarios.

En cuanto a los acuerdos comerciales, sigue pendiente de ratificación el pacto de la UE con Mercosur -alcanzado en 2019-; aparte, está pendiente de resolución la disputa por los aranceles de EEUU a la aceituna negra de mesa.

La próxima semana entrará en vigor el nuevo reglamento de control pesquero de la UE que exige registrar digitalmente las capturas.

La flota afronta un año más un recorte de posibilidades mayor en el Mediterráneo que en el Atlántico y pide al Gobierno valentía para facilitar su modernización. EFECOM

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