En medio de una tensa negociación que llevan adelante las empresas de consumo masivo con el Gobierno por los ajustes de precios autorizados (5% mensual) y la necesidad de aumentar más tras la devaluación, desde la Secretaría de Comercio avanzan en paralelo en discusiones con otros sectores que también deben renegociar la pauta de incremento hasta fines de octubre, la nueva establecida por las autoridades por el calendario electoral.
Son varios los rubros que habían firmado un congelamiento de precios desde el 31 de mayo y hasta las PASO, entre los que se incluye el de electrónica. Las empresas nucleadas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) se habían comprometido a mantener los precios de los productos que fabrican hasta el 15 de agosto, pero vencido ese plazo y con una devaluación del 18% ya vigente, los aumentos no tardaron en llegar a las cadenas de retail y a las tiendas online propias de cada empresa. Los incrementos treparon al 30%, en muchos casos. Porque, por otra parte, la suba del dólar se sumó al impuesto a la importación de bienes del 7,5%, que también pega de lleno en esta industria fuertemente dependiente de las compras al exterior.
Sucedió lo mismo con el sector alimenticio y de limpieza y tocador, que ya preparaban listas con aumentos y que a partir de la devaluación del 14 de agosto se incrementaron aún más. Enviaron subas de entre 15% y 25%, pero en las grandes cadenas no se aplicaron hasta no contar con el aval oficial, que nunca llegó. A diferencia de otros sectores, que aumentaron sus precios y luego fueron convocados por Comercio, a las empresas de consumo masivo el Gobierno sólo les permitió ajustar 5% mensual. Y si bien acataron (otra opción no tienen), están ejerciendo una enorme presión para lograr algún incremento adicional. Por lo pronto, aún no firmaron el convenio. Tampoco salió el decreto prometido para otorgarles beneficios fiscales en compensación.
En el caso de Afarte, la convocatoria a negociar llegó con posterioridad a la suba de precios. Sin embargo, son recurrentes las exigencias oficiales para retrotraer aumentos, lo que motivó a la industria a mantenerse firme en una propuesta de suba de un 25% promedio, que es lo que subieron las compañías tras la devaluación, dijeron fuentes del sector.
“El atraso desde el 31 de mayo alcanzaba al 45%, ya que a la devaluación, se le sumó el impuesto del 7,5% y luego la inflación de los meses de congelamiento (junio-julio y mitad de agosto). La propuesta que se le presentó, y que se acordaría, implica aumentar 25% sobre los precios al 31 de julio y mantenerlos hasta el 31 de octubre”, afirmó la fuente consultada. Este acuerdo regiría para aires acondicionados, televisores y celulares, los tres productos principales que se fabrican en Tierra del Fuego. Pero esta misma propuesta es la que les planteó Comercio a las empresas de línea blanca, que también firmarían el respectivo convenio en los próximos días.
Los electrónicos reclaman además que se sostenga el programa Ahora 12, que les permite impulsar la venta a pesar del aumento en las tasas de interés, y que el Gobierno cumpla con la autorización de las importaciones (SIRA) -de las cuales el rubro es sumamente dependiente- y el acceso al Mercado Libre de Cambios (Mulc) para concretar los pagos de esas compras al exterior, cuando van venciendo los permisos.
Hay exigencias oficiales para retrotraer aumentos en productos electrónicos, lo que motivó a la industria a mantenerse firme en una propuesta de suba de un 25% promedio, que es lo que subieron las compañías tras la devaluación
Frente a la cada vez más crítica situación de las reservas del Banco Central (BCRA), el Gobierno ya no está en condiciones de ofrecer la zanahoria de liberarles rápido las SIRAs si adhieren al acuerdo de precios. Prometió lo mismo en la renovación anterior de Precios Justos y no pudo cumplir. El atenuante hoy es la aprobación de los U$S 7.500 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en parte podrían ser utilizados para pagos de importaciones.
Otros sectores que habían sido forzados a congelar sus precios al 31 de mayo fueron los de calzado deportivo, indumentaria, línea blanca, bicicletas y motos. En los dos primeros casos, el Gobierno los habilitó a subir sus precios 12% en agosto y entre 5% y 6% entre septiembre y octubre. En el caso de la ropa, según fuentes del sector, el Gobierno los habilitó a aumentar algunos puntos más que al resto porque “los precios del rubro subieron menos que la inflación, no sólo en los primeros siete meses del año sino en la medición interanual”. En la comparación enero-julio, frente a un IPC que trepó 60,2%, indumentaria y calzado subió 49%, mientras que en los últimos doce meses, mientras que la inflación general fue del 113,4%, la del sector ascendió a 110,3 por ciento.
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