El déficit de las cuentas públicas podrían mostrar en sus números de febrero otro fuerte salto y continuaría así la tendencia de enero, de acuerdo a estimaciones privadas en base de datos oficiales. El ministerio de Economía tiene un tope de rojo primario estipulado por el acuerdo con el Fondo Monetario por un total de $441.000 millones para el primer trimestre del año.
Los números que mostró un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reflejaron un deterioro del frente fiscal en el segundo mes del año, algo que en los despachos del Palacio de Hacienda reconocieron en los últimos días. De acuerdo a las proyecciones de la OPC, en febrero el déficit primario -sin contar el pago de intereses de deuda, y que es la métrica que se toma en consideración con el FMI- creció 177% en comparación con el mismo mes del año anterior.
La cifra no es exactamente comparable a los informes que publica de manera mensual la Secretaría de Hacienda, por cuestiones de criterio contable. Hacienda toma en consideración las cuentas públicas con la metodología “base caja”, mientras que la OPC -y otros relevamientos privados- lo hacen con el gasto devengado, es decir que puede incluir compromisos de pago que no fueron todavía efectivamente realizados.
En un informe dado a conocer este miércoles, ese centro de estudios indicó que en febrero el déficit primario escaló hasta los $429.000 millones, lo que implicaría un incremento de 177,6% medido de forma interanual. Con la metodología que utiliza la OPC enero había sido un mes positivo para las cuentas públicas -algo que luego no se correspondió con el informe de base caja del Ministerio de Economía-, por lo que al combinar el lapso enero-febrero, el resultado del déficit primario es de $107.085 millones.
El crecimiento del déficit en febrero habría estado explicado, según la OPC, en que “los recursos totales cayeron 7,2% real y los gastos totales disminuyeron 4,6%. Los ingresos impositivos cayeron 14,3% promedio, retroceso que llegó a 56,4% en Derechos a la Exportación”, mencionaron.
El recorte del gasto no fue suficiente para compensar el impacto de la sequía en el frente recaudatorio. Siempre según la OPC, en febrero hubo un recorte de 38% en las transferencias a provincias, en el gasto de capital (37%) y en subsidios económicos (22 por ciento). En términos generales, los ingresos cayeron 15,3% y los gastos crecieron 8,4 por ciento.
La meta anual permite, según el programa con el FMI, un techo de rojo fiscal equivalente a 1,9% del PBI. Pero también tiene instancias trimestrales a cumplir. Para fines de marzo, dentro de dos semanas, el sector público no debería haber excedido los $441.000 millones, que representan un 0,3% del Producto.
El primer mes del año arrancó con un marcado salto en el déficit, superior al 1000% interanual, que dejó a las cuentas públicas con un rojo de $203.000 millones, es decir, poco menos de un 0,14% del PBI. El dato oficial de la Secretaría de Hacienda que corresponde a febrero se dará a conocer el próximo lunes.
Solo en el primer mes del año el Palacio de Hacienda utilizó el 45% de ese “cupo” de déficit primario permitido por el acuerdo para el período enero-marzo. Según explicaron altas fuentes del equipo económico, tras el aumento del déficit en enero, los números de febrero también mostrarán un desempeño fiscal que sería similar al del primer mes del año -los números oficiales se darán a conocer la semana que viene- por lo que “en marzo habrá que trabajar duro y parejo” para no exceder la meta, aseguraron.
La conveniencia de reajustar la meta fiscal junto con la de reservas fue abordada por distintos informes privados en los últimos días. Uno de ellos fue de la consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, que consideró que la recalibración del acuerdo es más bien “un fósforo en medio de la peor sequía del siglo”.
“No modificar la meta fiscal implica que a pesar del impacto negativo de la sequía sobre la recaudación de derechos de exportación, el objetivo para 2023 sigue siendo un déficit primario de 1,9% del PIB”, mencionó. “La caída de recaudación por retenciones derivadas de la sequía estará en el orden del 0,3% del PIB, o 0,4%”.
Por su parte, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), consideró que “si se agrega la caída de ingresos tributarios por sequía, la reducción necesaria del gasto es mucho mayor. En este escenario, los ingresos totales caerían 1,9 puntos porcentuales del PIB y el gasto primario tendría que hacerlo en 2,4 puntos porcentuales del PIB. En términos reales, los ingresos caerían 7% y el gasto debería hacerlo un 8,5%”, completó.
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