Policía reprime manifestación contra Dina Boluarte en Tacna, donde se desarrolla sesión del Consejo de Ministros

La llegada de la presidenta Dina Boluarte a Tacna, donde lidera la sesión descentralizada del Consejo de Ministros con los integrantes del Gabinete y autoridades locales, desencadenó este domingo una manifestación ciudadana que fue reprimida por policías, y dejó al menos dos detenidas y un intervenido.

Según imágenes difundidas por Radio Uno, unos 30 protestantes intentaron llegar al frontis del hotel Casa Andina, donde se desarrolla la cita, pero fueron interrumpidos por el contingente policial. Algunas manifestantes acabaron en el piso, mientras eran reprimidas con violencia, reportó la emisora regional.

Al lugar, resguardado por más de un centenar de efectivos, había llegado Boluarte a las 10:00 horas en compañía del premier Alberto Otárola. Después del enfrentamiento, la dirigenta Bertha Ticona e Inés Calderón fueron detenidas y trasladadas a la comisaría Central, mientras que Ricardo Lupaca fue derivado a la misma dependencia en calidad de intervenido.

La periodista Jacqueline Fowks informó, además, que un ciudadano fue golpeado y herido por agentes policiales cuando prestaba ayuda a una manifestante, a quien un efectivo le quitó un megáfono.

En los exteriores del hotel también se encontraban algunos alcaldes que fueron excluidos de la audiencia, entre ellos Rafael Vega, burgomaestre de Candarave, un distrito que padece sequías; y Kenny Menéndez, de la provincia de Tarata, donde se registran proyectos truncos a cargo del gobierno central.

“Queremos reiterar por cuarta vez al Ejecutivo que por favor se retire a Candarave de emergencia por lluvias […] debería de ser emergencia por sequía. Candarave afronta una crisis hídrica que deviene de las sequías […] hay heladas y no hay forraje para los ganados”, dijo Vega a la radio.

De igual modo, demandó que se apruebe la reglamentación del canon hídrico, administrado por las carteras de Economía y Agricultura, y refirió que, junto con Pablo Tapia y Richard Flores, autoridades de los distritos de Curibaya y Cairani, respectivamente, presentaron una serie de pedidos al gobernador regional Luis Torres para que los exponga ante la mandataria.

Este nuevo episodio de represión ocurre cerca de una semana después de que la defensa de Boluarte solicitara a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, archivar la denuncia por genocidio que enfrenta la jefa de Estado por las muertes durante las protestas antigubernamentales.

“Ella no tiene responsabilidad jurídica de ninguna manera en esta situación. Las responsabilidades políticas que puedan existir tendrán que [determinarse] una vez que se establezca que en las situaciones que hemos visto y lamentamos las muertes […] efectivamente hubo un uso bueno o malo del arma”, dijo el abogado Joseph Campos.

En un escrito enviado a la fiscal general, el letrado señaló que “se ha demostrado”, durante la investigación preliminar, que su patrocinada “no participó en los hechos imputados y que no se configuran los elementos objetivos y subjetivos de los delitos imputados”, entre ellos los de genocidio, homicidio y lesiones graves.

Remarcó que Boluarte, cercada por la pesquisa desde inicios de 2023, solo recibió un informe al final del día de las acciones de control de las protestas y que había dado instrucciones para que se ciñeran al respeto de los derechos fundamentales.

La mandataria, también acusada de plagio académico en dos publicaciones que consignó en su currículum, es investigada junto a varios integrantes del Ejecutivo por la muerte de 49 personas en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, durante las protestas ocurridas entre diciembre y febrero último que pedían su renuncia y el cierre del Congreso.