El Poder Judicial admitió a trámite este viernes la apelación presentada por Keiko Fujimori para lograr una autorización de salida a Madrid (España) del 22 y 27 de enero, donde la lideresa de Fuerza Popular prevé participar en una actividad académica realizada por la World Law Foundation.
El juez Víctor Zúñiga Urday adoptó esta medida al determinar que el recurso, presentado por la defensa legal de la excandidata, cumplió las formalidades que exige la ley para ser analizado por la instancia superior.
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El magistrado remitió el pedido a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional para que lo evalúe en una audiencia a programar con la participación de las partes involucradas. Posteriormente, se determinará la decisión.
Hace una semana, Zúñiga había declarado infundado el pedido de Fujimori en atención a la acusación fiscal de más de 30 años de prisión por el caso de los aportes a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Posteriormente, la Fiscalía archivó la denuncia contra la excandidata y su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, falsificación de documentos e inducción a votar en sentido determinado en agravio del Estado.
El abogado Elio Riera, uno de los defensores del expresidente Fujimori, quien cumple 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, aseguró en Twitter que están “conformes con el pronunciamiento fiscal”.
“No existe mérito para acusar a mi patrocinado por ningún delito. Oportunamente, daremos trámite a nuestro pedido por denuncia maliciosa”, anunció.
Investigación
La investigación se había iniciado a partir de una denuncia presentada en 2021 por el abogado y exjuez Malzon Urbina, quien acusó a Keiko Fujimori de presuntamente haber traído al país 1,25 millones de dólares desde Suiza para financiar su campaña electoral de ese año, que perdió frente a Pedro Castillo.
En ese sentido, la fiscalía encargada sostuvo que durante las investigaciones “no se ha logrado verificar sospecha simple de la evidencia de una estructura organizativa sólida, de una voluntad colectiva y vinculante entre los investigados, lo cual constituye el núcleo sostenible de una red criminal”.
“Se dispone ordenar el archivo de todo lo actuado, una vez consentida y/o recurrida y confirmada que sea la presente disposición”, concluyó la resolución reseñada por medios locales.
Este caso no está vinculado con la investigación que sigue la Fiscalía Anticorrupción a Keiko por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 20216.
Por este proceso, que se encuentra actualmente a la espera de pasar a juicio oral, el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión ante los delitos de organización criminal, lavado de activos y fraude procesal.
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