Plan B: MC se sumó Va por México y al INE, también procedió contra la reforma de AMLO

Movimiento Ciudadano (MC) se sumó a la ola de acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia político-electoral y anunció que ya acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para proceder con esta impugnación.

A través de un comunicado oficial, la bancada naranja precisó que el recurso fue contra las reformas aplicadas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en diciembre de 2022, pues, a su criterio, vulneran el equilibrio democrático.

“El día de ayer, la dirigencia de Movimiento Ciudadano presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022″

Durante este jueves 26 de enero, MC informó que la Comisión Operativa Nacional considera que los cambios impugnados buscan “alterar el equilibrio de la contienda al remover límites de la comunicación social en tiempos electorales y cambiar la naturaleza jurídica de la comunicación social”, lo cual propiciaría que servidores públicos, bajo la premisa de su libertad de expresión y de la difusión de información de interés público, puedan realizar promoción personalizada y adoctrinamiento político.

Aunado a ello, señalaron que se rediseñan definiciones y principios de la Ley General de Comunicación Social de una forma que contradicen los párrafos primero, séptimo y octavo del artículo 134 constitucional. Además, para considerar, señalaron la existencia de defectos en el proceso legislativo que dio origen a estas reformas y que vician su contenido.

Estas observaciones se suman a las promovidas, por ejemplo, a las de Va por México (PRI, PAN y PRD) e Instituto Nacional Electoral (INE). Por ejemplo, el organismo a cargo de Lorenzo Córdova, además de anunciar que procedería ante la Suprema Corte, presentó un informe que explica detalladamente las posibles vulneraciones que ve a la burocracia en este ramo.

De acuerdo con este texto, la iniciativa de AMLO afecta los plazos electorales, la libre competencia, la presencia territorial del INE en la república (particularmente la instalación de casillas y módulos), vulnera la autonomía, obstaculiza la fiscalización, pone en riesgo los datos personales de las y los empadronados y compromete el cómputo de los votos.

Asimismo, ante el recorte presupuestario, la autoridad electoral advirtió que “se verían seriamente comprometidos los derechos laborales de las personas servidoras públicas del INE que dejen de laborar por motivos de eliminación de estructuras y plazas” y destacó que cinco mil 80 personas podrían perder su trabajo.

Por su cuenta, Hamlet García, diputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), le contestó a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama y especificó que “manifestaron una preocupación sobre todo económica por el tema de las rentas de los inmuebles”. Y es que él no ve riesgo en que la democracia esté en riesgo, pues la presencia territorial del INE en todo México está garantizada, pues con la reforma se puede disponer de la infraestructura del Estado para la instalación de módulos y casillas.

Finalmente, mencionó que entre las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición hay un tema “muy interesante” al ponderar la controversia entre dos derechos: el derecho a la equidad durante la contienda para las y los candidatos contra el derecho a la información de la ciudadanía.

Y es que una de las exigencias de Va por México es que los funcionarios no hagan propaganda de los logros de los candidatos durante las campañas; sin embargo, cuestionó, la gente tiene derecho a saber qué han hecho los funcionarios por los que votaron.