La Corte Suprema del Poder Judicial (PJ) ratificó este martes la vigencia del protocolo para el aborto terapéutico (legal desde 1924), que regula el derecho de las mujeres a interrumpir del embarazo hasta las 22 semanas, cuando es el único medio para salvar su vida o evitar un mal permanente en su salud.
De esa manera, confirmó que es constitucional y declaró infundada la demanda interpuesta por la Asociación Tomás Moro que pretendía anularlo. “No cabe recurso impugnatorio alguno”, señaló el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), litisconsorte pasivo en la defensa de la guía.
La Sala resolvió también que se corrija el protocolo para tomar en cuenta el consentimiento de las niñas y adolescentes, cambiar el término de incapaz por “capacidad relativa” y regular la objeción de conciencia en esta norma técnica.
Se trata de “una buena noticia frente a los intentos de los grupos antiderechos de socavar los derechos de mujeres y niñas de acceder al aborto terapéutico para garantizar su vida y salud. La guía de 2014 efectiviza este procedimiento médico-legal desde 1924″, señaló la abogada Josefina Miró Quesada.
Casi un siglo después, aún son múltiples los obstáculos que afrontan las niñas, adolescentes y mujeres para acceder a este derecho, lo cual deviene en maternidades forzadas.
La ley del aborto terapéutico en Perú, vigente e intacta desde hace casi un siglo, penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformaciones congénitas o por violencia sexual y lo permite solo para salvar la vida o evitar un mal grave y permanente en la salud de la gestante.
Aunque esa última variable incluye el embarazo de menores de edad, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) registra desde 2016 un promedio diario de cinco niñas menores de 14 años obligadas a asumir maternidades forzadas en el país, donde una de cada cinco niñas menores de 15 años ha sufrido violencia sexual, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En diciembre de 2021, desde la tienda de Juntos por el Perú se presentó ante el Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación, aunque hasta la fecha la iniciativa sigue paralizada. Promsex también reunió firmas para presentar un proyecto afín.
En desarrollo.
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