Un fiscal general y la querella pidieron este lunes en una audiencia oral que la Cámara del Crimen confirme los procesamientos por homicidio agravado para los tres policías que el 1 de octubre mataron de seis balazos al remisero Claudio Romano en el barrio porteño de Villa Crespo.
La audiencia se realizó este lunes por la mañana ante la Sala VI del mencionado tribunal para exponer de forma oral los fundamentos de cada una de las partes ante la apelación que las defensas de los tres efectivos de la Policía de la Ciudad presentaron luego de ser procesados el 18 de octubre por la jueza en lo Criminal y Correccional 49, Ángeles Gómez Maiorano.
Para la magistrada, los tres imputados, el oficial primero Ramón Pérez, la inspectora Beatriz Manzanelli y la oficial Daniela López, fueron coautores de un “homicidio agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones como miembros de la Policía de la Ciudad y por la utilización de armas de fuego”, delito, contemplado en el inciso 9no. del artículo 80 del Código Penal, prevé la pena de prisión perpetua.
Los defensores apelaron ese procesamiento y en la audiencia oral, reclamaron que los tres policías de la comisaría 15 B sean sobreseídos porque, de acuerdo a su opinión, actuaron “en legítima defensa” ante una agresión inicial de Romano.
En cambio, tanto el fiscal general Mauricio Viera, como la abogada querellante, María del Carmen Verdú, quien representa a Ramón Romano, padre de la víctima, sostuvieron ante los camaristas que el procesamiento de la jueza debía ser confirmado.
“El fiscal sostuvo al igual que nosotros la coautoría de los tres efectivos, ya que por más que las pericias revelen quién fue el autor del disparo mortal, no importa cuál de los tres es el que mató a Claudio porque todos dispararon con el ánimo de matar”, dijo Verdú.
La abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional señaló que “los defensores plantearon la legítima defensa argumentando que los policías no podían saber si Romano no tenía otra cosa aparte de la navajita”.
En la audiencia estuvieron presentes el papá de Romano y también la pareja de la víctima, Lucía Sánchez, mientras que en simultáneo frente al edificio de la Cámara del Crimen, en Viamonte el 1100, familiares y amigos de Romano y militantes la Correpi hicieron una marcha para pedir Justicia.
Ahora serán los camaristas Julio Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Magdalena Laiño Dondiz quienes definirán si confirman los procesamientos -que además incluyeron un embargo de 1.500.000 pesos para cada policía-, o si modifican la carátula tal como pidieron las defensas.
Según lo que pudo reconstruir la jueza Gómez Maiorano, el hecho ocurrió pasadas las 11 del 1 de octubre en Malabia al 900, entre Castillo y Jufré, de Villa Crespo, donde dos efectivos de la comisaría 15 B, Pérez y Manzanelli, llegaron a bordo de un patrullero para realizar una citación judicial, y en el lugar había otra mujer policía, López, con la que se pusieron a dialogar.
Lo registrado por los videos muestra que el oficial estacionó el móvil y minutos después Romano, quien trabajaba como chofer para una ART, frenó su Volkswagen Polo detrás, bajó del auto herido en las muñecas y el abdomen, y con una navaja atacó a Pérez a través de la ventanilla del patrullero.
En sus primeras declaraciones indagatorias, los policías imputados dijeron que le dispararon ocho veces porque lo vieron “enajenado” y que no encontraron otra manera de reducirlo porque temieron por sus vidas.
Al evaluar el accionar policial, la jueza consideró que más allá de que en un principio los efectivos dispararon justificadamente para “neutralizar las agresiones desplegadas por Romano”, después de que el chofer cayera herido se excedieron, ya que deberían haberlo reducido “mediante el empleo racional y proporcional tanto de la fuerza”.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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