Pese a la democratización, la revolución de Túnez sigue inacabada

Túnez se deshizo hace diez años del régimen dictatorial y cleptócrata de Zine el Abidine Ben Ali, pero ni la justicia ni el aparato de seguridad fueron reformados y la economía sigue bajo el control de algunos clanes.

Cuando Ben Ali huyó el 14 de enero de 2011, tras una gigantesca manifestación, con él se fueron solo algunos miembros de su familia y asesores directos.

El principal sostén del régimen, la policía, solo “apartó a 54 cargos del Ministerio del Interior en 2011”, y otro puñado más en 2013, explica Oula Ben Nejma, vicepresidenta de la Organización de Reforma Penal y de la Seguridad, que dirige las investigaciones de la “justicia transicional”.

“No fueron ni juzgados ni sancionados y los otros siguieron progresando en su carrera, incluidos los perseguidos por la justicia especializada por crímenes perpetrados bajo el régimen de Ben Ali”, agrega.

Durante la revolución, algunos torturadores fueron condenados, se disolvió la Seguridad del Estado, que había torturado abiertamente en las mazmorras del Ministerio del Interior, y la Constitución de 2014, alabada internacionalmente, redefinió el papel de la policía en democracia.

Pero después de un periodo de apertura, “los demonios del pasado quisieron volver”, asegura Sihem Bensedrine, expresidenta de la Instancia Verdad y Dignidad (IVD), una institución creada después de la revolución para investigar los crímenes de la dictadura.

El flagelo del yihadismo reavivó la tentación de la seguridad y ralentizó los esfuerzos para respetar los derechos de los justiciables, con medidas de vigilancia poco claras y un estado de urgencia en vigor desde los atentados en 2015.

Algunos sindicatos policiales que se formaron después de 2011 se han convertido en instrumentos de presión política y han impedido que se juzgue a las fuerzas del orden.

Aunque la tortura ha dejado de ser sistemática, el viento democrático no ha erradicado esta práctica: desde 2013, la Organización Mundial contra la Tortura se ha ocupado de 500 víctimas directas y denuncia la “casi total impunidad” de los autores.

Cuando los tribunales especiales empezaron a juzgar en 2018 los asesinatos, violaciones y torturas perpetradas entre 1955 y 2013, los responsables de la seguridad obstaculizaron el proceso y prácticamente todos los policías testigos o acusados se negaron a comparecer.

– “Valentía kamikaze” –

Para garantizar que las derivas del régimen depuesto no se vuelvan a producir, la IVD, cuyo mandato concluyó en 2018, abogó por la creación de “una instancia de control de la policía”, y de un servicio de inteligencia sometido a control parlamentario. Pero estas recomendaciones quedaron en papel mojado.

Incluso peor. A falta de mejorar la formación o las condiciones laborales de la policía, las autoridades trataron en varias ocasiones de aprobar una ley que les concede la ventaja de la impunidad en el recurso a la fuerza. El rechazo de la sociedad civil les hizo desistir.

“Se necesita valentía política casi kamikaze” para llevar a cabo una reforma de los sectores de la policía y el judicial, que tienen enorme anclaje político, dice el politólogo Selim Kharrat.

En la justicia, que estaba al servicio del régimen depuesto, los magistrados más notorios de la era de Bel Ali fueron apartados, pero no se ha hecho nada exigir cuentas a los jueces corruptos.

En su informe final en 2019, la IVD preconiza reforzar la independencia de los jueces y los tribunales administrativos, pero tampoco se ha hecho nada.

– Economía rentista –

El mayor desafío para esta democracia, vista como la única exitosa de la Primavera Árabe, es la reforma de la economía.

“Se ha hecho de los derechos cívicos y políticos una prioridad, pero se han descuidado los derechos económicos y medioambientales”, alerta Selim Kharrat.

Se alegra de que, después de dos años, por fin el debate público se centre en el corazón del problema: “el capitalismo de amiguetes” que fomenta el Estado, y “los conglomerados familiares que tienen ramificaciones” en todos los sectores de la economía.

Este sistema de renta que consiste en otorgar privilegios de explotación a las familias de siempre, y que se amplificó con Ben Ali, sigue limitando el acceso a los negocios a los que no forman parte del cenáculo, en detrimento del desarrollo del país.

Así, el “Estado impone a las compañías de transporte por carretera que tengan o bien un solo camión o bien más de 18, lo que permite a los grandes actores ya instalados distribuirse el mercado sin competencia”, pone como ejemplo Louaï Chebbi, presidente de la ONG Alerte, lanzada recientemente para luchar contra este flagelo.

Lo mismo ocurre con los coches. Cada marca de automóvil solo puede ser importada por un único concesionario, lo que garantiza fructíferas exclusividades a un grupo que perteneció al yerno de Ben Ali, y que fue comprado desde 2013 por una familia bien establecida.

La muestra de que la caída del régimen no puso fin a los malos hábitos es la percepción de que la corrupción ha aumentado después de la caída del autócrata. Túnez ha perdido 15 lugares entre 2010 y 2017 en la clasificación de la ONG Transparency.

Las participaciones cruzadas de varios conglomerados y del Estado en los bancos complican el acceso al crédito para los que no pertenecen a las redes existentes.

Las start-ups que han lanzado sistemas de pago a través de los smartphones fueron apartadas por la exigencia de tener un capital mínimo de cinco millones de dinares (1,5 millón de euros), lo que también beneficia a los actores establecidos, lamenta Chebbi.

Este sistema de autorizaciones existe hasta en todas las capas, perpetuando un clientelismo que excluye a sectores enteros de la sociedad.

El marasmo social (inflación, aumento del desempleo…), acentuado por el covid-19, mina la democratización e incluso alimenta la nostalgia del antiguo régimen, que cultivaba la imagen de éxito económico.

Este contexto amenaza con “poner en entredicho todo lo que se ha realizado en el plano político”, advierte Radhouane Erguez, del laboratorio de ideas Joussour.

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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS