Este jueves 3 de noviembre, en el auditorio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Estado peruano pedirá disculpas históricas a Azul Rojas Marín —una mujer trans— por violar sus derechos cuando denunció, en febrero de 2008, a tres policías que la intervinieron arbitrariamente y ultrajaron en una comisaría de Casa Grande (La Libertad), en el norte peruano.
Quince años después de que se enfrascara en una batalla legal que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Perú reconocerá públicamente su responsabilidad internacional por negarse a escuchar y atender el caso, y posteriormente archivarlo y dejar en libertad a los agresores: Luis Miguel Quispe Cáceres, suboficial de tercera; Juan Isaac León Mostacero, suboficial; y Dino Horacio Ponce Pardo, técnico de segunda.
Azul enfrentó a ese sistema que se opuso a defenderla. Fue un camino tortuoso. Rompió las lunas del municipio local para que la escucharan; pasó horas afuera de la Fiscalía, con la misma ropa que fue violentada, para que revisaran su denuncia; apareció en los medios diciendo que trabajaba en una posta local, criaba cerdos y, por las noches, vendía salchipapas para ayudar la economía de su familia cuando de pronto su vida fue trastocada para siempre.
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Tras denunciar a los tres policías por violación, abuso de autoridad y tortura, la Fiscalía desestimó al cargo por tortura y, en enero de 2009, el Poder Judicial archivó las demandas por violación y abuso de autoridad.
Como las vías nacionales se agotaron, tres organizaciones elevaron el caso a instancias internacionales: Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Redress Trust, que busca reparaciones para sobrevivientes de tortura.
Azul será reparada junto a su madre, Juana Rosa Tanta Marín, quien falleció de un infarto en medio de esa búsqueda por obtener justicia. La Corte IDH falló el pasado 6 de abril de 2020 y, por primera vez, culpó a un Estado por violación de derechos y tortura a una víctima de la comunidad LGBTI. El caso puso al país como un drástico ejemplo para Latinoamérica.
Asistentes
Según el programa al que accedió Infobae, en la ceremonia, que se trasmitirá a las 15:00 horas, estará el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, así como representantes de la cartera del Interior, la Policía y la fiscal de la Nación Patricia Benavides y Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial.
También se menciona a las congresistas Susel Paredes y Ruth Luque, y a las embajadas de Estados Unidos, España, Bélgica y Canadá. La asistencia del presidente Pedro Castillo, sin embargo, aún no ha sido confirmada, según Promsex.
Las disculpas públicas llegan dos años después de que la Corte IDH emitiera su sentencia emblemática. El acto responde a las diez reparaciones vinculantes en las que se encuentra, además, proveer asistencia médica y psicológica a Azul —aunque ella siga enfrentando barreras para acceder a servicios de salud—, adoptar protocolos de investigación y administración de justicia en casos de violencia a sus miembros, y elaborar un plan para sensibilizar y capacitar a agentes estatales sobre la violencia.
Todo lo anterior debe ser incorporado en el curso de formación regular de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, Serenazgo y “cualquier otro organismo que ejerza fuerzas relativas a velar por el cumplimiento de la normativa”, según la sentencia de la Corte IDH.
“Estas disculpas históricas ratifican que el Estado violó los derechos de Azul, pero sobre todo sientan un precedente sobre las medidas que debe implementar para evitar que actos discriminatorios o de violencia sigan ocurriendo”, comenta Edith Arenaza, de Promsex.
Con Azul, según la Corte IDH, el sistema peruano incumplió el protocolo para entrevistar a una víctima, fue negligente en el examen médico, omitió elementos probatorios e investigación con sesgo discriminatorio, y proliferó estereotipos discriminatorios durante la investigación, con cuestionamientos “innecesarios” y “revictimizantes”.
Arenaza, abogada litigante en casos de violencia de género, LGTBI y derechos humanos, asegura a Infobae que la organización “seguirá pendiente” de las demás reparaciones. “Asimismo, tenemos prevista la reevaluación de la situación legal de los agresores de Azul, quienes se encuentran en libertad. Vamos a pedir que sean investigados nuevamente a la luz de lo que manda el organismo internacional”, matiza la letrada.
Lo más poderoso de este acto es que Estado reconocerá su indiferencia para dar sentido a lo trágico. “Siempre esperé ese día, no por mí, sino por todas las que aún seguimos en invisibilizadas, torturadas, amenazadas, negadas, sin reconocimiento”, dice Azul Rojas a través una llamada.
Dentro de unos días viajará a Lima desde Trujillo, donde ha pasado los últimos años escondida, incluso amenazada. En el rehacimiento de su vida contempla estudiar Derecho y conformar una organización para brindar soporte a compañeras trans del norte peruano.
“Me hubiera gustado que mi madre estuviera en este momento —susurra—, estoy segura que a ella la mató toda esta batalla. Me quedé sin madre, sin hermanos, sola contra todos. Pero dios nunca se apartó de mí”.
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