Lima, 19 may. Perú acumula más de 1.700 obras públicas paralizadas al cierre del primer trimestre de 2023, lo que implica que los ciudadanos se queden sin acceso a bienes y servicios públicos de manera oportuna, según datos de la Contraloría General de la República difundidos este viernes.
A través de un comunicado, la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) alertó de que el presupuesto de las obras paralizadas supera los 10.000 millones de soles (2.900 millones de dólares o 2.677 millones de euros) y que se encuentran en los tres niveles de gobierno.
“En parte, se explica por los efectos de las protestas sociales y los eventos climatológicos, que afectaron las obras en algunas regiones específicas. Por ejemplo, en Piura (norte del país) se paralizaron obras de mejoramiento y ampliación de agua potable y sanitaria por las lluvias”, indicó el investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo, César García, en la información difundida.
En concreto, esta obra de acondicionamiento hídrico iba a beneficiar a 8.000 habitantes de la ciudad norteña de Ayabaca.
El sector de transportes y comunicaciones concentra la mayor cantidad de obras públicas paralizadas con una cifra de 472, que representa el 27 % del total nacional.
Existen 403 obras paralizadas en el sector vivienda, construcción y saneamiento (21,3 %), hay 154 en educación y 76 obras en el rubro sanitario.
Los departamentos que concentran el mayor número de inversiones paralizadas son Cuzco (297), Puno (220), Lima (111), Cajamarca (107) y Áncash (102).
Mientras que las regiones con menor cantidad de obras paralizadas son Callao (6), Tumbes (10), Madre de Dios (14), Ucayali (17) e Ica (26).
La organización alertó que estas paralizaciones afectan el desarrollo económico y afectan la calidad de vida de los ciudadanos, y de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “limitan la competitividad de los países al frenar la inversión y la generación de empleo”.
Asimismo, pueden retrasar o dificultar el acceso a servicios básicos como el agua, transporte y energía.
Y detalló que pese a ser obras públicas, su paralización puede generar efectos negativos sobre la inversión privada, y con ello, limitar sus efectos multiplicadores, como la pérdida de empleos directos e indirectos que acompañan a estos proyectos.
“Existen investigaciones que indican afectación en la vida y salud. Por ejemplo, una investigadora de London School of Economics identificó que, por cada año adicional de demora en obras de alcantarillado paralizadas, la mortalidad infantil se incrementa en 14 %, debido a la exposición a enfermedades transmitidas por agua, como el dengue”, señaló García. EFE
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