El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, anunció este viernes que el Estado peruano aguarda una notificación oficial sobre la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del sentenciado fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, y anticipó un plan de defensa ante el organismo internacional.
La estrategia incluye la reactivación del grupo de trabajo intersectorial para la defensa jurídica en casos de terrorismo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ya existía desde 2015 y ahora tendrá reuniones bimensuales, así como el “fortalecimiento” de las Procuradurías y “una visita al más alto nivel” a organismos internacionales de derechos humanos “para posicionar la defensa del Perú”.
Otárola brindó una rueda de prensa después de sostener una reunión por más de una hora con el ministro de Justicia, Daniel Maurate, y el procurador general del Estado, Daniel Soria. “Estamos viendo cómo, de manera sistemática y automática, aceptan las peticiones y denuncias contra el Estado peruano. Creemos que eso requiere un posicionamiento político que trabajaremos con Cancillería y la presidenta. No vamos a permitir que Polay se valga del sistema interamericano […] Puedo garantizar es que, durante el gobierno de Dina Boluarte, esta hiena no saldrá de prisión”, remarcó.
Maurate señaló que, hasta el momento, la Procuraduría no ha recibido ningún aviso oficial sobre la admisión de la demanda, que data del 2007. “Corresponde esperar pacientemente para inmediatamente reaccionar y está lista para contestar cualquier observación de la parte demandante. [Esta cartera] emitirá una resolución para activar este grupo de trabajo multisectorial donde será incluido un representante del Ministerio Público y el Poder Judicial junto con la Procuraduría”, añadió.
Por su parte, Soria mencionó que la acusación de Polay “es un tema de Estado”, lo que “significa que hay que trabajar con una sola estrategia” para una defensa eficiente. “Hay que recordar que esta admisión no incide en la liberación ni en un cambio de régimen de establecimiento penitenciario. Atienden a otras circunstancias”, precisó.
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