El abogado de Torres Vásquez afirma que este padece de diabetes, con ello pretende desestimar el pedido de prisión preventiva en contra de su defendido.
“¿Se imaginan a una persona de ochenta años ingresando a un centro penitenciario? eso sería prácticamente afectar su salud”, indica. Además, cita documentos médicos de la Clínica San Felipe y el Laboratorio Clínico ROE.
Agrega que este último nosocomio emitió un examen médico, anteriormente, donde se registra que el expremier “siempre ha tenido un elevado grado de glucosa”.
Rodríguez Tineo asegura que el extitular de la PCM anunció que pasa a la “clandestinidad”, cinco días atrás, “como un mecanismo de defensa espontánea”.
“No es verdad que se haya dado en un contexto de clandestinidad, fue en el contexto de una declaración [anterior] a la fiscalía”, afirma.
El expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, asume la defensa legal del expremier Aníbal Torres.
“El delito de rebelión es colectivo, de convergencia (…) ¿Tres personas [Betssy Chávez, Torres Vásquez y Pedro Castillo] van a cometer el delito de rebelión? (…) ¿Tres personas para quebrar el orden constitucional? ¿Para levantarse en armas?”, increpa.
Según detalla, desde el punto de vista de la defensa, no hay elementos de convicción que vinculen a el ex primer ministro al delito de rebelión, pues “no hay alzamiento en armas, ni siquiera en grado de tentativa, él no ha llamado a las Fuerzas Armadas para que tome las calles de Lima, el Congreso, etc”.
El abogado de oficio Ítalo Díaz, en defensa de Pedro Castillo, asegura que el Canciller de México no mencionó al expresidente en su anuncio de un eventual asilo político. De esta manera, asegura que dichas declaraciones no constituyen un elemento de convicción.
“Presume la fiscalía que contaría (Castillo) con funcionarios de entera confianza, también porque él estaría recibiendo visitas de exministros que podrían liderar una red criminal. Esta defensa considera que no existiría peligro de obstaculización, tampoco de suprimir elementos de pruebas. (…) El Sr. Castillo ya no es presidente de la república, esos señalados tampoco son ya ministros”, manifiesta.
Añade que la representación legal tampoco considera la configuración del peligro procesal en este caso.
El Ministerio Público señala sobre Aníbal Torres que, por el tipo penal establecido, el expremier podría recibir “una pena mínima de diez años a una pena máxima de veinte”.
“En ese sentido, hay un marco punitivo que nos permite decir que la pena debe superar el mínimo requerido por el Código Procesal Penal”, destaca.
Además, se hace hincapié en el mensaje ofrecido por el extitular de Consejo de Ministros, días antes y a través de su cuenta de Twitter, sobre su paso a la “clandestinidad”.
La Fiscal de la Nación sin razón me ha denunciado por formar parte de una org. criminal y perturbación a la justicia.Ahora lo hace por Rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial.Dice que los fiscales son operadores políticos.Ante esto paso a la clandestinidad.
— Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) December 10, 2022
El fiscal detalla que la pena de rebelión, delito que enfrenta el expresidente, “tiene mínimo diez y máximo veinte años” de cárcel.
“Hay un mandato legal de considerar cualquier intento de arrogarse el poder, fuera de los marcos dados por la Constitución, (…) como rebelión, eso es rebelión, destaca.
En este marco, cita al artículo 45 de la Carta Magna, que estipula que “ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición”.
El representante del Ministerio Público asegura que existe peligro de fuga de parte de Castillo y cita las declaraciones del embajador de México, quien indicó que le brindaría el recurso al expresidente de solicitarlo.
“No creemos que haya querido ir a la embajada a tomar el té, creemos que por el contexto, y por máxima experiencia, hay indicios fuertes de querer dirigirse allí para pedir asilo”, señala. Además, cita al mandatario mexicano, Manuel López Obrador, quien afirmó que sí estaba dispuesto a brindarle su respaldo al profesor chotano.
El fiscal indica las razones por las cuales el expresidente Pedro Castillo habría tomado la decisión de cerrar el Congreso de la República, como las visitas de los ministros a Palacio de Gobierno y los chats que fueron filtrados.
La Fiscalía informó que Pedro Castillo fue detenido en flagrancia tras su fallido intento de golpe de Estado. Agregó que las Fuerzas Armadas no acataron la orden del exjefe de Estado.
El abogado Ronald Atencio, defensa de Pedro Castillo Terrones indicó que junto al abogado Raúl Noblecilla y el expresidente no participarán en la referida sesión “Son muchos los argumentos que -en conversación con Pedro- nos impulsaron a tomar esa decisión”, indicó.
El letrado mencionó que los siguientes puntos instaron a que la defensa no participe en la audiencia:
1. Vacancia ilegal y exprés
2. Levantamiento del antejuicio ilegal y exprés
3. Programación de un audiencia exprés para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones
4. Convalidación ilegal del Juez del levantamiento del antejuicio
5. A la fecha no resuelven los Habeas Corpus cuestionando lo anterior.
“Si bien es cierto los abogados tutelamos los derechos en los fueros judiciales; sin embargo, en esta audiencia no existe mínimas garantías que eso así será. Ya verán el resultado y se darán cuenta, seremos testigos del ajusticiamiento a un ser humano”, sostuvo.
A las 8:40 a.m. se inició la audiencia de pedido de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, quien se ha negado a asistir y ha dejado a sus abogados a cargo de su defensa.
Participan de esta audiencia el fiscal supremo Alcides Chinchay y los abogados de Aníbal Torres. El expresidente será defendido por el abogado de oficio Ítalo Díaz.
La justicia peruana postergó hasta hoy, jueves quince de diciembre, una audiencia para decidir si acepta un pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo, por el delito de rebelión y conspiración, tras su fallido autogolpe.
“Se reprograma la audiencia”, manifestó el juez Juan Checkley tras aceptar los alegatos de la defensa, el pasado miércoles catorce. El magistrado indicó que el exmandatario seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención preliminar, que le impuso el Poder Judicial, tras el quiebre al orden constitucional que perpetró hace una semana.
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