El Poder Judicial ordenó este jueves culminar la investigación preliminar contra el exmandatario Pedro Castillo de cara a una eventual acusación fiscal por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, un caso denunciado semanas después de que llegara al sillón presidencial.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema (CS), que preside el juez César San Martín, declaró fundado “en parte” la solicitud de su defensa, representada por el exministro Walter Ayala, quien había requerido un control del plazo de esta diligencia preliminar.
Asimismo, dispuso que el Ministerio Público proceda a “emitir la disposición que corresponda, sin perjuicio de que las diligencias y actos realizados hasta el momento conservan su validez o eficacia procesal”, según la resolución difundida por RPP.
El escándalo de los ascensos militares fue difundido agosto de 2021, cuando los ex comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, denunciaron que fueron pasados al retiro por no acceder a presiones ejercidas por el entonces secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y del exministro Ayala, ahora abogado de Castillo.
El caso produjo que, por primera vez, el expresidente compareciera ante un fiscal, quien lo interrogó para averiguar el grado de participación en estas presuntas injerencias. La diligencia se desarrolló en Palacio de Gobierno, tomó alrededor de cinco horas y transcurrió a puerta cerrada.
Vizcarra, uno de los militares cesados, difundió un chat de mensajería instantánea en el que Castillo le pedía tratar “temas urgentes” con Pacheco y luego él mismo le daba el nombre de Víctor Torres para que ascendiera de comandante a coronel.
Durante el interrogatorio, Castillo reconoció su autoría en la conversación, aunque negó cualquier intención de hacer nombramientos irregulares o de concretar favores, detalló otro de sus abogados, Eduardo Pachas.
El letrado pidió entonces la inhibición de la magistrada a cargo del caso, Norah Córdova, por difundir en sus redes comentarios políticos de rechazo al expresidente en los que apoyaba su destitución.
A la fecha, Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo por cargos de corrupción y rebelión a raíz de su fallido autogolpe. Según la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el exmandatario es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Durante su mandato, la Fiscalía abrió seis investigaciones preliminares contra Castillo. La acusación constitucional por corrupción supuso la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.
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