La Corte Suprema de Justicia acaba de resolver el caso “Esso Petrolera Argentina SRL y otro c. Municipalidad de Quilmes- Acción contencioso administrativa”, confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y rechazando el recurso de la empresa actora.
Dicha petrolera había cuestionado la tasa de seguridad e higiene que cobraba el municipio, en dos de sus estaciones de servicio.
La cuestión era de enorme importancia no sólo para los municipios de la Provincia de Buenos Aires sino para todos los gobiernos locales del país. Es que dicha tasa representa más del 30 % de los ingresos propios de los municipios bonaerenses. Y tal como se ha expresado, estaba en juego un aspecto decisivo de la autonomía municipal, pues se intentó desconocer el poder tributario local, la razonabilidad de la tasa y hasta la constitucionalidad del Convenio Multilateral.
En uno de los fallos más importantes y de mayor claridad en su sólida argumentación, se acaba de ratificar y consolidar una jurisprudencia a favor de la autonomía municipal consagrada en los Arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional. Y especialmente en esta última norma, incorporada en la Reforma Constitucional de 1994, que había asegurado los distintos aspectos de la autonomía: en lo institucional, político, administrativo, financiero y económico.
Dicha reforma tuvo como uno de los objetivos más trascendentes profundizar la descentralización del poder y por eso introdujo profundos cambios normativos en relación al federalismo, a la autonomía municipal y al otorgamiento de un especial estatus constitucional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El fallo ha sido unánime, con tres votos de gran altura jurídica: el mayoritario de los Ministros y Ex Convencionales Constituyentes Maqueda y Rosatti y los Votos concurrentes individuales de Highton de Nolasco y Lorenzetti.
Oportunamente se había realizado una Audiencia Pública y además, se habían presentado diversos Amicus Curiae.
Uno de ellos correspondió a 40 Intendentes de la Provincia de Buenos Aires, que representaban a todo su arco político, donde tuvimos el honor de actuar como letrados patrocinantes junto al Dr. Germán Krivocapich.
Allí analizamos la plena constitucionalidad y legalidad del poder tributario ejercido por la Municipalidad de Quilmes y además, referimos en general, la situación de enorme debilidad financiera en que se encuentran los gobiernos locales, en la comparación con los ingresos de los otros órdenes gubernamentales, dado que no superan el 2% del total. Y particularmente con el Gobierno Federal, que supera al 80 % del total, lo que explica los graves problemas de nuestro estado federal y la dependencia en que se encuentran los Gobiernos Provinciales y Municipales.
Asimismo presentamos una comparación con otros países, para marcar la enorme distancia que nos separa de Suecia, donde los gobiernos locales perciben el 34,9 % de los ingresos totales, siendo unitario y de Estados Unidos, con un 14,9 %, con sistema federal.
Destaco así la especial trascendencia de esta sentencia. El más alto Tribunal al reafirmar una jurisprudencia federalista y municipalista en este caso, está ejerciendo su misión de asegurar la supremacía constitucional. Se trata, en definitiva, de cumplir el gran proyecto democrático, republicano y federal de la Ley Suprema. Dicho proyecto se asienta sobre el principio de la autonomía municipal, que es la escuela social de la democracia y el primer teatro en que los hombres ejercitan sus derechos, como dijo Joaquín V. González.
Gobiernos locales que cada día tienen mayores responsabilidades y que necesitan de los recursos suficientes para cumplir con el bien común de la sociedad local.
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