Santiago de Chile, 19 jun. Parlamentarios de la oposición chilena presentaron este lunes una propuesta de juicio político en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por presuntas vulneraciones a la Constitución.
Inicialmente, la acusación fue impulsada por una guía de educación sexual y de género que, según ellos, afecta al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. A esta han ido sumando argumentos, que van desde las deficiencias del sistema educativo para responder a los incidentes ocurridos en algunos centros educativos emblemáticos, hasta los resultados de las pruebas estandarizadas del sistema nacional de evaluación de resultados de aprendizaje (SIMCE).
“Tenemos la convicción de que el ministro de Educación está en una situación de inejecución de leyes importantes para el país, que se están traduciendo en seguir profundizando la crisis educativa”, señaló el diputado del partido de derechas Renovación Nacional (RN) Diego Shalper.
Otro de los puntos de la acusación apunta a supuestas irregularidades del organismo encargado de repartir ayudas y becas educativas -la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)- que perjudicarían al erario público, como un presunto pago de raciones alimentarias que finalmente no se entregaron.
Según los cálculos de la oposición, habría más de 110 mil millones de pesos (más de 138 millones de dólares) en “prejuicio” fiscal: “Nos parece que una irregularidad de esa envergadura ya sería suficiente para que el Ministro de Educación dé cuenta de que no es capaz de seguir conduciendo su cartera”, enfatizó Schalper.
Tras la presentación del documento oficial en el Congreso, Ávila, profesor de formación y uno de los primeros ministros de Gabriel Boric en hacer pública su homosexualidad, evitó referirse a este último punto y se limitó a afirmar que todos los días “elige no creer” que hay motivaciones distintas a las que no estén exclusivamente asociadas al desarrollo de la cartera.
El pasado 1 de junio, en medio de su Cuenta Pública al país, el presidente respaldó especialmente el trabajo de Ávila cuando ya sonaba en las filas de la derecha la posibilidad de levantar un juicio político.
“No es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política pública por ser homosexual”, señaló el jefe de Estado, en referencia a comentarios de parlamentarios conservadores que vincularon la orientación sexual del ministro con sus planes de educación sexoafectiva en las escuelas chilenas.
Todos los partidos de oposición e incluso algunos independientes firmaron la acusación o expresaron su apoyo a la iniciativa, por lo que si se suman los demócrata cristianos u otros parlamentarios sin militancia, el juicio político podría alcanzar los suficientes apoyos (78 si el día de la votación están todos los diputados presentes) para aprobarse en la Cámara de Diputados y pasar al Senado, que tendrá la última palabra.
Se trata de la cuarta acusación constitucional que presenta la oposición en contra de un ministro del Gobierno de Gabriel Boric. Las tres anteriores no prosperaron. EFE
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