Madrid, 21 mar (EFE).- Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes han pedido que la nueva reforma del Reglamento de Extranjería, anunciada para el primer semestre del año, sirva para limitar de forma efectiva los periodos de irregularidad administrativa de las personas migrantes.
Es una de las propuestas presentadas por Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes en el marco de la consulta pública habilitada como paso previo a la modificación prevista.
Según anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el cambio en el Reglamento busca reducir las múltiples figuras de permisos existentes y, para ello, simplificará las autorizaciones de estancia, residencia y residencia y trabajo, así como los procedimientos administrativos y los requisitos para su tramitación.
Las entidades promotoras de las propuestas han señalado, en un comunicado conjunto divulgado este jueves, que la anterior reforma del Reglamento, que data de 2022, “pudo ser más ambiciosa” ya que dejó “cuestiones sin resolver y lagunas jurídicas”.
Deficiencias que se traducen en impedimentos para la regularización administrativa de “muchas personas que, aun contando con los requisitos establecidos, el sistema deja en la irregularidad”, han asegurado.
Por ello, piden aprovechar esta oportunidad para limitar de manera efectiva los periodos de irregularidad administrativa, ajustar los supuestos de arraigo a las circunstancias reales de los migrantes, eliminar barreras que dificultan la reagrupación familiar y mejorar el acceso de las autorizaciones de residencia y trabajo para las víctimas de violencia de género, entre otras cuestiones.
Las ONG demandan “una reforma legislativa profunda” que no se limite a simplificar procedimientos administrativos, sino que “amplíe el marco de protección y reconocimiento de derechos de las personas migrantes”.
El acceso a la justicia y a la denuncia segura para las personas en situación administrativa irregular, el acceso a las autorizaciones de residencia y trabajo de los menores no acompañados cuando alcanzan la mayoría de edad y la seguridad jurídica en los casos de devoluciones en fronteras deberían ser prioridades en esta reforma, de acuerdo a estas entidades. EFE
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