La última resolución del juez Javier Cosentino demuestra un último y dramático intento por procurar amortiguar los desastrosos efectos de una histórica, deleznable e inédita maniobra de defraudación del erario público, milimétricamente pergeñada por funcionarios públicos en connivencia con algunos individuos del sector privado.
La quiebra de la compañía implica liquidar el activo de la empresa y, con el producido, cancelar las obligaciones de la fallida con sus acreedores, estado al que se ha llegado como producto de un estado generalizado de cesación de pagos, ya de carácter permanente e irreversible.
Lamentablemente, esto también podría ocurrir con otras compañías del grupo, a las que se podrían extender los efectos de la quiebra.
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Según los diversos análisis que se han producido en la causa, se trataba de una compañía con un déficit estructural y cuya subsistencia dependía en su mayor medida de recursos que debían ser ingresados al fisco. Los flujos de fondos de la compañía y los salvatajes planificados preventivamente no han permitido garantizar la cancelación de las deudas reclamadas y, a su vez, mantener su mínimo funcionamiento.
Si bien el fallo decreta la quiebra de la empresa, también busca desesperadamente la continuidad de su actividad. Para ello, el juez ha permitido que en un plazo de 72 horas se presenten oferentes, que cumplan con ciertos requisitos, con una propuesta concreta de compra para hacerse de la compañía en su conjunto y así evitar un daño aún más profundo.
Debe aclararse que para llegarse a esta medida drástica y de último recurso se ha recorrido un largo camino y, en estos momentos, se está buscando balancear de forma equitativa dos intereses legítimos y muy sensibles: por un lado, la mantención de los puestos de trabajo y, por el otro, el legítimo derecho del acreedor, cursando a su favor una llave que permita potencialmente garantizar al menos parte del cobro de sus acreencias.
El fallo decreta la quiebra de Oil, pero también busca la continuidad de su actividad y la preservación de empleos
En este caso, el principal acreedor es el propio Fisco, que a través de la AFIP solicitó a la Justicia la quiebra de la compañía, un hecho casi sin precedentes, tal como lo fue la defraudación cometida por la empresa contra las arcas públicas. Debe remarcarse que desde el organismo recaudador se ha desarrollado una profesional y titánica tarea tendiente al cobro de la acreencia, debiendo afrontar numerosos escollos procesales que se han ido planteando a lo largo de diversas causas.
A tales fines se han afectado sus más valiosos recursos para procurar un ejemplar castigo a los culpables de esta situación, así como para intentar reducir el daño producido por este monumental desfalco. Esto ha constituido también una señal muy importante para la ciudadanía, apabullada por una presión fiscal récord y sedienta de gestos de justicia tributaria.
Es lamentable que se haya llegado a este punto sin retorno en el que, a partir de la comisión de una serie de graves delitos, se haya puesto en juego la integridad de cientos de puestos de trabajo, con la angustia que ello conlleva en las familias de los afectados. Por ello, bregamos porque este último intento del juez interviniente tenga éxito y como ciudadanos tomemos debida nota para que nunca más en el futuro permitamos que ocurran maniobras como la que actualmente se están ventilando en los tribunales.
(*) Los doctores Iván Sasovsky y Diego Fraga son tributaristas.
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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