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El que fuera el comandante del Batallón de la Popa entre 2004 y 2005, el coronel Juan Carlos Figueroa, lleva tres años por fuera del país, o por lo menos eso es lo que presumen las autoridades, luego de que el oficial saliera del país en 2019 hacia Francia, y desde entonces se desconozca su paradero, ya que no hay evidencia de su retorno al país.
En un informe de la emisora Caracol Radio se indica que el coronel Figueroa es señalado de estar implicado en 52 casos de falsos positivos cuando tenía a su cargo el batallón de Valledupar (Cesar) y de también tener presuntos nexos criminales con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para reportar a civiles como bajas a la guerrilla.
El oficial fue uno de los 15 militares a los que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó crímenes de lesa humanidad.
Y aunque desde la (JEP) lo han requerido en dos ocasiones para que comparezca y dé su versión voluntaria, en octubre y noviembre de 2019, el coronel no asistió a esas diligencias.
En la emisora recordaron que Figueroa, al no estar sometido a la JEP, era un compareciente al proceso de forma forzada y no debía contar con permisos para salir al exterior.
En el medio radial agregaron que en la Sala de Reconocimiento del ente de justicia transicional analizará el caso del oficial para que lo tengan en cuenta en otros casos, ya que su aporte de verdad es clave porque en la justicia ordinaria no se le vinculó a procesos penales por los ‘falsos positivos’.
JEP imputa a dos coroneles y 13 militares por ‘falsos positivos’ en el Batallón La Popa
Junto con el coronel Figueroa, otros oficiales y suboficiales fueron imputados en el proceso que se lleva por la muerte de más de 100 personas en Cesar.
La JEP determinó que entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, estas personas ejecutaron al menos 120 desapariciones forzadas y asesinaron a 126 personas en el Cesar. Esto viene después de la imputación a otros 10 militares y un civil que anunció la JEP hace unos días por el mismo crimen, pero en el Catatumbo (Norte de Santander).
En el caso de los coroneles (r) Mejía, quien ha sido candidato presidencial, y Figueroa, responderán por ser autores mediatos en el homicidio de persona protegida y desaparición forzada, lo que la JEP calificó desde el primer Auto de imputación como crímenes de guerra y lesa humanidad, basados en el Estatuto de Roma.
En este caso de la Popa, la Sala de Reconocimiento destacó que hubo alianzas entre el Ejército con grupos paramilitares además indicó que asesinaron a personas que fueron señaladas como auxiliares de la guerrilla y ‘bandidos’. En general, la JEP identificó que las personas seleccionadas estaban en situaciones de marginalidad tanto económicas o sociales, como se ha conocido en otras casos.
Según la JEP, Publio Hernán Mejía inició en 2002 una alianza con los paramilitares del Bloque Norte para asesinar inocentes y el 87 por ciento de los resultados en su comandancia fueron determinados como asesinatos y desapariciones. La Sala de Reconocimiento también reveló que en ese tiempo se usaron dineros y bienes públicos para presentar civiles muertos y también para pagar a los responsables de asesinar.
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