Nuevo revés en el juicio contra YPF en EEUU: cuál será la nueva estrategia de la Argentina

Es un tema que ocupa y preocupa al Gobierno de Cambiemos. Si bien en un contexto de dólar y Riesgo País récord y volatilidad de los mercados, es una cuestión que queda en segundo plano, la tensión por el juicio contra el Estado nacional e YPF que se cursa en los tribunales del sur de Manhattan, donde se dirime todo lo que pasa en Wall Street, es permanente. No es para menos: hay movimientos continuos en los juzgados, muchos intereses en juego, dudas y un reclamo económico que nació luego de que Cristina Kirchner estatizara la petrolera y que podría llegar a los USD 3.000 millones.

La semana pasada y de forma inesperada, la Cámara de Apelaciones de Nueva York le envió nuevamente el expediente del caso a la jueza Loretta Preska, magistrado de primera instancia que reemplazó al fallecido Thomas Griesa. Algo que los abogados argentinos interpretaron como una señal de que los tiempos judiciales se podían acelerarse mucho en contra del país. Presentaron dos medidas: una suerte revocatoria ante la Cámara para que revise su propia decisión, y a la vez un stay a Preska para que espere el fallo del tribunal de alzada.

Argentina ya está perdiendo dos a cero en este caso en los tribunales en EEUU (Maril)

Pero hoy la Cámara mantuvo su decisión y el juicio quedará en manos de Preska, que podría comenzar la instrucción, más allá de lo que diga la Corte Suprema de EEUU, que le pidió opinión al procurador de Donald Trump sobre si el caso tiene que tratarse en ese país o en Argentina, como afirman la empresa y el gobierno local.

Abogados y antecedentes

El equipo de abogados del Estado y la empresa están encabezados por Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro, y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, director de YPF, y hombre de línea directa con el presidente Mauricio Macri y especialista en cuestiones judiciales de Cambiemos. Además de importantes estudios que siguen el tema tanto en EEUU como en España. Justamente en este último país está enfocada la nueva estrategia: demostrar que toda la demanda es inválida.

“Después de años a la defensiva, pasamos al ataque. Ahora vamos a tratar de tomar la manija nosotros”, le dice a Infobae una fuente muy cercana a la causa. El hermetismo y el off de record son características de este caso que comenzó en 2012 con la renacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

El reclamo lo motoriza Burford Capital, una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y que se especializa en invertir en litigios. Alega un supuesto incumplimiento del Estado argentino al momento de la nacionalización de YPF, que se aprobó en el Congreso. Entonces, el país acordó con Repsol, el accionista mayoritario (51%), y le pagó más de USD 5.000 millones en bonos. El litigante dice que Argentina tendría que haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) y equiparar el ofrecimiento a los demás accionistas. Eso no pasó y a ese reclamo se subió Burford amparado en que YPF cotiza en Wall Street.

Burford, al que se lo suele comparar con un “fondo buitre” por su estrategia global de adquisición de activos en problemas, negoció en 2013 con la justicia española el derecho a litigar de dos empresas quebradas que también era minoritarios (Petersen Energía y Petersen Inversora, que ya no pertenecían al Grupo Petersen local en ese momento). Luego, Burford también se quedó con parte del juicio de Eton Park, otro accionista minoritario. Todas estas cuestiones se dirimen en una compleja trama judicial en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York e incluso en la Corte Suprema de EEUU.

El frente español

Mientras tanto, los abogados argentinos creen haber visto una pequeña luz de esperanza al otro lado de Atlántico, en España. A fines de febrero los representantes del Estado y la empresa presentaron en Madrid dos demandas similares contra Burford. Pretenden que se pruebe que el contrato de financiamiento que celebró con la justicia por las Petersen españolas es “una cesión de créditos”. O sea, que el fondo no financia a las compañías quebradas, sino que compró el juicio.

“Ellos dicen que están financiando y para nosotros están escondiendo el real negocio, que es que compraron el juicio”, aseguran fuentes de la causa.

¿Qué impacto tendría esto en el juicio en EEUU? “Enorme”, afirman cerca de YPF. Las carátulas de los expedientes contra el Estado son de las empresas quebradas, algo que sería correcto si Burford financia el juicio, pero no si lo compró. En ese caso la demanda tendría que hacerla directamente Burford y como eso no pasó, no existiría en EEUU –siempre según el argumento de los abogados argentinos– lo que se conoce como “legitimación activa”. Es decir que la demanda la habría iniciado alguien que no tiene derecho a hacerlo. Y el juicio podría caerse.

El Estado nacional no tiene dudas de que fue una venta, pero reconocen que probarlo en los tribunales españoles no será tan simple.

Después de años a la defensiva, pasamos al ataque. Ahora vamos a tratar de tomar la manija nosotros

La otra duda es por qué Burford, una de las empresas más importantes del mundo en este rubro, cometió esta “desprolijidad”. “Primero, porque por ley española ante una cesión de un crédito litigioso, el deudor, que es Argentina en este caso, puede igualar la oferta. Si se vendió en 10 millones, por ejemplo, la Argentina puede poner lo mismo y cerrar el caso. Además, Nueva York tiene la champerty law, que impide estas ventas sólo para litigar y trata de desincentivar la especulación. Burford vio esos riesgos y por eso usaron este argumento”, detalla otra fuente cercana a la trama judicial en off the record.

En España, YPF contrató a dos estudios prestigiosos que trabajan en conjunto, Fernando Bautista y Baker Mckenzie, de José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid.

La corte de EEUU y la opinión de Trump

“Argentina ya está perdiendo dos a cero en este caso en los tribunales en EEUU”, detalla en términos futbolísticos Sebastián Maril, de Fingurú. Se refiere a dos fallos adversos, uno de la jueza Preska y otro de la Cámara de Apelaciones.

En ese contexto, los abogados del Estado interpusieron un recurso ante la Corte Suprema de ese país: argumentan que como país soberano, Argentina puede expropiar una empresa, algo que las leyes de ese país contemplan. Pero se reservan el derecho de intervenir si hay cuestiones comerciales en el medio. Y la venta de acciones o perjuicios a accionistas de empresa que cotizan en Wall Street son temas comerciales.

“Pasó ya con los bonos en manos de los holdouts, y perdimos. La Corte le pidió al Gobierno de EEUU que opine sobre el caso. Ya pasó antes: el gobierno de ese país opinó a favor de Argentina, pero la Corte igual siempre terminó fallando en contra. Ahora esperamos que el solicitor general (o procurador) de Trump opine y luego el Tribunal máximo decidirá si acepta tomar el caso. Si lo toma, se resolverá el año que viene. Si no lo toma, vuelve el juicio al estrado de Preska, donde ya perdimos. Como sea, habrá apelaciones y será para largo. Falta mucho”, describió Maril.

Ahora esperamos que el solicitor general (o procurador) de Trump opine y luego el Tribunal máximo decidirá si acepta tomar el caso. Si lo toma, se resolverá el año que viene. Si no lo toma, vuelve el juicio al estrado de Preska, donde ya perdimos. Como sea, habrá apelaciones y será para largo. Falta mucho (Maril)

Maril cree que Burford tiene unos USD 1.600 millones en juego ya que vendió buena parte del juicio a terceros con ganancias de más de 100%. “Hay mucho interés en Wall Street en comprar beneficios de este juicio. Es una mala señal: el mercado cree que Argentina va a perder”, aseguró el analista. Ahora, con la decisión de hoy, Preska podría ordenar que comience la instrucción. 

Parece parte del guión de series como Billions y Suits, pero no es ficción. Las perspectivas no parecen las mejores para el país y las consecuencias económicas pueden tener un gran impacto local.

Seguí leyendo:

Martín Redrado: “Hay un riesgo Cristina, pero también hay un riesgo Macri centrado en la inflación”

FUENTE: INFOBAE NOTICIAS