Nueve reos secuestraron a personal del INPE y una abogada en penal de Piura

Un grupo de internos del penal ex Río Seco de Piura secuestró este martes por la mañana a un recluso, un agente de seguridad penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y una abogada, la primera rehén en quedar en libertad, según Canal N.

El medio difundió un clip grabado por un recluso de nacionalidad extranjera, que protagonizó la medida de protesta al solicitar su traslado a otro establecimiento. “Nosotros no nos vamos a mover de acá. Esto es para que lo tengas y lo mandes a la prensa”, se le escucha decir.

A través de un comunicado, el INPE precisó que se trata de “un grupo de internos del área de meditación que se encuentra que se encuentra en calidad de aislamiento voluntario por medidas de seguridad”. La retención produjo que se cancelaran las visitas y entrega de alimentos y medicinas.

Una fila de familiares esperaba en los exteriores, impedidos de paso al recinto carcelario. La Fiscal Adjunta Provincial, María Lazo Alburqueque, y personal del Grupo de Operaciones Especiales del INPE llegaron hasta el establecimiento para escuchar las demandas en busca de una negociación.

Pasadas las 16:00 horas, la Defensoría del Pueblo confirmó que los rehenes fueron liberados en coordinación con Fiscalía y la Policía Nacional (PNP). De igual modo, solicitó a la institución penitenciaria a iniciar una investigación para “establecer motivos del motín y tomar medidas correctivas”.

Los reclusos, algunos de nacionalidad extranjera, exigían ser reubicados de una zona de castigo, denominada ‘El hueco’, donde permanecen desde hace cinco meses, según sus familiares.

Los nueve internos fueron identificados como Raúl Vera, Delver Gómez, Sadith Córdova, Maximiliano Pereza, Ricardo Taboada, Hugo Reguera, Wilferson Castillo, Jeremy Aguilar y Yovanny Samame. Los implicados fueron reducidos “sin violencia”, unas seis horas después, y la autoridad penitenciaria dispuso iniciar un procedimiento sancionador en su contra.

En su pronunciamiento, el INPE expuso su “preocupación” sobre las imágenes propaladas en medios y redes luego de que una fiscal autorizara entregar un celular a uno de los internos para que grabara “una situación de crisis, lo que implica divulgar la ejecución del presunto delito de secuestro agravado y extorsión”.

“El INPE ha instruido a su procuraduría a fin de denunciar a los involucrados” por ambos delitos y “será inflexible ante cualquier acto de indisciplina que vulnere la seguridad de los penales y exhorta a la población penitenciaria a mantener una convivencia pacífica”, finaliza el texto.

La revuelta ocurre dos meses después de un mega operativo que acabó con la detención del director del mismo penal y 23 funcionarios por formar parte de presunta red criminal dedicada al ingreso de celulares, drogas y cobro de cupos en el interior del establecimiento.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Antidrogas de Piura, inició tras el hallazgo de 27 celulares y sustancias ilícitas dentro del casillero de un servidor penitenciario.

Ubicado en el caserío Río Seco de Castilla (Piura), el establecimiento fue construido para 600 internos, pero hasta fines de 2019 albergaba al menos 1,400. Al año siguiente, los internos reclamaron adecuada atención médica para evitar el contagio del coronavirus, una situación advertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se replicó en otros siete penales del país.

Según la CIDH, los hechos de violencia habrían resultado en que 16 personas privadas de libertad perdieran la vida. De ellas, 8 habrían fallecido a consecuencia del uso de arma de fuego por parte de agentes estatales. Asimismo, los motines habrían dejado a más de un centenar de personas heridas; en particular, al menos a 45 personas detenidas, 60 trabajadores carcelarios y cinco policías.