
Impunidad. Cuando el Poder Judicial condenó a 28 años y 3 meses de cárcel a los madereros Hugo Soria Flores, Euricio Mapes Gomez, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Felix por el homicidio de cuatro líderes asháninkas de la comunidad de Saweto, en Ucayali, la familia de estos últimos creyó que por fin se había hecho justicia para las víctimas.
Sin embargo, solo medio año después, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ha declarado la nulidad de la sentencia contra tres de los cinco implicados -que había sido impuesta por el Juzgado Unipersonal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali en febrero de este año- y el pago de 200 mil soles por concepto de reparación civil a los deudos.

Tras la Audiencia de Apelación de Sentencia, realizada este 29 de agosto, se dispone que la realización de un nuevo juicio oral por los asesinatos de los defensores indígenas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo. Es decir, el largo camino de revictimización para los deudos y los procesos judiciales que iniciaron en el 2014 se reinicia. Un proceso doloroso que tendrán que volver a vivir.
Pese a la alevosía con las que las muertes fueron ejecutadas, los jueces Hermógenes Lima Chayña, Federik Rivera Berrospi y Jonatan Basagoitia Lima dispusieron la nulidad del fallo condenatorio logrado en primera instancia.
“Nuestro padre que murió luchando por nuestros bosques, por nuestro futuro y ahora no podemos estar tranquilos, no podemos volver a la comunidad porque los madereros nos tienen amenazados. No nos vamos a quedar tranquilas con esta nulidad del juez, vamos a seguir luchando porque no se van a reír de nuestros muertos”, lamentó Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo Ramírez.
Con la decisión de esta Sala se tiene que reiniciar el juicio oral, según consigna la resolución judicial.
“Ordenaron la realización de un nuevo juicio oral por otro colegiado penal, a la brevedad posible”, se lee en el documento.
Desde sus redes sociales, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) expresó su rechazo al fallo y señaló que “con esta decisión, las familias y la comunidad de los cuatro líderes indígenas, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintismina y Francisco Pinedo, siguen sin conseguir justicia”.
Nueve años desde sus muertes
En setiembre del 2014 Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, dirigentes de la comunidad de Saweto, fueron asesinados en la frontera de Perú y Brasil, a muy poca distancia del territorio de su comunidad. La alevosía se notaba en las cuchilladas y balazos de escopeta de los cuerpos hallados en una quebrada sobre el río Tamaya.
Varios días después de su desaparición, la policía halló sus restos incinerados. Luego, el peritaje detalló que se trataba de un fémur, una tibia, partes del pie. Los asesinos querían vengarse, pues desde el 2008, los dirigentes, principalmente Chota, había denunciado en reiteradas ocasiones que una mafia de traficantes de madera operaba en la frontera de Perú y Brasil, dentro del territorio.

Lamentablemente, estas muertes pudieron ser evitadas, pues antes de su asesinato, Edwin Chota presentó al menos tres denuncias (entre 2008 y 2014) y varias cartas ante la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Gobierno Regional de Ucayali donde detallaba las actividades que realizaban los taladores en Saweto. Asimismo, informó sobre las amenazas que padecían los integrantes de su comunidad e incluyó las coordenadas de los sectores donde se extraía la madera de manera ilegal e identificó con nombres completos a quienes realizaban hostigamiento y la devastación. Fue ignorado.
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