Luego de que el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó volviera exitosamente de una gira por Sudamérica al país caribeño, evitando la detención del régimen de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional que lidera se reagrupó para dar los próximos pasos en su esfuerzo para terminar con la dictadura imperante y lograr una transición democrática.
Con respecto al futuro inmediato, Guaidó convocó a otra marcha para el 9 de marzo. Y luego de reunirse con sindicatos de empleados públicos el martes, anunció un paro escalonado en la administración pública. Además de asegurar que la huelga fue propuesta “definitivamente por los sindicatos”, adelantó que la Asamblea Nacional trabaja en una “ley de garantías” para los empleados públicos, una norma similar a la ley de Amnistía para los militares.
En paralelo, y con la mirada puesta en el largo plazo, funcionarios venezolanos se encuentran negociando con países y organismos multilaterales que apoyan a Guaidó y la Asamblea Nacional los pasos que se darán en el plano económico en el caso de que se logre el objetivo de lograr que un gobierno de transición llame a elecciones democráticas en Venezuela.
Así lo confirmó a Infobae el Ministro Consejero de la embajada venezolana en Estados Unidos reconocida por la Casa Blanca, Gustavo Marcano. En diálogo con este medio, Marcano, ex Alcalde del municipio de Lechería durante dos términos y miembro de la Asamblea Nacional entre 2010 y 2013, explicó que estas conversaciones se dan en el marco del denominado “Plan País”, cuyo estatuto establece los lineamientos para la transición democrática en los planos político, económico y social.
“En las próximas semanas vamos a tener anuncios importantes de los voceros especializados en el área del Plan País’, que van a estar dando a conocer cuál es el avance en cuanto al conversaciones con gobiernos democráticos del mundo y organismos multilaterale” dijo Marcano, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos desde el año 2017, luego de desconocer una decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano – declarado ilegítimo por la Asamblea Nacional – el cual decidió destituirlo de su cargo y condenarlo a 15 meses de prisión por negarse a reprimir protestas en el distrito que lideraba.
La afirmación llega poco después de un artículo del diario inglés The Financial Times, el cual reportó que el gobierno de Estados Unidos se encuentra discutiendo sobre eventual ayuda financiera de emergencia para Venezuela, así como un potencial paquete del Fondo Monetario Internacional (FMI), supeditado a la caída de Maduro.
Consultado al respecto, Marcano indicó que “se van a se va a recurrir a todos los organismos multilaterales que tengan la intención de apoyar la reconstrucción del país”.
A este respecto, el artículo 28 del mencionado estatuto establece que “El Gobierno provisional de unidad nacional tramitará la cooperación financiera internacional de organismos multilaterales y países del mundo libre a los fines de iniciar el proceso de transición económica y de proseguir la reversión de la emergencia humanitaria”.
Pero a su vez, Marcano destacó el calibre de los acuerdos llegados con los distintos actores “políticos, sociales y gremiales del país”. “Hemos discutido durante más de un año y medio acerca del plan para reconstruir el país y se lograron acuerdos como nunca antes quizás,” aseguró.
Y continuó: “Este plan tiene acuerdos muy claros en diferentes áreas para la reconstrucción del país. Hablamos del tema macroeconómico, de servicios públicos, petróleo. Hay acciones claras en cuanto a lo que hay que hacer una vez empecemos el proceso de transición formal en Venezuela.”
Marcano explicó que dichos funcionarios especializados están trabajando en la presentación y difusión del plan ante organismos multilaterales y gobiernos del mundo para la búsqueda de apoyo en función de la ejecución del mismo, una vez logrado el proceso de transición.
En paralelo, los funcionarios venezolanos continúan con las iniciativas en los planos legales y diplomáticos. La última declaración del Grupo de Lima, emitida luego que el régimen de Maduro impidiera el ingreso de ayuda humanitaria al país, por un lado instaba a las Naciones Unidas (ONU) a que designe un experto independiente investigar la situación en Venezuela, y por otro pedía a la Corte Penal Internacional (CPI) que considerara los hechos en el marco de la denuncia ante el organismo presentada por Argentina y otros cinco países.
En concordancia con estas expresiones, Marcano aseguró que el gobierno de Guaidó continúa con estas exigencias. Además, destacó que el último viernes “hubo un encuentro muy importante en la OEA, donde se abrieron audiencias para estudiar los distintos casos de corrupción y como estos han generado la emergencia humanitaria de la que hoy es víctima nuestro pueblo.” “Esto tiene como intención seguir fortaleciendo lo que fue el primer informe ante la CPI por la comisión de delitos de lesa humanidad por parte del régimen”, explicó.
Y continuó: “Estamos trabajando permanentemente en ese área y aspiramos a que la ONU tenga realmente una participación activa, como la ha tenido la OEA, que desde el año pasado ha estado sustanciado un informe con la participación de expertos en derechos humanos, que ya fue presentado en su primera parte ante la fiscalía de la CPI. Esta parte vincula a la corrupción con la emergencia humanitaria”.
Finalmente, respecto de la emergencia humanitaria, el Ministro Consejero aseguró que los alimentos y medicamentos que pudieron ser ingresados a Venezuela fueron entregados a distintas ONGs que “operativizan su entrega y distribución”, dado que la Asamblea Nacional funciona como ente articulador y organizador.
“Pudo llegar y estamos trabajando para que la otra parte que todavía está en la frontera también pueda empezar a ser distribuida en los próximos días. Es un compromiso asumido por Guaidó y se está trabajando en un plan para que no suceda lo que sucedió (el 23 de febrero), cuando se atacaron a los camiones”, cerró Marcano.
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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