Niegan libertad al exsenador Mario Castaño y le abren investigación por presunto enriquecimiento ilícito

Mario Castaño pretendió tener beneficios judiciales por su situación de salud, pero la Corte Suprema de Justicia le negó una solicitud de libertad. Además, anunció la apertura de una investigación en su contra porque, al parecer, se habría enriquecido de manera ilícita durante el tiempo que fue representante a la Cámara.

Castaño se acogió a sentencia anticipada al aceptar los cargos por haber dirigido la red de corrupción conocida como “Las Marionetas”, con las que habría recibido varias coimas por direccionar contratos de obras en varios departamentos del país. Se encuentra recluido por ese proceso en la cárcel La Picota desde noviembre de 2022, pero sufrió un infarto que lo llevó a estar internado en la Clínica Colombia.

A raíz del “estado grave por enfermedad” que presentaría, la defensa solicitó por segunda vez que se le levantara la medida preventiva de aseguramiento que tiene en su contra. La Sala Especial de Primera Instancia negó ese recurso y ordenó al Inpec y a la Uspec que le brinden toda la atención médica en su centro de reclusión.

La Sala consideró que Mario Castaño no está en un estado grave de enfermedad por las condiciones de salud que padece y sus problemas cardíacos, con base en el examen médico que realizó el Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, la defensa presentó otro concepto de un profesional de la salud privado, que señaló que sí debería tener una reclusión especial.

“Tampoco existe evidencia respecto a que el estado de salud del procesado Castaño Pérez no sea el propio de quien padece enfermedades crónicas, una de ellas la diabetes, padecimientos que, en su caso, no requieren de tratamiento intrahospitalario ni de urgencia, como el informe oficial lo establece, siendo “controlables por el seguimiento médico y órdenes descritas por los tratantes…”, de manera que la Sala acogerá el concepto brindado por los médicos oficiales”, señaló la sala en su decisión.

La defensa de Castaño, sin embargo, no aceptó la decisión de la Sala de Primera Instancia y presentó una impugnación. Será entonces la Sala de Casación Penal la que defina si la situación de salud del exsenador deberá permitirle reclusión domiciliaria o no.

Adicionalmente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir una investigación formal en contra de Castaño Pérez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Esto porque durante el tiempo que fue representante a la Cámara en periodo de 2014-2018 presuntamente habría incrementado su patrimonio de manera injustificada.

Este es un nuevo delito de enriquecimiento ilícito, contrario a los 19 que aceptó el exsenador al acogerse a sentencia anticipada desde septiembre de 2022, cuando reconoció haber cometido concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.

Los hechos se habrían cometido, tanto cuando fue representante a la Cámara de 2014 a 2018, como en su investidura de senador de 2018 a 2022. En ese tiempo dirigió una organización criminal que involucró a funcionarios públicos y particulares, que buscaron viabilizar recursos para proyectos del Gobierno central a entidades territoriales y quedarse con una parte.

Así habría intervenido en la construcción de al menos dos centros Sacúdete, canchas sintéticas, obras de gestión del riesgo, escuelas, entre otros contratos moviendo sus fichas para que fueran adjudicados a personas y consorcios que le entregarían una parte de los recursos destinados a la contratación.

Nova Lorena Cañón, quien era su asesora en el Congreso, se acogió también a colaborar con la Fiscalía. Ella asegura que Castaño exigía un 10% de los contratos como el soborno para mover sus influencias y direccionar los contratos para que, una vez girados los recursos públicos, le reconocieran la coima pactada.