Durante su intervención en el seminario del Ministerio del Interior, La consulta previa en el marco de la Paz Total, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló de la política de drogas del Gobierno de Gustavo Petro, destacando que es la primera vez que esta se construye luego de un proceso de deliberación y diálogo con las comunidades, en el que participaron más de 2.700 líderes y lideresas, así como 274 organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, de mujeres y jóvenes.
El ministro Osuna también advirtió el fracaso que ha significado la guerra contra las drogas, que en los últimos 50 años “lo que ha dejado esa cadena es dolor, muertes, sacrificios y montones de dinero desperdiciados. La evidencia indica que hay que cambiar para no obtener los mismos resultados”.
“Tenemos la imperiosa necesidad de diseñar una política a la colombiana, que parta de nuestra experiencia, nuestras necesidades, nuestros anhelos y las lecciones que hemos aprendido en 50 años de guerra contra las drogas”
Sobre esto último, el ministro Osuna dijo que este nuevo enfoque para combatir las drogas “implica universidades, acueductos, carreteras, proyectos productivos y economías florecientes en otras actividades”, y enfatizó que para su puesta en marcha se necesita de “todo el Estado comprometido con la idea de transformación territorial”.
Ejes y estrategias de la nueva política
En cuanto a los ejes que sustentan la política, el ministro Osuna explicó que son cuatro y ponderó el primero, que dijo requerirá del apoyo de muchas entidades del Estado: “Es el que más recursos, esfuerzo institucional y esfuerzo social implicará. Lo hemos llamado transformación territorial hacia economías lícitas”.
Sobre los otros ejes, el ministro Osuna se detuvo en dos: la conservación ambiental y el cuidado integral de la salud pública. Este último incluye la disminución de riesgos y vulnerabilidades y se refiere específicamente a las personas que tienen un consumo problemático, al cual se le quiere dar un enfoque de salud pública.
“Frente al consumo problemático, queremos aplicar estrategias de salud pública para que a esa persona no le llegue la cárcel, sino más bien el médico, el auxilio psicológico, el trabajador social, el terapeuta ocupacional. Para eso, ciertamente, estamos pensando en el suministro controlado de drogas, como se hizo en Bogotá en la época del Alcalde Gustavo Petro y como se hace en muchísimos países del mundo con gran éxito”
También explicó que el presidente Gustavo Petro ha planteado cuatro estrategias que buscan sustentar el primer eje. Las dos primeras son: la sustitución de terrenos para que aquellas personas, familias o grupos que prefieran desplazarse a un territorio que esté dentro de la frontera agrícola para desarrollar un proyecto productivo, puedan hacerlo; y la titulación de nuevas propiedades, en otros territorios, para usos de economía lícita, mucho más productivos y ecológicamente sostenibles.
La tercera estrategia tiene que ver con los usos lícitos de la hoja de coca o de otras plantas que se estén cultivando, sobre esto el ministro Osuna dijo: “Dentro de esos usos, por supuesto que el primero es el uso ancestral, el cultivo por parte de pueblos indígenas o grupos étnicos, atendiendo la tradición y la costumbre cultural”, y añadió que también se puede pensar en la producción de fertilizantes, textiles, alimentos, cosméticos y medicamentos.
Sobre la cuarta estrategia, el ministro señaló que consiste en que las personas reciban un subsidio para permitir que las zonas selváticas en general recuperen su frontera natural.
Fiscal Barbosa se opuso a la política de drogas del gobierno Petro
El 17 de julio, en una carta, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que se opondrá a la política de drogas que presentó el Gobierno nacional al Consejo Nacional de Política Criminal.
“Hoy manifestaremos en el Consejo Nacional de Política Criminal nuestro voto de desaprobación, por primera vez en 30 años, de la Fiscalía General de la Nación contra la política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que deben tener en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”
Hay que advertir que, pese a que el fiscal Barbosa anunció su “voto de desaprobación”, la política de drogas no se vota en el Consejo Nacional de Política Criminal.
En otro apartado de la carta calificó como “loables” la intenciones de la política de drogas para proteger a la población vulnerable, pequeños cultivadores y consumidores. Pero cuestionó que se haga una amplia exposición de lo que no debe contener la política, mientras “no desarrolla cuáles sí deben ser las acciones reales del Estado en contra del narcotráfico y el crimen trasnacional, que tanto afecta al país”.
“Se desaprueba la política propuesta, en tanto el documento corresponde a un plan social y ambiental, pero que dista de ser una política nacional que establezca lineamientos, estrategias y acciones claras que evidencien el compromiso del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que se lucran de ese fenómeno criminal y afectan la seguridad en los territorios”
Senado de Estados Unidos aprobó más de 480 millones de dólares para Colombia, con condiciones
El 20 de julio, el Comité de Apropiaciones del Senado de los Estados Unidos aprobó 487 millones de dólares para Colombia. Ahora este deberá pasar a la plenaria del Congreso estadounidense para aprobarse definitivamente la ayuda para el año fiscal 2024, que comienza en octubre de 2023.
“De los fondos asignados por esta Ley bajo los títulos III y IV, 487,375,000 millones de dólares deben estar disponibles para asistencia a Colombia”, citan el proyecto aprobado por el Senado de Estados Unidos en El Tiempo
Entre las condiciones que impuso el Senado de Estados Unidos para aprobar la millonaria ayuda, está que el 20% de estos recursos deberá destinarse para la lucha contra el narcotráfico y que solo podrán desembolsarse estos recursos “cuando el Secretario de Estado certifique que el Gobierno de Colombia está implementando una estrategia eficaz de todo el gobierno para reducir de manera sustancial y sostenible los niveles de cultivo de coca y producción de cocaína en Colombia, incluidos programas y actividades que apoyan la erradicación de cultivos ilícitos, el desarrollo alternativo, la interdicción de drogas, el desmantelamiento del tráfico de drogas y la red de lavado de dinero”.
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