Ministro del Interior espera que Congreso apruebe crear Policía de Orden: “Contaremos con 6000 nuevos efectivos”

El ministro del Interior, Vicente Romero, informó este lunes que el Legislativo ya recibió el proyecto de ley para incorporar una nueva categoría en la estructura de la Policía Nacional (PNP), una iniciativa que aguarda luz verde, pese a que causó polémica desde que fue expuesta el mes pasado ante una comisión parlamentaria.

“Presentamos al Congreso el proyecto que incorpora la nueva categoría Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana. De aprobarse, contaremos con 6000 nuevos efectivos de la PNP en un año”, estimó Romero durante el IV informe de avance de gestión presentado por la presidenta Dina Boluarte y su Gabinete Ministerial.

El ministro ya había anticipado a inicios de agosto que el proyecto para la creación de esta categoría responde a una demanda ciudadana y de las autoridades locales debido a la “crisis migratoria, con una delincuencia común responsable del 70 % de los delitos patrimoniales, crimen organizado con violencia diferente, una alta conflictividad social y la alteración del orden en las fronteras”.

Ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso, detalló que existen cerca de 54.000 efectivos policiales dedicados solamente a la seguridad ciudadana, de modo que si esta cifra se divide en dos turnos, prácticamente trabajarían 27.000 agentes a nivel nacional. “Faltan policías en las calles”, remarcó antes de señalar que la “propuesta técnica consensuada” fue evaluada en la institución desde el 2018.

Los efectivos de Orden y Seguridad prevén lidiar contra la delincuencia a través de patrullaje vehicular y a pie. Al concluir la primera fase de su servicio podrán acceder a una carrera policial, ya sea como oficiales y suboficiales, si cumplen los requisitos establecidos.

Mientras su incorporación se debate en el Parlamento, Romero remarcó que 630 efectivos “de apoyo” han sido designados a las regiones de La Libertad y Lambayeque, así como el Emporio Comercial de Gamarra, donde esta semana comerciantes y empresarios denunciaron incremento de la delincuencia.

“Estamos reforzando el patrullaje integrado de la PNP con el Serenazgo. Para ello hemos suspendido los gastos por este tipo de patrullaje a los gobiernos locales y así contar con mayor apoyo policial”, señaló semanas después de que el Gobierno impulsara un ‘plan Boluarte’ contra la inseguridad.

De igual modo, enumeró que se han ejecutado 300 operativos, se han suscrito seis convenios con gobiernos regionales y locales, y se han desarticulado dos mil bandas criminales en el último bimestre. “Además, próximamente, 200 efectivos de la PNP en situación de retiro altamente capacitados reforzarán la Dirincri [Dirección de Investigación Criminal] para combatir las extorsiones”, matizó.

A fines de agosto, el presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema, Javier Arévalo, y el primer ministro, Alberto Otárola, plantearon la posibilidad de aplicar en Perú medidas como las adoptadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para combatir la criminalidad.

Posteriormente, Boluarte descartó de plano la propuesta y el premier reconsideró su versión. “Aquí no va a haber un plan Bukele, aquí habrá un plan Boluarte”, dijo al presentar una petición de facultades legislativas especiales en la Comisión de Constitución.

Durante su exposición, detalló que esta estrategia se centrará en la prevención, la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como el fortalecimiento de la Policía Nacional como institución que dirige la política de seguridad.

“Hemos visto cómo ha crecido la delincuencia y se ha instaurado la cultura del miedo. Esto requiere una respuesta rápida”, dijo Otárola al defender el pedido legislativo al Congreso, que incluyen decenas de leyes propuestas por el Ejecutivo.

En orden de mejorar la seguridad ciudadana, también solicitó que se apoye la propuesta para habilitar una gran central de operaciones de emergencia, que conectará a la Policía con las municipalidades y la de implementar mayores controles al servicio de transporte público, aplicativos con la supervisión de los antecedentes penales, licencias de conducción vigentes y calificación de los conductores.