Ministra Corcho se habría negado a reunirse con las asociaciones de usuarios de las EPS

Después de varios meses de rumores e incertidumbre frente al futuro de las EPS, la reforma a la salud –que sería la más discutida en la historia de Colombia, según la ministra Carolina Corcho– será radicada ante el Congreso de la República el lunes 13 de febrero, por el presidente Gustavo Petro y la jefe de la cartera que, en las últimas semanas, redactó el documento junto al Ministerio de Hacienda y delegados de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“En el sector salud hay más de 800 organizaciones, 1.500 gremios de todo orden dentro de lo sindical, lo médico, la enfermería, la bacteriología y las asociaciones de pacientes de cada región”, de acuerdo con la ministra, con los cuales habría intentado reunirse a lo largo de las primeras 6 semanas del 2023. Sin embargo, siguen siendo frecuentes las quejas de actores relacionados con sector salud que se quedaron por fuera del debate de la reforma.

Este es el caso de las asociaciones de usuarios de las EPS. Su directora, Gloria Quiceno, se mostró preocupada en una entrevista para Blu Radio, en la que advirtió que los representantes de los más de 34,3 millones de afiliados a las 30 EPS que actualmente funcionan en el país no fueron invitados a sumarse a la conversación sobre los puntos que incluirá el texto de la reforma a la salud:

“Queremos manifestarle al país que la ministra se negó a escucharnos. Seguimos esperando que nos escuche, es una obligación escucharnos. Nosotros somos las asociaciones de usuarios de todas las EPS, conocemos el sistema, sus fallas, sus virtudes y problemas en el país”.

En un principio, la reforma contemplaba la eliminación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), para instaurar –en su lugar– la cadena de atención que inicia por los Centros de Atención Primaria (CAP). Y, de esta manera, eliminar su rol como intermediarias financieras.

Sin embargo, tras los últimos ajustes efectuados en el documento, el presidente y la ministra de Salud, dieron a conocer que esta decisión se revertiría para dar cavidad a las EPS en el nuevo sistema de salud, siempre y cuando se comprometan a transformarse en entidades que, aunque no serán el eje institucional, apoyarán a “los Centro de Atención Primaria, que pueden ser públicos o privados. Es decir, la EPS puede, si quiere sobrevivir hoy en el nuevo sistema que proponemos, comenzar su supervivencia con Centros de Atención Primaria (CAP)”, expuso el jefe de Estado, en la Asamblea Nacional de Departamentos, en la que presentó el proyecto a gobernadores.

Si bien las asociaciones de usuarios celebran la reunión entre el presidente y los representantes de las EPS e IPS, el 9 de febrero, en la que se acordó que no serán eliminadas con la reforma, tal y como indicó el ministro del Interior, Alfonso Prada: “El proyecto bajo ninguna circunstancia eliminará las EPS y tampoco les pone un término de subsistencia. (Buscaremos que) se acondicionen y puedan convivir dentro del nuevo sistema de prevención y atención primaria y tener todas las posibilidades de tener sus objetos sociales”, también reclaman no haber participado, hasta el momento, de la discusión en torno al documento y sus puntos clave, que serán debatidos en varias sesiones en la Cámara y en el Senado, en los próximos días:

“Esperamos que el Congreso de la República abra sus puertas para que nos escuche, específicamente a las asociaciones. No en una audiencia en donde hablen tantas personas, sino en una con todas las asociaciones y que podamos expresar nuestras dudas y temores y que el país conozca lo que pensamos, ya que la ministra se negó a hacerlo”.