Es difícil pensar en la Justicia actual sin reflexionar sobre la figura de Carlos Menem. El ex presidente fue el creador de los tribunales de Comodoro Py, cuyas escalinatas tuvo que subir cuando se alejó del poder. Desde ese edificio de Retiro salió su orden de detención apenas un año y medio después de haber abandonado la Casa Rosada. Preso en la casa quinta de su amigo Armando Gostanián, el ex jefe de Estado fue liberado poco después por orden de lo que se dio en llamar la Corte menemista. Sus causas, sin embargo, no terminaron allí. Lo esperarían distintos juicios. Murió sin ninguna condena firme.
La muerte lo encontró con una sentencia a cuatro años y medio de prisión en su contra por la causa de los sobresueldos que no estaba firme porque la Corte Suprema de Justicia debía revisarla. El veredicto del Tribunal Oral Federal 4 había llegado a fines de 2015, cuando Menem ya era senador. Sin embargo, el fallo no incluyó un pedido de desafuero. Apelación mediante, la Sala III de Casación confirmó la condena pero le concedió a la defensa el recurso de apelación ante el máximo tribunal.
En la misma semana en que esa sentencia fue confirmada, en octubre de 2018, la Sala III de Casación revirtió la condena a siete años de prisión en su contra por el caso del contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Dijo que el paso del tiempo obligaba a dar por cerrada la causa. Es que la denuncia había nacido en 1995 y el juicio se hizo entre 2008 y 2011 y fue absuelto, pero en Casación lo condenaron. Cuando el caso llegó a la Corte Suprema -en tiempos en que Menem se postulaba en reelección como senador, en 2017-, el máximo tribunal ordenó que otra sala de Casación diera un “doble conforme”. Fue entonces cuando la Sala III habló de los tiempos del proceso y dictó absoluciones. La fiscalía de Casación apeló a la Corte Suprema, que debía definir la suerte de Menem.
No fueron los únicos banquillos que enfrentó el ex presidente: una cuenta en Suiza que investigó el entonces juez Norberto Oyarbide; la imputación por la venta del predio de la Rural a precio vil que llegó a juicio oral 27 años después del hecho; y la absolución por la llamada “pista siria” en el atentado a la AMIA, acusación que le hizo el fallecido fiscal Alberto Nisman y que hasta último momento impugnaron los familiares agrupados en “Memoria Activa”. La fiscalía había pedido la condena del ex jefe de Estado. Casación aún no revisó este fallo.
Con otras causas abiertas en los tribunales de Retiro en donde nunca fue llamado a indagatoria (como una acusación por enriquecimiento ilícito y la llamada causa ‘Siemens’), a Menem lo esperaba a fines de febrero un nuevo juicio, pero en Córdoba. Era la acusación por las siete muertes en la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, que -según la fiscalía- fue un armado para “tapar” el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. La defensa había pedido postergar el inicio del debate, precisamente, por el delicado estado de salud del senador, que hoy falleció.
Menem se convirtió en senador en 2005. Con Menem se puso en juego lo que se dio en llamar la “doctrina Pichetto”: el Senado no iba a habilitar pedidos de desafuero para detención sobre senadores que no tuvieran condenas firmes. Esa interpretación terminó favoreciendo a la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner en los tiempos de macrismo, cuando el entonces juez Claudio Bonadio solicitaba su detención.
Aunque nunca habló del “lawfare”, al ex jefe de Estado lo “angustiaba” cómo lo había tratado la justicia que él mismo había ayudado a diseñar, según contaron a Infobae sus allegados. Es que fue uno de los presidente que más jueces y fiscales nombró por la cantidad de cargos creados durante su gestión, cuando aún no existía el Consejo de la Magistratura -un organismo pensado en el llamado Pacto de Olivos entre Menem y Raúl Alfonsín-.
“A diferencia de a Cristina, a Menem todo el mundo lo quería”, dijo hace unos años a Infobae una funcionaria judicial que trabaja hace 30 años en Comodoro Py. Aún así, el ex presidente tuvo que caminar los pasillos del edificio de Retiro, que él mismo convirtió en la sede de la justicia federal porteña, cientos de veces desde que abandonó la Casa Rosada en 1999. Nunca dejó, sin embargo, de ser un político. De las indagatorias salía saludando a los que estaban en los pasillos. “Si querés ser político, no podés tener rencores”, le decía a uno de sus asesores legales.
A los jueces, muchos de los cuales él mismo nombró, los encontró en condición de acusados en la sede de Retiro. “Algunos lo trataron con mucho respeto. Otros, en cambio, no. Uno ni siquiera tuvo la valentía de presentarse en la indagatoria para tomarle la declaración. Fue una humillación para él”, contaron a este medio esas fuentes. “Digamos que lo trataron como los tiempos políticos lo indicaban”.
“Lo imputaban de cosas en donde no había tenido nada que ver. En la Rural lo acusaron por haber firmado un decreto y por haber llamado por el nombre de pila a uno de los directivos de la Sociedad Rural. Cualquiera que conocía a Carlos sabía cómo era su trato con la gente… En la causa Armas, también lo acusaron por la firma de decretos. Es más, qué casualidad que cuando en el fuero penal económico hubo que apelar se olvidaron de Martín Balza… Después, en la única causa que tuvo condena, lo acusaron del pago de sobresueldos a dos personas, María Julia Alsogaray y Raúl Granillo Ocampo. En esa época cobraba sobresueldos todo el mundo: el gobierno entero, los senadores, los diputados y hasta los miembros de la Justicia”, sostuvo este confidente de Menem. “Aún así, jamás lo escuché levantar un insulto contra ninguno”.
Si bien varias causas se le abrieron cuando todavía estaba en el poder (como el caso de las armas), la mayoría de las causas se activaron cuando él dejó la Rosada: entre el 2000 y el 2003. Hasta fue denunciado por una presunta “malversación de caudales” durante la campaña conocida por el slogan “Menem lo hizo”.
En 2003 Menem compitió por volver a la presidencia y, aunque ganó, perdió. Néstor Kirchner se quedó en el sillón de la Casa Rosada con el 22 por ciento de los votos. Fue entonces que se desarmaría lo que se dio en llamar “la Corte menemista” o la Corte de la mayoría automática. Algunos de sus integrantes, como Julio Nazareno, decidieron renunciar. Otros, como Eduardo Moliné O’Connor, enfrentaron el juicio político en el Senado, en donde hoy -con ojos revisionistas- algunos juristas cuestionan las herramientas que tuvieron aquellos supremos para defenderse.
Los años 90 fueron todo un género periodístico en torno a la Justicia. El libro “Robo para la Corona” del periodista Horacio Verbitsky fue una radiografía, que se completaría con textos como “El jefe”, de Gabriela Cerrutti o “Narcogate” de Roman Lejtman, entre otros.
Apenas asumió, Menem firmó los indultos y dejó en la nada las sentencias que se habían logrado en el juicio a los Comandantes contra las máximas autoridades por los atroces crímenes de la dictadura. El indulto, no obstante, también incluyó a los líderes de Montoneros que, al igual que los militares, pudieron volver a sus casas. Eran momentos de alzamientos militares y Menem hablaba de la necesidad de “pacificar” a los argentinos, recordando sus años preso en la dictadura.
Al mismo tiempo, Menem amplió el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de cinco a nueve. Esa llave le permitió nombrar a cinco jueces que le garantizaron el aval en las decisiones políticas y económicas que tomaba su gobierno. El “per saltum” por el caso Aerolíneas Argentinas fue solo un ejemplo. Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Antonio Boggiano se encargaron de conformar esa “mayoría automática”.
En el mientras tanto hubo cambios en el corazón de los tribunales donde se investigaba al poder. Menem pasó de seis a doce los juzgados federales y las fiscalías. Creó tribunales orales con 18 cargos federales, más fiscales de Cámara, 13 cargos nuevos en Casación con cuatro fiscales con el mismo rango. “Les dio cargos a todos”, cuenta a Infobae un camarista. Su entonces ministro de Justicia León Arslanián terminó renunciando con un portazo.
Para esa altura, la familia presidencial ya estaba siendo investigada en la causa del Yomagate, una operación de narcotráfico de cocaína. De acuerdo a lo investigado, fuertes sumas de dinero del narcotráfico provenientes de la ciudad de de Nueva York habrían sido destinadas hacia la Argentina para ser blanqueadas mediante diversas operaciones financieras, como compra de inmuebles, joyas o creación de empresas. Otra parte se desviaba a su vez a Uruguay. Para ese entonces, Menem negaba las presiones contra la jueza María Servini. “De ninguna manera, ¿para qué”, decía Menem.
Las causas de corrupción también crecían. María Julia Alsogaray, la polifuncionaria menemista, fue una de las más denunciadas. Incluso, estuvo presa tras su paso por distintas áreas del Gobierno de Menem. La acusaron de enriquecimiento ilícito, pero también de distintas defraudaciones. Gostanián o el ex jefe del PAMI Víctor Alderete también cosecharon distintas denuncias penales.
Fue el ex ministro de Economía Domingo Cavallo quien puso en aprietos en aquellos años al Gobierno cuando en una radio habló de los “jueces de la servilleta”. “La servilleta era de Corach y Corach siempre dijo que eso nunca existió”, aseguran a Infobae los allegados de Menem sobre el ex ministro del Interior menemista. Eran momentos de internas entre Menem y Cavallo. Aún así, las vueltas de la vida hicieron que Menem y Cavallo terminaran desfilando juntos por tribunales, sin otros funcionarios de primer rango en el banquillo junto a ellos (como en sobresueldos y la Rural).
Quizás el caso judicial emblemático del gobierno de Menem fue la denuncia por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. El caso se convirtió en un escándalo. Hasta tuvo un “arrepentido” (Luis Sarlenga) escuchado por el fiscal del caso, Carlos Stornelli. El juez Jorge Urso le anunció en una indagatoria a Menem que quedaba detenido. Fue el 7 de junio de 2000. Lo acusaron de encabezar una “asociación ilícita”. Más tarde, por orden de la Corte Suprema de entonces, Menem fue liberado y el caso pasó al fuero penal económico. En 2008 llegó el juicio oral y en 2011 su absolución. Pero en 2015, Casación decidió que las pruebas encontradas lo convertían en culpable y lo condenó a 7 años de cárcel. Esa decisión fue revocada por otra sala de Casación en 2018.
El juez Urso, que había dispuesto aquella detención de Menem, murió en agosto pasado cuando practicaba equitación. El senador riojano lo despidió diciendo: “Dios no permitió que el rencor nublara mi mente ni pervirtiera mis sentimientos. La paz sea con Jorge Urso y su familia. Lamento sinceramente su trágico fallecimiento”. Así también hoy se fue Menem y varios jueces lamentaron en voz baja su muerte. Aún aquellos que más criticaron su gobierno y el manejo de la justicia en aquellos años porque con la partida del ex presidente termina también el reflejo de los años 90 en la Justicia. “Menem fue el poder”, dijo hoy un fiscal a Infobae.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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