Megapuerto de Chancay: estos son los impactos silenciados del proyecto que preocupan al distrito norteño

En Perú, el megapuerto de Chancay se proyecta como una infraestructura crucial que beneficiará económicamente al país con una contribución anual de 4.500 millones de dólares, un monto representa el 1.8% del Producto Interno Bruto (PBI) nacional, de acuerdo al nuevo ministro de la Producción, Sergio Gonzalez Guerrero.

Según el titular de la cartera mencionada, el proyecto marcará un antes y después en los lazos comerciales con países donde reside el 55% de la población mundial y representan el 38% del PBI global, destacando principalmente a los mercados de China, Japón, Corea del Sur, e Indonesia.

No obstante, a pesar que la obra se perfila como un motor económico fundamental por su impacto directo en diversas industrias, al mismo tiempo, este traería consigo importantes desafíos ambientales en el distrito —ubicado en la provincia de Huaral—, que aún enfrenta las consecuencias del derrame de petróleo de Repsol.

De acuerdo a especialistas, los impactos ambientales del megapuerto se dividen en tres categorías principales: calidad del aire, agua y suelo. Estas abarcan 50 puntos críticos, los cuales han sido expuestos por la sociedad civil organizada de Chancay frente al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

Estos muestran la tensión existente entre la incompatibilidad del proyecto y el entorno natural, que pone en duda la coexistencia armónica entre la infraestructura y la preservación de las áreas naturales valiosas de Chancay, como el Humedal Santa Rosa.

Aquel ecosistema es clave para la conservación de diversas especies, especialmente aves migratorias, así como para prevenir inundaciones y sequías. También, su importancia se extiende a la cultura y la economía local por ser parte de la identidad de las comunidades chancayanas y sustentar la pesca artesanal y el ecoturismo.

Pero, aunque la conversación acerca de los retos ambientales intenta posicionarse en la esfera pública, el impacto económico del megapuerto y su posición en el mercado mundial se contrapone sin mayor cuestionamiento.

Con el propósito de analizar a fondo estos desafíos, Infobae Perú conversa con diferentes expertos y una dirigente y miembro del Frente de defensa por la dignidad y libertad de Chancay, que congrega a diferentes organizaciones de la zona sur del distrito.

Dentro de esta lista figuran la Asociación de Pobladores del Comité 10 y 12 de Santa Rosa, la Asociación de Pobladores del Asentamiento Humano Santa Rosa, la Asociación en defensa de las viviendas y medio ambiente del puerto de Chancay, el Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa, entre otras.

Los posibles efectos negativos

Actualmente, el megapuerto de Chancay continúa en fase de construcción, a cargo de la empresa Cosco Shipping Ports Limited (CSPL), con un avance aproximado del 76 % y estaría listo para fines de noviembre del 2024.

Sin embargo, a medida que avanza su ejecución, siguen sin abordarse las preocupaciones de un sector de los chancayanos para garantizar un desarrollo sostenible y responsable que mitigue los impactos negativos de la obra.

Antony Apeño, biólogo marino e integrante de la ONG CooperAcción, precisa que, además de la alteración de la biodiversidad en el Humedal Santa Rosa, se suman las consecuencias directas sobre la flora y fauna marinas, debido al dragado necesario (excavación submarina) para la operación del megapuerto.

Esto, específicamente, estaría generando un cambio en la composición de las playas cercanas y el fondo marino, con un posible impacto en las especies que habitan en el área, y alteraciones en las zonas de reproducción de especies importantes para la pesca artesanal.

También, hay inquietudes por el estado de las playas de Chancay por el riesgo de descarga de aguas contaminadas y la reducción del nivel de agua del Humedal Santa Rosa, un efecto que podría estar vinculado a las actividades de construcción del megapuerto, según el biólogo marino de CooperAcción.

“Los impactos son diversos. Hay impactos desde la producción del dragado que se hace para realizar el megapuerto, que va a generar un cambio en toda la biodiversidad que hay en estos espacios, y también en espacios colindantes, como es el Humedal Santa Rosa, que está pegado a la obra. La laguna del humedal ha disminuido en su altura, su profundidad, y esto ha generado bastante preocupación en los pobladores, que no se les ha dejado expresar su inconformidad respecto a los impactos que puede generar esta gran construcción”, resalta.

“Se ha cambiado toda la estructura del bentos, que es el fondo marino de especies que vivían ahí, que eran zonas para reproducción de otras especies, las cuales eran comerciales para los pescadores artesanales. Ya no se van a poder desarrollar actividades de pesca alrededor de esta zona, si a esto le sumamos otro impacto, como el derrame de petróleo, el impacto es más grande”, agrega el especialista ambiental.

Según Apeño, esta situación a corto plazo podría causar el desplazamiento forzado de los pescadores artesanales hacia otras zonas norteñas. Además, advierte que la sobreexplotación de recursos incrementaría el surgimiento de conflictos sociales, disputas territoriales y hasta el crecimiento de la pesca ilegal.

Este panorama, a su vez, tendría un impacto en los patrones alimenticios del distrito, como resultado de la disminución del acceso a recursos hidrobiológicos, impactando en la seguridad alimentaria de la población.

En la misma línea, aún hay un sinsabor por el hundimiento de más de diez viviendas, que, aseguran las organizaciones sociales, son producto de las vibraciones causadas por las excavaciones subterráneas necesarias para el desarrollo del puerto.

Y, al mismo tiempo, molestias por la dispersión de polvo y partículas, que aumenta los riesgos de estrés y enfermedades respiratorias para la salud de los habitantes.

Estado no hace caso a advertencias

El sociólogo Alejandro Chirinos, quien también integra el equipo de CooperAcción, critica que los daños colaterales del proyecto han sido insuficientemente considerados por el Estado que ha priorizado notoriamente el avance económico del proyecto.

Los cuestionamientos, en primer lugar, se centran en la efectividad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del megaproyecto, visto de manera negativa por su incapacidad para reflejar fielmente los riesgos y por la facilidad con la que el proyecto de gran envergadura ha superado los “filtros”.

En el caso de Chancay, existe la percepción de que los procesos de evaluación ambiental actuales se ven más como requisitos formales que como herramientas de prevención y mitigación reales.

Sin embargo, hoy, la lucha activa en defensa del ambiente, encabezada en su mayoría por organizaciones de mujeres y pescadores artesanales chancayanos, refleja el ímpetu por visibilizar los impactos de la obra.

Pues, la sociedad civil que ha mostrado su rechazo a la construcción de la infraestructura exige no solo ser escuchada, sino también que se les brinde alternativas económicas viables y respeto por sus modos de vida, que, indican, ya son considerablemente afectados por el proyecto. Entre esas personas está la dirigente y comunicadora social Miriam Arce.

“Las irregularidades del proyecto de todos estos años, desde el 2008, son inmensas, empezando por las resoluciones, autorizaciones y el estudio de impacto ambiental aprobado bajo la mesa y sin haberse enterado la población, sin mencionar las reales afectaciones. La empresa ha fragmentado a la población. El proyecto ha significado perder la pesca, áreas naturales, playas. Nosotros, como ciudadanos que estamos colindantes al proyecto, creemos que es más lo que se pierde que lo se gana”, cuenta Arce a Infobae Perú.

Alertan sobre falta de transparencia por parte de empresa

Durante la entrevista con Miriam, la dirigente chancayana enfatiza en varios momentos la falta de transparencia y consulta a la población en la aprobación del estudio de impacto ambiental, el cual es considerado incompleto y sesgado por la dirigente.

“Con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y CooperAcción buscamos tener la opinión de un científico para evaluar el estudio de impacto ambiental. Obtuvimos 50 observaciones y las presentamos ante el Senace, pero, lamentablemente, no las tomaron en cuenta”, relata Arce.

“Ya tenemos una base científica y compañeros que son profesionales que nos han ayudado a detectar estos impactos. Pero, no tener un marco legal y jurídico permite que la empresa acomode todo a su favor. No somos personas que nos oponemos, solo queremos lo mejor para el distrito de Chancay y vemos que este proyecto no va a favorecer de la manera en que se está dando al distrito y las personas que vivimos acá, es por eso que luchamos”, agrega.

Además, la dirigente considera que el proyecto resulta desproporcionado para las características de la bahía. “No existismos para el Estado, somos invisibles, mentirosos. Es un proyecto que no calza con la ciudad, con la población, es demasiado grande para una bahía tan pequeña que lo único que va a hacer es devorarla para favorecer a unos cuantos”, señala.

En ese contexto, Arce ratifica que el conflicto en Chancay se agudiza también por cuestiones legales, específicamente con las presuntas denuncias por parte de Cosco Shipping contra más de 25 personas que participaron en protestas en rechazo al megapuerto, según la dirigente, una táctica que interpreta como intimidatoria.

“Tenemos más de 25 personas denunciadas por Cosco Shipping por haber salido a una protesta en contra del proyecto. Su modalidad es denunciar a todos los que reclamen sus derechos, así actúa esta empresa, incumple sus propios compromisos socioambientales”, afirma.

Defensoría del Pueblo no se involucra

En el marco del conflicto de Chancay, con el fin de garantizar que los beneficios del proyecto no se logren a costa de las necesidades de la población y el medio ambiente.

A lo largo del tiempo, las organizaciones y ciudadanos en contra de la infraestructura han buscado dialogar con el Gobierno y Cosco Shipping; sin embargo, hasta la fecha, dichas conversaciones han tenido resultados limitados, de acuerdo al testimonio de Miriam.

Por ello, la Defensoría del Pueblo es señalada por no considerar la situación como un conflicto social en su registro. Esto teniendo en cuenta que la comunidad de Chancay, en su búsqueda de soluciones, ha propuesto la creación de una mesa multisectorial que incluya a la sociedad civil para discutir los impactos ambientales y sociales del proyecto.

No obstante, a pesar de las movilizaciones y el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y CooperAcción, que ayudaron a evaluar el estudio de impacto ambiental, sus reclamos permanecen, en gran medida, sin respuesta.

“Vivimos con ruidos con 24 horas del día, cuando el estudio de impacto ambiental dice que no debemos vivir así. Hemos intentado aperturar el diálogo, incluso con la Defensoría del Pueblo, y por eso propusimos una mesa multisectorial, pero la ciudad tiene que mirar y aguantar las afectaciones diarias”, afirma Miriam.

Al respecto, el sociólogo Alejandro Chirinos reflexiona que la falta de un adecuado mecanismo de participación ciudadana en la evaluación de impacto ambiental ha sido un obstáculo para garantizar que las inquietudes de la población sean escuchadas y atendidas correctamente.

“El megapuerto, sin duda, creemos que es muy importante geopolíticamente en términos económicos para el país, pero el proyecto no ha tenido una estrategia de negociación o contrato social con la gente que le permita tener una actitud favorable al megapuerto. En el país tiene que haber un proceso de reforma de las políticas ambientales, que no se está haciendo, para que este tipo de proyectos no tengan estas dificultades, porque finalmente la gente no percibe los beneficios y mucho menos la tranquilidad cuando llegan inversiones importantes como estas”, explica.

Estudio de impacto ambiental no contempla todos lo impactos, advierten

Como bien se ha detallado a lo largo de este informe, el proyecto portuario en Chancay plantea desafíos en varios frentes, desde la protección ambiental y la gestión de impactos sociales hasta la necesidad de fortalecer las leyes ambientales y mecanismos de participación ciudadana.

Acerca de estos dos últimos puntos, se sabe que hay brechas en la normativa ambiental aplicada a la megaobra, ya que su EIA-d (Estudio de Impacto Ambiental Detallado), al momento de ser aprobado en 2013, no identificó todos los impactos adversos desde un comienzo, según un análisis elaborado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Diana Suárez, asesora legal de la SPDA, detalla que cuando se aprobó el EIA-d (2013) no existía un reglamento ambiental sectorial enfocado en el sector Transportes y Comunicaciones.

Esto habría causado que dicho instrumento, cuyo objetivo es prevenir y, de ser necesario, compensar posibles efectos negativos, se aprobó sin establecer medidas de manejo ambiental para verificar los riesgos de manera completa y adecuada.

Aquello se evidencia con advertencias dadas por la ONG Mundo Azul, por ejemplo. Pues, en una nota elaborada por este medio en mayo del año pasado, la organización expuso numerosas omisiones e inconsistencias en la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la obra.

Stefan Austermühle, líder de la organización, señaló manipulaciones en el documento, sobre todo en aspectos críticos como la reducción de la línea de playa y el insuficiente registro de polvo tóxico en el área, en base a investigaciones de Convoca, y cuestionó el proyecto por no considerar adecuadamente el impacto acústico.

¿Cuál es la solución para manejar los riesgos ambientales?

En esa línea, la abogada de la SPDA, Diana Suárez, enfatiza que, para evitar esto, “los procesos de evaluación de impacto ambiental no deben ser solo un mero requisito legal a superar para ejecutar un proyecto, sino que deben ser mecanismos efectivos”.

Esto con el objetivo de garantizar derechos fundamentales, como a un ambiente sano y equilibrado, a la vida y a la salud.

“Desde SPDA, a fines del año pasado publicamos un informe legal ambiental que da cuenta de la normativa bajo la cual se aprobaron los instrumentos de gestión ambiental del Megapuerto de Chancay. Nosotros para acceder a la información del proyecto e instrumentos de gestión ambiental, formulamos solicitudes de acceso a la información y la que recibimos no se encontraba en un lenguaje ni formatos accesibles para todos”, indica la abogada.

Respuesta de Cosco Shipping y Poder Ejecutivo

Para obtener declaraciones sobre los efectos ambientales del desarrollo del megapuerto de Chancay en Perú, Infobae Perú buscó comunicarse tanto con Cosco Shipping como con el Ministerio del Ambiente (Minam).

Por su lado, Cosco Shipping, la compañía a cargo del proyecto, respondió que este mes no brindará declaraciones sobre el asunto.

Mientras que el Minam no proporcionó respuesta a las consultas remitidas por este medio acerca de los posibles impactos que podría tener el proyecto portuario.