Maternidades forzadas, infancias robadas: Un panorama de la violencia sexual contra las niñas

Para finales del 2022, el DANE reveló que en el país nacieron 3.500 bebes, cuyas madres eran niñas entre los 10 y 14 años, todos los alumbramientos son producto de la violencia sexual. Por su parte, la entonces directora del ICBF, Concepción Baracaldo, expuso que esa entidad había atendió 16.221 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

La Fiscalía General de la Nación reportó que entre los años 2010 y 2022 se registraron 316.917 casos de delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad, de los cuales, solo el 0,15% de las investigaciones han tenido sentencia anticipada.

Estas cifras, críticas, revelan la magnitud del problema de la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, pero también pueden llegar a invisibilizar una de sus consecuencias, la maternidad forzada en niñas.

Para conocer más sobre esta problemática, Infobae Colombia se comunicó con Marianny Sánchez Núñez, quien se desempeña como directora de comunicaciones para la ONG Planned Parenthood Global para América Latina. Ella es comunicadora social y Máster en Género, Identidad y Ciudadanía, de la Universidad de Cádiz, pero además lidera la campaña “Son Niñas, No Madres”, que busca erradicar la maternidad forzada, en toda América Latina.

Durante la presentación y antes de iniciar la conversación, Marianny recordó que América Latina ocupa el segundo lugar en las regiones con mayor tasa de embarazos y partos en niñas menores de 14 años, solo por detrás de África. Pero, advierte que lo más preocupante es que estamos ante una tendencia que va en aumento, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, tanto desde las políticas públicas como desde los sectores educativos.

Infobae: Ante el escenario que describes, ¿Qué rol juega en este panorama la educación sexual?

Marianny Sánchez: Identificamos que uno de los principales factores de riesgo es la falta de acceso a educación sexual integral, se debe permitir que las niñas, desde edades muy tempranas, tengan conocimiento de su cuerpo. Que sepan como llamar las partes de su cuerpo.

Pero lo más importante, que tengan conciencia del consentimiento; es decir, que ellas tengan toda la libertad y seguridad de que nadie toque su cuerpo, para que eventualmente, ya en su adolescencia o en su adultez, decidan con quien comparten su corporalidad.

Infobae: ¿Qué barreras existen para la implementación de los programas de educación sexual?

M S: En nuestros países, donde el conservadurismo establece los marcos normativos, se relaciona la educación sexual con el acceso a la sexualidad. Entonces falta el compromiso de los estados por garantizar el acceso a esa educación. Si el Estado no la garantiza, es muy probable que los padres, madres y adultos responsables (del cuidado de esas niñas) tampoco lo hagan; seguramente porque tampoco han tenido acceso a esa educación o no saben cómo abordar esas temáticas.

Esto conduce a incrementar la brecha informativa, que muchas veces pone a las niñas en una situación de vulnerabilidad, porque se acerca un adulto haciendo uso de su autoridad y ejercen abuso sexual. El desconocimiento de los adultos a cargo, también influye en el acceso de las niñas a las rutas de atención en casos de violencia sexual.

Infobae: En cuanto a la seguridad de las víctimas, ¿Cuál es el panorama?

M S: Lamentablemente, los informes demuestran que la mayor parte de las niñas conviven con sus agresores, en el 80% de los casos, según un informe que presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2019. La mayoría de los agresores son miembros del grupo familiar, personas cercanas como amigos de la familia, un maestro, o un el líder religioso de la comunidad.

Entonces, están constantemente expuestas a estar en momentos, de soledad con los agresores. La gente se sorprende con esta información ¿¡Cómo es posible que el agresor sea su propio padre!?, pero más allá de la indignación que provoca el dato. Esto pasa por distintas variables; por nuestra cultura machista o el ideario que se tiene de cuerpos de las mujeres y las niñas, que se pueden consumir, que se pueden violentar.

Infobae: ¿Cuáles son los mayores retos alrededor de las maternidades forzadas en niñas?

M S: Cuándo estas niñas quedan embarazadas, producto de la violencia sexual. ¿Cómo pueden obtener justicia? ¿Cómo se les puede garantizar el acceso a toda la gama de los servicios de salud reproductiva? Que va desde anticoncepción de emergencia hasta el reconocimiento de la violación.

Parte de esa respuesta implica la garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para las niñas, que así lo manifiesten. Ninguna niña debería estar obligada a que se le robe su infancia, menos por haber sido víctima violencia sexual, acá el Estado les falla.

Otros de los retos se encuentran cuando son obligadas a mantener el embarazo (producto de esa violencia); cuando son expuestas a convivir con los agresores; en la ausencia de educación sexual integral, que impide disfrute pleno de sus derechos; y el desconocimiento que existe de los mecanismos de atención, todos estos elementos también se constituyen en factores de riesgo para las maternidades forzadas en niñas.

Infobae: ¿Cómo se viven estas realidades en los espacios rurales?

M S: Es más difícil acceder a espacios de educación formal, ergo, también a mallas curriculares de educación sexual integral, también hay una prevalencia de la pobreza en los escenarios rurales, de nuestra región; entonces vemos como consecuencia de la precariedad, la ausencia de información de los cuidadores hacia las niñas y un ciclo que se va repitiendo de generación en generación. Pero además de eso, hay más elementos.

Muchas veces en las zonas rurales, los centros de salud más cercanos están a varios cientos de kilómetros, esto impone unos grandes obstáculos adicionales para la niña que ha sido víctima violación, que por ejemplo quiere tener asistencia del Instituto de Medicina Legal o funcionarios sanitarios para poder ser chequeada.

Imagínate que luego de un episodio de violencia sexual, los cuidadores y la niña tengan que trasladarse a la ciudad más cercana, que puede estar a varias horas de viaje, esto no solamente es una barrera de acceso a los centros de salud, sino de otro tipo de servicios.

A lo que se suma el desconocimiento o prejuicios de los funcionarios, que niegan el acceso al aborto terapéutico o contestan que se trata de “algo natural”, una situación que no solo se presenta en lo rural, sino también en lo urbano.

Infobae: ¿Qué consecuencias hay para las niñas forzadas a ser madres?

M S: Para una niña quedar embarazada es absolutamente traumático y la pone en un riesgo altísimo, no solamente en términos biológicos, hablando propiamente de lo corporal, también en el aspecto psicológico, individual y social, qué pasa con su capacidad para interrelacionarse con su centro con su núcleo de apoyo, con sus amistades, de llevar a cabo su vida cotidiana.

De hecho, el primer paso para crear la campaña No son Madres, son Niñas fue una investigación, nosotras ya sabíamos que en América Latina y el Caribe tenía una epidemia de embarazos forzados, pero lo que no habíamos mapeado eran esas consecuencias, más allá de lo físico. ¿Qué estaban generando en las niñas y en su familia estas maternidades forzadas?

Fue una investigación bastante dolorosa de leer, fueron entrevistas a profundidad con sobrevivientes y sus familias, una de las cosas que fue más evidente es ver cómo las maternidades forzadas están absolutamente relacionadas con la depresión e incluso con la consideración del suicidio, la relación entre una niña forzada a la maternidad y pensamientos suicidas es muy alta.

Infobae: Son muchos los retos para cambiar esta situación, pero ¿cuáles son las acciones más urgentes?

M S: Falta hacer trabajo de pedagogía social, pero creo que el movimiento está dispuesto para esa tarea. Los servicios de salud reproductiva forman parte de un derecho fundamental, de todas las personas, el derecho a decidir cuando, como, con quién, tener hijos o no hace parte del proceso de pedagogía, que debe ir acompañando las reformas políticas.

Yo creo que toda la ciudadanía puede aportar desde sus espacios cotidianos, no tienes que ser mi activista, ni tampoco tienes que ser tomador de decisiones para poder comprometerte a este movimiento, que busca defender los derechos de las niñas a vivir su infancia y no ser forzadas a una maternidad que no desean; mucho menos una maternidad producto de la violencia sexual.

En América Latina hemos avanzado un montón, en los últimos años, y pienso que seguiremos avanzando, porque soy optimista frente a la posibilidad de un efecto dominó. Pero sé que todavía nos queda mucho por recorrer, en seguir informando y haciendo pedagogía social frente a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.