Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó las observaciones y recomendaciones de su visita de trabajo a Colombia realizada del 8 al 10 de junio, las cuales tienen como objetivo contribuir con la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social.
En un apartado, la comisión anunció la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad.
Sin embargo, este punto no tuvo buen recibimiento por parte del Gobierno nacional, en especial de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez. “Con respeto, recibimos documento de la CIDH tras su visita a Colombia, pero consideramos innecesaria la creación de un mecanismo de seguimiento. Nuestro Estado tiene una institucionalidad sólida, cimentada en principios democráticos, con mecanismos internos para atender denuncias”, dijo la funcionaria.
En un comunicado, Ramírez expuso que el Estado rechaza la creación de un mecanismo de seguimiento pues sostienen que el país cuenta con “una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento”.
Y agregn que en atención al principio de subsidiariedad que rige las actuaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos. “Sumado a ello, es uno de los países de la región que más participa en el Sistema Interamericano, cumple cabalmente sus compromisos internacionales, y atiende oportunamente las solicitudes de información que se le hacen en el marco de las competencias de la Comisión”, señaló el Gobierno nacional.
Adicionalmente, afirma que en el país hacen presencia más de 20 agencias de las Naciones Unidas; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (que tiene amplias facultades en materia de acompañamiento y monitoreo de la situación de DD.HH., cuenta con más de 100 funcionarios y hace presencia en todo el territorio nacional a través de 17 oficinas), además de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos MAPPOEA.
Frente a la recomendación de la CIDH de “investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos cometidos en el marco de las protestas”, reiteró que el presidente Iván Duque, en cabeza del Gobierno nacional, ha condenado de manera enérgica y categórica todo acto de violencia durante las manifestaciones y que la Fiscalía General de la Nación avanza –desde su autonomía– en las investigaciones de cada uno de estos delitos, que comprenden los actos de la Fuerza Pública, así como los ataques al patrimonio público, a los bienes de particulares y a los bienes culturales –los cuales gozan de especial protección–, y los actos contra la vida y la integridad de todos los ciudadanos. Es la justicia ordinaria la llamada a investigar, con celeridad, todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos.
Sobre la posibilidad que plantea la CIDH de separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa para “garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos, y no bajo una perspectiva militar”, la vicepresidenta resaltó que el artículo 218 de la Constitución determina que: “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”, con lo cual la preocupación de la comisión acerca del enfoque militar resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico de nuestra Carta Política.
“Es del caso recordar que esta discusión se tuvo en la Asamblea Constituyente de 1991, que cumple 30 años, fruto de un acuerdo de paz, y fue la propia Constituyente la que resolvió mantenerla en la estructura del Ministerio de Defensa, como eje axial, sin desdibujar con ello su función esencial en torno a la convivencia y seguridad ciudadana, con una formación concebida y enfocada en esa naturaleza y bajo la columna vertebral de la garantía y respeto de los Derechos Humanos”, se lee en el comunicado firmado por Ramírez.
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