La legisladora María Cordero Jon Tay, expulsada de Fuerza Popular e investigada por el delito de concusión, no solo recortaba el salario de sus trabajadores, sino que además les exigía joyas y la cobertura total de gastos durante la semana de representación en Tumbes, según una nueva denuncia difundida este domingo en Punto Final.
El economista Rafael Cabrejos, quien hizo público el caso inicialmente de manera incógnita, expuso una serie de audios y fotografías hasta ahora desconocidos, ante la negativa de la congresista de acudir a las citaciones en la Comisión de Ética y el Ministerio Público, que le abrió una investigación preliminar en abril pasado y la convirtió en la quinta legisladora procesada por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho.
Tras conocerse el testimonio en el anonimato, Fuerza Popular pidió que Cordero sea sancionada y retirada de todas las comisiones. De igual modo, anunció que seguirá adelante con su proceso de expulsión, además de pedir que sea destituida e inhabilitada durante diez años por corrupción.
“Su trato en todo momento fue humillante y amenazante, como se escucha en los audios, siempre me extorsionaba con que si no hacía algo me iba a despedir. Siempre demostró una actitud agresiva y abusiva, la amenaza era de que me iban a sacar del trabajo e iban a difundir con todos los miembros del Parlamento para que no me contraten”, señaló Cabrejos.
En abril de 2022, según el informe, la congresista acudió a una bisutería del Centro Cívico y obligó a sus trabajadores a comprarle una joya valorizada en más de mil soles. “Ella pedía regalos, iba a una joyería, decía: ‘eso me gusta’ […] Nos obligó a los trabajadores a pagarlo entre todos”, precisó el economista, que además tomó una fotografía del juego entregado a la diputada.
También mencionó que los trabajadores debían costear la estadía en la región norteña durante la semana de representación y que, en algunas ocasiones, lo obligaba a realizar funciones ajenas al trabajo congresal. “Entre todos pagábamos sus gastos para que ella no gaste nada. El sobrante, que había que devolver al Congreso, ella lo pedía […] Yo era chofer. Empezaba a las siete de la mañana, la recogía. Luego a las cinco la llevaba de compras, a recoger ropa, al salón de belleza”, denunció.
El dominical también hizo público un nuevo audio donde se escucha a la parlamentaria deslizar represalias en caso la denunciara. “Tú haces un grito, alzas la voz, y sales inmediatamente. [Si] no haces eso, [y] sigues, terminas hasta que yo termine, cuatro años más. Tú te portas mal, sales al día siguiente, así que muérdete la lengua y tienes los cuatro años seguidos para que trabajes”, ordenó, según el registro de voz.
El delito de concusión contempla de 2 a 8 años de cárcel y se comete cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial.
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