El caso de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, ha tenido una nueva actualización, pues su historia llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto debido a que los abogados Iván Cancino y Víctor Mosquera solicitaron medidas cautelares para la mujer de 51 años; según argumentan los abogados, la mujer se ha visto enfrentada a una situación grave que amenaza su vida e integridad personal.
La petición, según menciona la Revista Semana, detalla lo que ha tenido que vivir Marelbys Meza desde que se perdió una suma de dinero (versiones aseguran que se trataba de 7.000 dólares y otras de 150 millones de pesos) mientras trabajaba como niñera en la casa de Laura Sarabia. Posteriormente, fue llevada sin orden judicial a un sótano, donde fue acusada de robo, amenazada con la cárcel y fue sometida al polígrafo.
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El comunicado también hace un llamado de atención sobre el regreso de Laura Sarabia como funcionaria del Gobierno: “A pesar de encontrarse siendo investigada por haberse valido del servicio de inteligencia de la Presidencia para forzar a la propuesta beneficiaria a practicarse una prueba de polígrafo, la señora Laura Sarabia fue designada por el Presidente de la República como la nueva Directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS)”, cita Semana como parte de la propuesta de los abogados de Meza ante la CIDH.
Este es el resultado de un anuncio que habían hecho Cancino y Mosquera desde el pasado mes de octubre. Así lo comunicaron en redes sociales: por medio de un texto que asegura que al haber denunciado públicamente lo que ha vivido, Meza “teme que sean tomadas represalias en su contra y de los miembros de su familia”.
Hasta ahora, las investigaciones por este caso han dejado bajo captura a cinco miembros de la Policía y la Dijín, a quienes se les acusó de falsedad en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicación.
Cuando estos hechos se hicieron públicos, la Fiscalía informó que la mujer también había sido objeto de “chuzadas” telefónicas. El propósito sería darle una apariencia de “legalidad” a ese procedimiento, por lo que la habían nombrado como sospechosa de ser parte del Clan del Golfo.
Las consecuencias que ha desencadenado la situación también fueron incluidas en la petición que hacen los abogados a la CIDH. Una de ellas, según consideran los abogados, fue la muerte del coronel Óscar Dávila, quien había estado a cargo de las “chuzadas” a Meza y, después de que se revelara el caso, fue encontrado sin signos vitales. Según los reportes de Medicina Legal, la causa de su muerte habría sido un suicidio.
Finalmente, el documento que pide por medidas cautelares para Meza también sugiere que este nuevo cargo de Laura Sarabia en el Departamento de Prosperidad Social sería mejor que el que tenía antes como jefa del gabinete ministerial.
“El Departamento para la Prosperidad Social en Colombia cuenta con un presupuesto de más de 10 billones de pesos, estando por encima del monto designado para 15 ministerios”, indica el comunicado.
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