A tres años de la victoria de Andrés Manuel López Obrador como presidente del país, la violencia está lejos de frenar en México. Sin importar el despliegue del Ejército, Marina y la creación de la Guardia Nacional, la expansión de los narcos en el territorio continúa.
Un reporte actualizado del gabinete de seguridad federal, consultado por el medio Animal Político, destacó que existen un total de 16 cárteles del narcotráfico en disputa abierta por el control del tráfico de drogas y narcomenudeo dentro del país.
Además de buscar hacerse de las rutas de la droga, estas células también tienen la capacidad de lavar dinero y realizar otras actividades ilegales, las cuales son consideradas como crimen organizado.
Las dos organizaciones que predominan en el norte y centro del país son Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo (CDG), mismos que han pactado una alianza en Tamaulipas para hacerse de la plaza, sin importar los estragos que causan, como la masacre en Reynosa registrada la semana anterior, donde hubo registros de 15 personas asesinadas por sicarios.
El CJNG ha consolidado su presencia en diferentes regiones de ocho estados, como: Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Veracruz. Sin embargo, a poco más de 10 años de su aparición, desbancó al Cártel de Sinaloa y es actualmente la agrupación con mayor expansión en México. De tener presencia en cuatro entidades (2010), se extendió hasta dominar 24 estados.
Mientras que el CDG está situado en nueve territorios. En tres de ellos domina por completo: Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; en el resto continúa peleando por sobresalir: Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz.
Por su parte, el Cártel del Pacífico, o Cártel de Sinaloa, tiene presencia en siete entidades mexicanas: Sonora, Baja California Sur, Durango, Coahuila, Sinaloa y Baja California. En estos últimos dos estados es donde más batallas libra para mantener su poderío.
En Baja California tiene que pelear contra los Arellano Félix, en Sinaloa, tierra que los vio nacer, disputa el territorio con células y brazos armados de los Beltrán Leyva.
Algunos cárteles que han tomado relevancia estos últimos años, aunque se pensaban desarticulados, han sido los Zetas, quienes se han aliado con el Cártel del Noreste para enfrentar al Cártel del Golfo en Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo.
Dentro de la lista también se encuentran Los Beltrán Leyva, grupo que opera en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Nuevo León, Estado de México, Morelos, Querétaro, Oaxaca y Chiapas. Además, el reporte relata que La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, a pesar de encontrarse divididos, levantan las armas en Michoacán, Guerrero y el Estado de México.
Finalmente, el listado presenta al resto de los grupos del narco que tienen menor presencia en el territorio nacional, aunque eso no limita su poder de fuego y trasiego de drogas realizado a diferentes puntos. Estos son el Cártel de Juárez (Chihuahua y su frontera con Estados Unidos) Cártel de los Arellano Félix (frontera de Baja California), Cártel de Tláhuac y la Unión Tepito (Valle de México), Guerreros Unidos y Los Rojos (Guerrero), Los Viagras (Michoacán) y Cártel de Santa Rosa de Lima (Guanajuato).
Esta nueva organización delictiva se da a conocer en el marco del tercer informe de gobierno, el cual fue emitido en el Patio de Honor del Palacio Nacional, durante una ceremonia donde AMLO aseguró que estará a la altura de las necesidades del país y aseguró que en materia de seguridad pública, se ha enfrentado la inseguridad con métodos eficaces y sin apelar a la violencia:
“Aún con la complejidad que heredamos (…) No creo que se hayan creado nuevos grupos (criminales) en estos dos años y medio (…) Ha ido bajando la incidencia delictiva”, destacó el mandatario.
El gobierno mexicano ha mostrado sus prioridades de combate al narcotráfico a través de cinco ejes: el combate a los sicarios y a los líderes de los cárteles; el combate a sus estructuras financieras, para evitar que sigan reproduciendo los mecanismos para poder pagar sicarios, a narcomenudistas. El tercero se refiere al combate a la corrupción política que los protege, sobre todo en los ámbitos locales. El combate a la corrupción judicial, ministerial y policial que les genera, les da protección jurídica, y, finalmente, a la base social que los apoya, esto a partir de programas sociales y programas de inclusión financiera.
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