Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, señalado como un operador judicial del gobierno de Mauricio Macri, fue citado para mañana a una audiencia clave ante el tribunal uruguayo que debe resolver sobre el pedido de la jueza María Servini para proceder a su captura y extradición.
Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, la jueza Adriana Chamsarián, a cargo del área especial en Crimen Organizado en Montevideo, convocó a Rodríguez Simón a las 14.30 al juzgado a una audiencia en la que participará el fiscal Ricardo Lackner junto a los defensores del abogado argentino.
La defensa de Pepín ya informó y aportó a la causa “la constancia de solicitud de condición jurídica de refugiado ante la Comisión de Refugiados (CORE) y los restantes documentos individualizados en el escrito introductorio”. Según indicaron las fuentes, la sola petición ya le otorgaría el status legal de refugiado hasta que el organismo uruguayo encargado decida si rechaza ese pedido.
Por eso habrá que ver qué sucede mañana en la audiencia. Allí la jueza Chamsarián le informará al abogado argentino la solicitud de la justicia argentina y le consultará al requerido si da su consentimiento de ser remitido a Buenos Aires.
Se descuenta que “Pepín” rechazará ser remitido a la Argentina e insistirá en plantear su pedido de refugio político. Es la Comisión de Refugiados, el organismo estatal uruguayo encargado de determinar la condición o no de refugiado. Es un organismo de siete miembros, presidido por la Cancillería, que tiene un plazo de 90 días para expedirse, plazo en el cual el ex funcionario no puede ser extraditado.
En ese contexto, la jueza escuchará a las partes en esta audiencia de debate. Rodríguez Simón llega en libertad. Si el fiscal solicita su detención, la jueza deberá resolver la cuestión. Una de las posibilidades que se barajan es una medida de coerción para Rodríguez Simón para garantizarse que se sustancie el proceso sin que se disponga un arresto.
María Servini investiga a Rodríguez Simón en el marco de una denuncia que radicó el empresario Fabián De Sousa contra Macri, “Pepín” y otros por lo que él entiende que fue una “asociación ilícita” para desapoderarlo de sus empresas en la gestión de Cambiemos y meterlos presos. Después de una serie de entrecruzamientos de llamadas, la jueza Servini ordenó la indagatoria del abogado macrista que inicialmente estaba prevista para fines de mayo. Pero el lunes 17 de mayo, mientras se incorporó a la causa otra serie de datos de llamados telefónicos con otros imputados, Rodríguez Simón hizo pública su decisión de no volver a la Argentina y oficializar su pedido de refugiado político en Uruguay.
El 19 de mayo, entonces, la jueza Servini ordenó su captura nacional e internacional a los fines de cumplir con su declaración indagatoria. Y reclamó a Uruguay que no lo deje salir del país mientras se tramita este proceso de pedido de extradición.
En sus fundamentos, Servini aseguró que “los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines. Entonces, su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”.
Con la solicitud enviada desde Argentina a través de la Cancillería, que fue catalogada como “arresto preventivo con miras de extradición”, la justicia uruguaya abrió una causa llamada “Rodríguez Simón, Fabián. Extradición”, que está radicada en el Juzgado Letrado en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, cuya titular es la jueza Chamsarián. El fiscal interviniente es Ricardo Lackner.
La semana pasada, la justicia penal de Montevideo rechazó una solicitud de habeas corpus que había presentado Rodríguez Simón y que en caso de ser aprobada le hubiera permitido bloquear una eventual detención en ese país.
Mientras tanto, el gobierno de Uruguay informó que no interferirá ni dilatará de ningún modo el trámite de extradición de Fabián Rodríguez Simón. El ministro de Educación uruguayo, Pablo da Silveira, que también tiene a su cargo la Secretaría de Justicia, llamó al embajador argentino Alberto Iribarne para comunicarle que el gobierno de Luis Lacalle Pou “se declara prescindente” y no hará nada para demorar los pedidos de la Justicia argentina.
Incluso, según trascendió aquí, el presidente Lacalle Pou pidió al ministro Da Silveira “tramitar en el menor tiempo posible” las acciones que conciernen al Poder Ejecutivo en el proceso de extradición. Da Silveira llamó al embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, para informarle que la orden de captura y el pedido de extradición había sido enviada al Poder Judicial, por lo que el rol del Ejecutivo en esa parte del proceso había culminado. El ministro le expresó al embajador que el Poder Ejecutivo actuó con celeridad para ingresar el exhorto al Poder Judicial “a partir de una instrucción directa de Lacalle Pou”, gesto que fue reconocido por el diplomático.
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Cancillería envió a Uruguay el pedido de detención y extradición de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón
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Servini ordenó la captura del operador judicial del macrismo
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