Los momentos de crisis se dan en los hechos cuando nuevas situaciones plantean problemas que no se pueden resolver por los medios comunes existentes y el pensamiento pierde vigencia y contacto con la realidad. Implica relaciones conflictivas: políticas, económicas y diplomáticas entre dos o más Estados, que pueden o no introducir en forma real o potencial el empleo de la fuerza, pero sin llegar a una guerra. La crisis con el Reino Unido (RU) comenzó el 20 de marzo de 1982 con un incidente menor en la isla San Pedro en las Georgias del Sur, con motivo del desembarco de personal y material de la empresa privada argentina del señor Constantino Davidoff para desguazar una vieja factoría. La sorpresiva reacción del gobierno británico demostró la clara intencionalidad de generar una crisis, pues la citada empresa había cumplido con todos los requisitos. El 2 de abril se concretó la prevista Operación Rosario de recuperación de las Malvinas; el objetivo era profundizar la dictadura cívico-militar y desviar la atención de su descrédito nacional e internacional, como lo calificó el almirante Carlos Lacoste: “Esto se arregla muy fácil, tomando las Malvinas” (La Nación, 24 marzo 2002, pág 13). Cinco días después, los británicos iniciaron una estrategia de desgaste: sanciones económicas junto con sus aliados, gestiones diplomáticas ficticias, efectivo empleo de una acción psicológica y la amenaza de un cerco naval y aéreo que se concretó el 22 de abril. La escalada continuó hasta fin de ese mes, con el fracaso del “mediador” estadounidense Alexander Haig, reconocido europeísta.
El gobierno de entonces nunca se basó seriamente en lo que el RU se hallaba en capacidad de hacer a partir de la recuperación de las islas; priorizó dos supuestos: su no reacción y la neutralidad o apoyo a nuestro país por parte de los Estados Unidos (EEUU). Sin duda, ello fue desconocer la historia de esos países; entonces ante la evidencia de lo inevitable, se pasó del “ocupar para negociar a reforzar e ir a la guerra”, sustancial diferencia y máxima insensatez al descartar lo posible buscando lo inalcanzable, porque el RU conformó en ese momento la fuerza expedicionaria más grande desde la Segunda Guerra Mundial: 28 mil hombres, más de 100 buques (de guerra y logísticos), dos portaviones y cuatro submarinos nucleares. Está probada la presencia de armas nucleares en algunas fragatas, pero no se emplearon. Además, contó con el apoyo de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), conducidos por los EEUU.
Un conflicto absurdo y jamás previsto, calificado como la primera guerra de la era misilística, se inició el 1° de mayo, duró 44 días y tuvo dos fases: la primera con ataques aeronavales hasta el 20 de mayo, durante la cual los efectivos en tierra fuimos sometidos a un desgaste psicofísico en las húmedas y frías trincheras esperando el desembarco británico. La fase terrestre, entre el 21 de mayo y el 14 de junio, la iniciamos conscientes de nuestras propias limitaciones, de haber cedido totalmente la iniciativa al enemigo y de la incapacidad de recibir ningún apoyo del continente. Nuestras fuerzas fueron eliminadas por partes: primero nuestra flota de superficie, que se automarginó del conflicto sin siquiera intentar disputar el espacio marítimo; segundo, la Fuerza Aérea y la Aviación Naval, debido a las importantes pérdidas sufridas, a pesar de los reconocidos éxitos iniciales y la excelente profesionalidad evidenciada; por último, los efectivos terrestres del Ejército y de la Infantería de Marina, cuando se concretó el previsible cerco terrestre que condujo a la inevitable rendición. En Puerto Argentino se organizó una débil plaza defensiva que nunca hubiera podido impedir el previsible cerco naval, aéreo y terrestre. Un viejo axioma dice: “Plaza sitiada, sin posibilidades de recibir refuerzos o romper el cerco: plaza tomada”. Ejemplos de ello fueron Stalingrado (Segunda Guerra Mundial-1943) y Dien Bien Phu (Indochina-1954). Nuestro caso en Malvinas era aún más grave.
La posguerra —particularmente en el Ejército— se inició con una recepción ignota, ingrata y humillante de los combatientes por parte de los altos mandos y del propio presidente de la Nación. Con ello comenzó un período de “desmalvinización” que duró casi una década. Recién en 1990, el Congreso Nacional, por impulso del diputado Lorenzo Pepe, otorgó una valorada condecoración. La situación de los mismos mejoró con el presidente Carlos Menem, y fue el presidente Néstor Kirchner quien otorgó el reconocimiento y pensión más significativa. En cuarenta años, el citado Congreso no sancionó una ley que definiera unívocamente quién es veterano de guerra; su condición quedó librada a la norma que fijó cada fuerza y a la interpretación de algunos fallos judiciales. En mi opinión: Son los oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y civiles que prestaron servicios durante el conflicto en la zona de combate en las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, o dentro de la zona de exclusión fijada unilateralmente por el RU, o sobre la superficie aérea, o fuera de la zona de exclusión si se hubieran producido acciones de combate en tierra, aire o mar (caso del crucero “General Belgrano”).
No puedo omitir mencionar algo curioso e inédito. En un principio, el número de excombatientes era del orden de los 14.200, pero a fines de 1999 tomé conocimiento por la página de Internet del Ministerio de Defensa que, sorpresivamente, había ascendido a 22.200. Según algunas fuentes, hoy el número sería mayor. Pero hay otro dato por demás llamativo e incomprensible: en 1982 se registraba un 26% de oficiales y suboficiales y un 74% de soldados, muy razonable con la realidad y estadísticas de otras guerras del siglo pasado. Pero, según el citado Ministerio, a fines de diciembre de 1999 el número de cuadros había ascendido a 48% y el de soldados disminuido a 52%, lo que no resiste el más mínimo análisis y es totalmente falso. De inmediato informé todo lo expresado al entonces ministro de Defensa, Jorge Domínguez, y a los presidentes de las Comisiones de Defensa de las Cámaras de Senadores y de Diputados, Jorge Villaverde y Juan Manuel Casella respectivamente. Ninguno acusó recibo.
Ignoro los asesoramientos y las causas y elementos de juicio que el nivel político tuvo en cuenta para concretar lo expresado que, hasta hoy, mantiene plena vigencia. El Ejército de entonces nunca fue consultado sobre tan sensible tema. Es de destacar que desde fines de 1999 hasta la fecha han pasado doce ministros de Defensa Nacional, más de doscientos miembros de las Comisiones de Defensa de ambas Cámaras y seis jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estoy convencido de que la citada anomalía atenta contra la memoria de nuestros muertos, del erario público y de los verdaderos combatientes, que estuvieron expuestos y sufrieran frío, hambre, mutilación, muerte y serias secuelas psicofísicas. Comparto con Georges Clemenceau que “la guerra es un asunto demasiado importante para confiárselo a los militares”, y agregaría que la mentira grande, lamentablemente, puede ser creíble. Recordemos que desde 1983 hasta hoy en nuestro país la Defensa Nacional ha estado –y está– conducida por civiles. Los resultados son conocidos.
*Ex Jefe del Ejército Argentino. Veterano de la Guerra de Malvinas y ex Embajador en Colombia y Costa Rica
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