Lucha contra las mafias: enfrentamiento entre Asuntos Internos y un sector de la Justicia por la corrupción policial

“Asuntos Internos cree que viene a nuestra jurisdicción con una ‘Lettre de cachet’, y que eso los autoriza a pasar por arriba de las leyes y las garantías procesales. Creen que los decretos están por encima de la Constitución. El ministerio de Seguridad no está autorizado a poner preso a nadie sin orden judicial. Eso no lo vamos a permitir“. El que habla, enojado, ante Infobae es un altísimo funcionario de la Unidad Funcional de Investigaciones Número 3 de Avellaneda, a cargo de Elbio Laborde. Su frase deja al descubierto un latente enfrentamiento entre las autoridades bonaerenses, que intentan combatir la extendida corrupción en la Policía bonaerense, y un sector -quizás minoritario- de la justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El letrado, exagerado o no, hizo uso a la vieja figura de una carta de arresto que en 1759 firmó Luis XV y que servía para “transmitir una orden del rey”.

Estas autorizaciones surgieron a consecuencia de la necesidad de actuar con rapidez y contundencia en tiempo de guerra, pero pronto se convirtieron en un instrumento para ampliar el ejercicio del poder personal del rey.

Según relatan los libros de historia antigua, las más famosas de ellas eran las de procedencia penal. Estas se utilizaban para ordenar el encarcelamiento de alguna persona a quien no se estimaba conveniente llevar ante los tribunales para ser sometida a un proceso, negándose así la posibilidad de defensa.

Entre las “víctimas” más notables de la ‘Lettre de cachet’ se destacan, por ejemplo, el Marqués de Sade y Giacomo Casanova.

Luchar contra las mafias

“Yo no sé qué pretenden algunos jueces y fiscales. Por Ahí pretenden que cuando cae Asuntos Internos llevemos las masitas, y que los comisarios a los que investigamos pongan el té. Yo creo que en lugar de quejarse, la Justicia se tiene que poner a laburar en serio. Es hora de que entiendan que no se mira más para otro lado. Hay jueces y fiscales que hace años que están en distritos muy calientes como Avellaneda, Lomas de Zamora, y no han hecho nada en los últimos 20 años para combatir la corruptela, la inseguridad y la lucha contra las mafias“, se defiende el abogado Guillermo Berra, auditor general de Asuntos Internos, organismo anticorrupción que depende del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Berra, además, explica que su dirección, que depende directamente del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, “tiene la facultad de hacer procedimientos y requisas en dependencias policiales, a personal policial, sobre las pertenencias del personal policial. Estamos habilitados para hacerlo por el decreto 1050/09 que regula los procedimientos de Asuntos Internos, y el decreto 10/2016 firmado por la gobernadora (María Eugenia) Vidal”.

El entredicho con esa fiscalía y el juzgado de Garantía Número 9 de Avellaneda, cuyo titular es Silvio Carzoglio, ocurrió en el marco de la detención del oficial inspector Santos Víctor Mamani, legajo es el 168944, y que trabajaba en la Comisaría 4ª de Avellaneda como oficial de calle.

El policía fue detenido por los detectives de Asuntos Internos “con las manos en la masa”, apenas salía de cobrarle, en persona, una coima de 5.800 pesos a los dueños de la panadería Irupé, ubicada en General Hacha y Belgrano, en la localidad de Sarandí.

Los comerciantes, según denunciaron, estaban “asqueados” de abonar esa “cometa cada 15 días”, a cambio de una supuesta protección policial, para no ser asaltados por bandas delictivas que responderían a un sector de la propia policía de la zona.

El jefe de calle fue apresado por los hombres de Berra apenas salía de cobrar el presunto soborno, es decir en “flagrancia”.

En sus bolsillos encontraron la cifra exacta denunciada por la panadera. Y en su auto encontraron celulares, credenciales, armas y hasta un cuaderno donde estarían asentados los montos de dinero que Mamani no solo le cobraba de manera ilegal a la panadería Irupé, sino a otros comercios.

Una vez sorprendido en plena actividad, y con la ratificación de la denuncia de la víctima, los auditores de Berra denunciaron el caso ante la fiscalía de turno.

El presunto policía corrupto quedó detenido durante 24 horas, pero después, por disposición de la fiscalía y el juzgado de Garantías, quedó en libertad por la pretendida falta de independencia del organismo anticorrupción para llevar adelante sus habituales procedimientos.

“Dejaron en libertad a un delincuente. A un mal policía que cobraba coimas a los comerciantes bajo la jurisdicción de la Comisaría 4ª de Avellaneda y por eso también estamos investigando a esa repartición. Nosotros ya probamos el delito en pleno acto, en flagrancia, por eso lo vamos a exonerar de la fuerza como ya hicimos con otros”, argumentó Berra ante este portal más molesto aún que los funcionarios judiciales.

–En la fiscalía parecen muy seguros en que Asuntos Internos no tienen facultades para actuar de la manera en que lo hacen, le dijo Infobae a Berra.

–Hicimos el mismo procedimiento que cuando actuamos con los sobres en la Departamental de La Plata. Y todo lo actuado en esa causa fue convalidada por el juez de garantías, por la Cámara de Apelaciones y la Corte Bonaerense. Algunos fiscales deberían buscar los precedentes antes de dejar libres a delincuentes.

-¿Con cuántos fiscales se enfrentaron por motivos similares?

-A partir de la gestión del Procurador Julio Conte Grand, fueron cambiando las cosas y hay mucho más acompañamiento de fiscales. Y hay muchos fiscales que vienen a los procedimientos y se hacen cargo, y en muchos casos, ellos mismos aprehenden al personal policial que está involucrado. Lo que nos pasó en este caso, era la regla anterior, con la Procuradora anterior (por María del Carmen Falbo). Esta es una diferencia que hay que marcar. Aún quedan casos de algún sector de la Justicia, que en otro tiempo miro para otro lado, pero son cada vez menos.

Los números de la corruptela policial

El caso de Avellaneda está muy lejos de ser una excepción. Poco después de la frustrada detención, desafectaron de la fuerza al jefe distrital de Florencio Varela, Adolfo Martín Matos; al titular de la Comisaría 1ª de esa localidad, Pedro Gabriel González y a la administradora del lugar Gisela Luján Cordara, después de realizar un allanamiento en esa repartición y encontrar en la caja fuerte 700.000 pesos.

El dinero, procedería del pago de horas Polad -horas adicionales- que haría la policía del lugar para custodiar, por ejemplo, a comercios.

Pero los números, al menos por ahora no cierran. Es que al menos el cincuenta por ciento de los policías que figuraban cumpliendo tareas fuera de hora, no estaban enterados.

Por eso, los contadores de Asuntos Internos tratan de establecer la ruta de la totalidad de esa enorme cantidad de billetes, muchos de los cuales, se cree, podría tener origen ilegal.

Según los datos oficiales del ministerio de Seguridad bonaerense, desde el 10 de diciembre de 2015 al 30 de septiembre pasado, Asuntos Internos inició 15.974 sumarios por distintos hechos de corrupción que involucran a uniformados.

En ese mismo lapso, 6.651 policías fueron apartados de sus tareas. Y de esa cantidad, 1.466 fueron suspendidos. De ellos, 497 fueron detenidos.

A esos sumarios, hay que agregarles otros 300 que fueron abiertos por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a 900 efectivos. Ochenta de esos expedientes ya tienen estado judicial. Además, nueve de esos policías también son investigados por presunto lavado de activos.

Como se ve, una buena parte de los hombres y mujeres que deberían cuidar a los ciudadanos, no dejan artículos del Código Penal sin violar.

FUENTE: INFOBAE NOTICIAS