FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM (Dassaev Téllez/)
A solo unos días de cumplirse el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la difusión de presuntos mensajes que fueron intercambiados entre los líderes criminales de Guerreros Unidos y autoridades municipales de Iguala revelan que la agresión a los jóvenes el día 26 de septiembre de 2014 desató una serie de pugnas, acusaciones y fracturas entre los criminales.
Según los mensajes que se encuentran dentro del “anexo 8 Análisis telefónico centro GEO” que presentó el gobierno federal a través de la Comisión de la Verdad, lo que en un inicio se trataba de una “calentada” a los “pobres estudiantes” terminó en una serie de confusiones entre las cabecillas de Guerreros Unidos, y según los documentos presentados en el informe, personajes identificados como “El Chino” y “El Negro” habrían decidido el asesinato “a discreción” de todos los normalistas por razones que apuntan al intento de recuperar una supuesta “mercancía”, aunque no se especifica de qué naturaleza es esa mercancía.
Las comunicaciones involucran presuntamente a la hija de José Luis Abarca (identificada como Yaza “N”) en ese entonces alcalde Iguala, quien supuestamente se encontraba muy enojado por la incursión de los jóvenes de Ayotzinapa, de quienes sospechaban se encontraban infiltrados miembros de grupos criminales antagónicos a Guerreros Unidos.
El documento señala que “es factible que el elemento que desencadena la violencia extrema en contra de los normalistas de Ayotzinapa es la percepción, por parte de Guerreros Unidos, de que su presencia implicaba una infiltración de Los Rojos y la posibilidad de perder la plaza, tal y como ellos lo habrían hecho en Carrizalillo unos meses antes.
El uso de violencia extrema contra los estudiantes
El anexo sobre el Análisis Telefónico señala que las comunicaciones entre cabecillas del grupo criminal apunta a que se ordenó la ejecución de los estudiantes por grupos y estos habrían sido distribuidos entre presuntos operadores del cártel para deshacerse de los cuerpos, y según los mensajes que aparecen en la investigación algunos habrían sido “cocinados”, es decir disueltos en ácidos, otros más habrían sido arrojados al Río Balsas y otros más enterrados en un pozo.
Algunas hipótesis indican que algunos restos habrían sido llevados posteriormente a las instalaciones del 27 Batallón Militar para evitar que fueran encontrados, razón que justifica que los padres y familiares de las víctimas hayan demandado entrar a esa base militar para llevar a cabo una búsqueda, aunque se debe aclarar que se trata de una línea de las investigaciones y que este punto no ha sido resuelto.
De acuerdo con la investigación presentada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, seis de los 43 estudiantes quedaron vivos luego del 26 de septiembre y fueron privados de su libertad por personal del Ejército en un sitio denominado como la “bodega antigua”, no obstante, el entonces coronel José Roríguez Pérez habría ordenado su ejecución y desaparición al cabo de seis días.
Debido a la magnitud de las repercusiones que llegaron a nivel nacional, los líderes de Guerreros Unidos cayeron en enfrentamientos y se presentaron fracturas entre las células por la necesidad de poner carne de cañón ante las autoridades y así frenar en la mayor medida posible las investigaciones.
De acuerdo con el documento, algunos cabecillas se llegan a amenazar mutuamente para repartir culpas por el asesinato de los jóvenes estudiantes debido al temor de ser “traicionados” dentro del cártel. En los mensajes, el personaje identificado como “El Tilo” amenazó con exponer la evidencia de los cuerpos que quedaron a cargo de “El Gil” como una forma de proteger a su célula.
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