Los números de los abusos sexuales y violaciones en el país: más de la mitad de las víctimas son menores

El mal puede ser un hombre en la noche, o un pariente en casa.

El futbolista Jonathan Fabbro, ex River y Boca, hoy en el Lobos de Puebla, enfrenta una causa en la Justicia penal porteña por una imputación atroz: abusar durante cinco años de su ahijada, que hoy tiene once años, tocándole los pechos, eyaculándole en la boca, según la acusación de la menor validada por peritos del Cuerpo Médico Forense.

En la sala de audiencias del Tribunal Criminal Nº8 en la calle Talcahuano, Nicolás Antonio González, alias “Pipo”, es enjuiciado por cuatro ataques sexuales a mujeres de su zona, el Barrio INTA de Villa Lugano. Dos de ellas son menores de edad, otra, mayor, lo acusó de ultrajarla frente a su bebé de pocos meses, que estaba en la cuna. La fiscal de juicio Diana Goral pedirá en su alegato al menos 30 años de cárcel. A fines de julio último, la fiscal Cristina Caamaño comandó la captura a cargo de la PFA de J.L.L, un remisero de 61 años que había sido liberado recientemente del penal de Marcos Paz tras una condena de 15 años por violación. Una joven lo acusó de raptarla en un auto, para subirla, llevarla hasta una casa en Ituzaingó, obligarla a posar en lencería y luego ultrajarla por cada orificio.

Todo es un conjunto, no casos aislados: los abusos sexuales en la Argentina, los delitos contemplados en el artículo 119 del Código Penal, están en ascenso en las estadísticas. En todo el país, los delitos contra la integridad sexual son de instancia privada: la Justicia no puede actuar de oficio, solo pueden ser motorizados por una denuncia penal de la víctima. En el caso de que sea menor, de sus padres, tutores o guardianes legales.

Las víctimas, a lo largo del país, denuncian cada vez más. Lo demuestran los números del último informe del Ministerio Público Fiscal presentados por el procurador Julio Conte Grand: 1.110 causas por violaciones en 2015, 1.242 en 2016. Otros delitos contra la integridad sexual, como abusos simples o gravemente ultrajantes: 9.900 en 2015, 10.989 en 2016.

El último informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo apunta más de 215 mil denuncias en comisarías de la mujer y de la familia en territorio provincial para el año pasado, contra 195 mil de 2015 y 162 mil de 2014. Más de 29 mil de las formuladas en 2016 fueron por agresiones físicas.

La Unidad Fiscal de Ejecución Penal de la Procuración, dirigida por la doctora Guillermina García Padín, supervisa y contabiliza las sentencias de los tribunales del fuero penal de instrucción porteño y sus derivaciones en el Sistema Penitenciario Federal. Su último informe sobre la situación de condenados por delitos de integridad sexual, al que accedió Infobae, fue publicado recientemente: los abusos y violaciones, de acuerdo al mismo, representan un 10% de las 2.924 condenas con prisión efectiva del año pasado en la Capital Federal y un 5% de las 3.867 penas en suspenso. En estos últimos, el 88% fueron por abuso sexual simple. El 52% por ciento de los delitos que culminaron en prisión efectiva, al contrario, fueron por violación.

Las penas, de acuerdo al informe, fueron duras: 47% de los condenados fueron enviados a la cárcel por más de 15 años, un 13% con sentencias fueron de hasta cinco años. En el caso de las penas en suspenso, un 54% llegó al máximo de tres años que prevé la ley.

Sin embargo, las reglas impuestas por los jueces en las penas en suspenso fueron pocas. A 148 ofensores se les requirió fijar domicilio y presentarse en el patronato correspondiente; solo a seis se les impuso una prohibición de acercamiento a sus víctimas, a 17 una prohibición de contacto, y solo cinco tuvieron que asistir a cursos. A otros 34 se les impuso asistir a un tratamiento psicológico.

Para el 60% de los condenados fue su debut en los delitos sexuales, considerados ofensores primarios: un 6% del resto de los 292 casos con condena con cárcel fue para los reincidentes especiales, aquellos que volvían a cometer un ataque. Los reiterantes, aquellos nuevamente acusados y procesados por un delito de índole sexual, representaron el 13% del total.

Los atacantes primarios debutan en casa: el 68% de ellos cometió un delito intrafamiliar. Los abusos gravemente ultrajantes también son puertas adentro: 70% de los hechos denunciados. Los violadores golpean lejos: 59% de los hechos con condenas por abuso con acceso carnal fueron fuera del ámbito de la familia.

El informe no contempla los datos de la Justicia de menores. De todas formas, el espectro de edad no se acerca a la adolescencia: el 78% de los atacantes tiene entre 26 y 65 años. La alta mayoría del total de los condenados son argentinos: 345 nacionales contra 31 ciudadanos paraguayos y 32 peruanos. Un 29% posee, al menos, secundario completo. La alta mayoría de los más de 400 condenadas tenía trabajo; construcción y transporte de personas siendo los rubros con más atacantes: solo 30 imputados reconocieron estar desempleados.

¿Qué hay de las víctimas? Las mujeres son la amplia mayoría en las causas que terminaron en cárcel: 93%. La gran mayoría son menores de edad: 56%, el 40% adolescentes de 16 hasta 18 años. En los casos con condena en suspenso la estadística se vuelve más aberrante todavía, con 56% de víctimas con apenas hasta 13 años de edad, un dato revelador en términos de lo que hace la Justicia en los tribunales orales de la calle Talcahuano.

El 46% tenía un vínculo familiar con el agresor, con un 39% de casos con vínculos en los casos penados con cárcel. Los padres abusadores de los hijos de su pareja son la mayoría: 28%. Otro 25% ataca a los hijos de su pareja. Un 8% abusa de su pareja o su ex.

En los ataques fuera del ámbito de la familia, un 21% de los casos se produjo en el domicilio de la víctima y un 15% en el domicilio o lugar de trabajo del condenado: otro 21% ocurrió en ocasión de robo.

El sistema y sus fallas

¿Sirve denunciar el abuso? Los números de la UFEP, con un 13% de reincidentes, se aminoran en las estadísticas del Servicio Penitenciario Bonaerense, a cargo de Juan José Baric. Los delincuentes contra la integridad sexual son 4.041 hasta el momento, un 11% del total de los internos provinciales; solo un 6% está allí por una segunda pena, el 36% del total preso por violación.

En el Servicio Penitenciario Federal conducido por Emiliano Blanco –que cuenta con una unidad modelo en Senillosa, Neuquén, para ofensores sexuales donde está encerrado el mayor reincidente sexual del país, un chubutense de 57 años con seis condenas; un programa de rehabilitación opcional para ofensores condenados con 150 inscriptos y otros 160 actualmente en admisión- hay 578 internos por delitos sexuales. Solo 4 de ellos está allí por segunda vez, con una segunda condena.

La antropóloga Rita Segato, autora de libros como Las Estructuras Elementales de La Violencia es una de las teóricas más destacadas en el campo feminista argentino. Investigó los femicidios en Ciudad Juárez, México y la problemática de las violaciones en Brasil, con entrevistas a agresores en penales, con un extenso trabajo en la Penitenciaría de Brasilia junto a su equipo.

Segato asevera a Infobae: “Vi arrepentimiento, pero, por encima de todo, vi perplejidad. Es decir, absoluta falta de comprensión de lo que el agresor había hecho, falta de conexión con su acto en su situación presente, falta de conexión cognitiva, emocional, falta total de la comprensión de la racionalidad que se encuentra por detrás de la violación. El acto no tiene una utilidad, como otras agresiones, un robo, un asesinato por venganza, por encargo o miedo. La violencia sexual es el tipo de crimen que necesita más serenidad para ser entendido”.

Segato continúa: “El encierro sirve para que la víctima, sus familiares y la sociedad en general consigan, con el tiempo, cicatrizar la herida del mal recibido. Sirve para que la gente siga teniendo fe en las instituciones (a pesar de todos los fracasos de las instituciones) y confianza en que existe un orden social y una justicia, pero no sirve para reducir este tipo de delito. La solución se encuentra en el trabajo en la sociedad y en la conciencia de sus miembros con relación al significado de este tipo de agresión que no le sirve a nadie, nadie se hace más rico con una violación. Si la cárcel sirve, no lo sabemos, porque no existen cárceles ni decentes ni adecuadas para intentar promover ese cambio“.

El aumento en denuncias se replica en celeridad para denunciar. De acuerdo al informe de la UFEP: 62% del total de los casos se denuncia en la misma semana en que ocurre el hecho. Sin embargo, un 22% de los casos son reportados a la Justicia entre uno y cinco años después. El acceso a abogados querellantes por parte de mujeres para que motoricen las causas es un fenómeno minoritario: solo existe en un 16% en casos con penas de cárcel y 7% en casos con condenas en suspenso.

El abuso sexual y la violación en la Argentina, al ser un delito de instancia privada, implica una de las mayores cifras negras criminales del país, con una cantidad inestimable de delitos no denunciados. Denunciar es clave, la única chance para que el abusador sea investigado y llevado a juicio en la ley argentina.

Pero denunciar no es fácil. Los dispositivos para denunciar abusos y violencia de género, con personal capacitado, especializado y con perspectiva de género, capaces de contener a la víctima, son pocos. La Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema recibió, por ejemplo, la denuncia por doble violación de la ex pareja del fiscal general Julio Castro. Hoy, Castro está procesado por el juez Hernán López con una fuerte investigación interna de la Procuración en paralelo que podría costarle el cargo.

También, la OVD recibió más de 17 mil denuncias de mujeres migrantes desde su creación en 2008. La UFEM, el ala de la Procuración dedicada a delitos de género, fue creada por orden de Alejandra Gils Carbó y es motorizada por la fiscal Mariela Labozzetta, interviene por ejemplo en el caso de abuso ocurrido durante la última toma del Colegio Nacional de Buenos Aires y fue clave en el esclarecimiento del asesinato de la activista trans Diana Sacayán. La DOVIC, también parte de la Procuración, se encarga del acompañamiento y contención de víctimas, desde la denuncia hasta el juicio, sean mayores o menores, junto a sus familias o tutores.

Sin embargo, estos recursos son excepciones en el sistema. Las comisarías suelen ser atmósferas hostiles, los operadores judiciales no suelen estar capacitados, el proceso puede revivir el trauma del abuso, una revictimización.

Malena Derdoy es la titular de la DOVIC. “Dificultades hay muchas”, apunta Derdoy. “El primer gran problema en este delito es que no se les cree a las víctimas. La mayoría de los casos ocurren a puertas cerradas y con el velo de la amenaza. Se nota en casos en donde nos toca acompañar. Cuando hay operadores judiciales comprometidos, con sensibilidad de género, los expedientes avanzan con menores niveles de impunidad. La carencia de atención y falta de credibilidad garantizan la impunidad. La víctima siempre es creíble. Pocos que quieran arruinarle la vida a otro se van a someter a semejante proceso penal. El juez debe valorar la prueba con perspectiva de género“.

Las críticas son más fuertes del lado de Sabrina Cartabia, abogada, investigadora, presidenta de la Asociación Civil Red de Mujeres y miembro del colectivo Ni Una Menos: “El sistema tiene fallas que están a la luz y que las mujeres que lo transitan las sufren. No está preparado para dar la atención que las mujeres necesitan, no hay un reflejo presupuestario, no se contiene el flujo de denuncias. Hay fiscalías especializadas en la provincia, pero con personas que demostraron no tener idoneidad; las facultades de derecho no incorporan estas cuestiones. No hay políticas públicas formativas para investigar sin revictimizar. Hay estándares internacionales, Argentina firmó tratados al respecto. Los jueces no se preocupan por seguir las medidas. Se trata de los derechos de la mitad de la población o más“, asevera Cartabia.

Pocos podrían cuestionar la perspectiva de género de Mónica Cuñarro, fiscal general, profesora de derecho penal en la UBA y licenciada en administración de Justicia. El atraso en la materia, tal como dice Cartabia y según Cuñarro, es nacional. “Hay un crecimiento de las violaciones seguidas de muerte por el solo hecho de que la víctima sea mujer. En la mayor parte de las jurisdicciones del país la performance de la Justicia más allá de la ciudad de Buenos Aires, que es la única con condenas por femicidio, sigue sin receptar la figura legal, no hay imputaciones por parte de los fiscales. Al contrario de Alejandra Gils Carbó, el procurador de la provincia de Buenos Aires sí puede dar instrucciones a sus funcionarios al respecto. Las denuncias han crecido, sin dudas, las mujeres de todas las edades se animan a contarlo, en sus páginas de Facebook. No saben que tienen todos los mecanismos que ofrece la ciudad de Buenos Aires, como las fiscalías, la OVD, la DOVIC y la UFEM, que no se replican en el resto del país. Hay que enseñar a los varones a respetar, integrar esto a las escuelas, dar clases de respeto de género“.

“Hay, por otra parte, una falta de recursos de la cartera de Justicia para implementar estas reformas. Urge que las carteras de Salud establezcan protocolos en hospitales públicos para cuando una víctima llegue una guardia, para que la revise una médica mujer, para que la acompañe una mujer policía”, continúa Cuñarro.

¿Solo un padre o tutor puede denunciar el abuso a un menor? De cara a lo ocurrido en el CNBA, la fiscal general apunta un dato novedoso: “Si no hay padres, tutores o encargados el sistema penal no puede entrar a funcionar, pero sí puede entrar la OVD. La misma OVD tiene profesionales que pueden ver qué pasa con la falta de la denuncia. La OVD en principio da intervención al asesor de menores, puede intervenir un juez civil, se arma el expediente, se envían especialistas“.

Con respecto a la actuación de la Justicia, Cuñarro tiene una idea: “Estoy comprometida con muchas de las peticiones de las marchas del 8M en las cuales he participado y participado mi hija. Esto es un orgullo a nivel internacional, ya que se toma como referente el nivel y la magnitud que estas marchas tienen en cuanto al compromiso, de los sectores políticos y las organizaciones. También han logrado subir a los varones. Sin embargo, creo que los únicos logros de las marchas no pueden ser reformas de tipo penal. Hay múltiples cuestiones insertas en la cultura. Las ONG de género son muchas. Lo que podrían hacer es un monitoreo de lo que hacen jueces y fiscales ante estos hechos como lo han hecho los organismos de derechos humanos. La Corte Suprema podría sacar una acordada con protocolos mínimos para que los jueces no revictimicen, por ejemplo, haciendo declarar a victimas frente a sus victimarios en juicios orales. La Justicia es machista”.

La doctora Paula Asaro fue la encargada de capturar y llevar a juicio al portero José Luis Mangeri, condenado por el asesinato de Ángeles Rawson. Pocos cuestionarían su perspectiva de género. La violencia de género es una realidad cotidiana en los expedientes que tramitan por su fiscalía. Asaro afirma: “Hay una tendencia. Las personas antes no denunciaban, ahora sí, desde que la violencia de género está en el tapete de la discusión pública. Con la UFEM y la DOVIC trabajamos para que estas causas lleguen a juicio, pero complica la circunstancia, el abuso intrafamiliar cuesta mucho que sea denunciado. Eso requiere un grado muy importante de contención. Cuestiones como lesiones se terminan volatilizando en conciliaciones”.

Las fallas y trampas del sistema vuelven a la discusión. La falta de seguimiento de la Justicia, apunta Sabrina Cartabia, se vuelve especialmente cruel en la provincia de Buenos Aires. De 125 mil causas por violencia familiar en 2015, solo 109 recibieron sanciones de acuerdo al registro de la Suprema Corte. Con respecto a la Policía Bonaerense, solo 1% de los casi 2.000 sumarios por violencia de género iniciados a la Policía Bonaerense, con 687 varones denunciados en Asuntos Internos entre 2015 y 2016, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo provincial, llegaron a una sanción.

La fiscal Cuñarro apunta: “Coincido con algunas de mis colegas. El sistema penal no resuelve todos problemas de cada mujer o niña, pero se trata de ser solidaria con la próxima mujer”. Cartabia asevera: “No podemos exigirle a las mujeres solidaridad con otras mujeres con un sistema que no está preparado para poder procesar la demanda y dar una respuesta acorde”.

Asaro continúa la discusión: “Entiendo la postura, pero hay que dar conciencia de que estos delincuentes terminan siendo reincidentes. Un hombre que abusa o viola lo hace con vos y lo puede hacer con otra. Hace un tiempo, tuve un caso de violencia, una pareja de adictos. La mujer denunció. Tiempo después, apareció de la mano de la pareja para retirar la denuncia. Intentaron negociar una probation, yo me negué. El juez le dijo a la mujer: ‘Nosotros estamos para defenderla. ¿Qué vamos a hacer cuando vuelva golpeada otra vez?’ Que se hayan amigado no significa que no la vaya a golpear nuevamente. La denuncia hay que hacerla. El Estado se tiene que ocupar de estos casos“.

Malena Derdoy, titular de la DOVIC, tiene una mirada por lo menos cercana al problema: “Un sistema que funcione bien no debería revictimizar. Una cosa es revivir el trauma, otra no pasar por un proceso agradable. No es sacar un pasaje o tomar un helado. De eso a que sea a un proceso revictimizante es otra cosa”.

Derdoy sigue: “Denunciar siempre suma. Saca al ofensor de la situación de confort y de invisibilidad. Genera movimiento, puesta en agenda, es salir del estado de soledad en donde opera el violento. Alguien lo está mirando. El testimonio principal es de la víctima. Tiene que haber una presencia del Estado que pueda apoyar a la víctima, recolectar a otras pruebas. Pero también el sistema punitivo no da la respuesta a todo. Hay que explorar otros mecanismos. Hay que contarlo, darle visibilidad. La vergüenza es del victimario, nunca de la víctima“.

FUENTE: INFOBAE NOTICIAS