Los juristas de Sumar avalan que la amnistía es “constitucional” y “legítima”, se debe aplicar desde 2013 y dejar fuera los casos de corrupción

Una amnistía que implique generosidad por todas las partes y que ayude a la reconciliación. Estas son las premisas básicas del dictamen jurídico que Sumar ha presentado este martes en Barcelona y que quiere que sirva como base de una futura ley que sea del agrado de Junts y que permita reeditar un gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. El texto, de 34 páginas, avala que la amnistía es constitucional y legítima, sugiere que se aplique a partir de enero de 2013 y incluya también a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que participaron en las cargas destinadas a impedir la votación de octubre de 2017, pero con excepciones.

Sumar ha puesto mucho empeño en este dictamen, que espera que sea tenido en cuenta en la fórmula que PSOE y Junts están negociando para llegar a un acuerdo. Los socialistas, en cambio, enfriaron horas antes las previsiones de los de Yolanda Díaz en boca del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, que aseguró que aun se está lejos de llegar a un pacto, equiparándolo con “un guiso que todavía no está en el fuego”. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones y miembro de la comisión negociadora socialista para la investidura de Sánchez, dejó claro hace días que la iniciativa de Sumar no es la del PSOE.

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El documento se divide en tres partes: el “respaldo constitucional” de esa medida; “las razones” políticas para su aprobación; y, por último, su “ámbito de aplicación”. Presentado en el Ateneo Barcelonés y con la presencia de Yolanda Díaz y Ada Colau, está firmado por cinco juristas especializados en derecho penal: Nicolás García Rivas, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Antoni Llabrés Fuster, de la Universitat de les Illes Balears; Javier Mira Benavent, de la Universitat de València; Guillermo Portilla Contreras, de la Universidad de Jaén; y Rafael Rebollo Vargas, de la Universitat Autónoma de Barcelona. El texto, recalcan los ponentes, no es una especie de articulado de una futura ley de amnistía, sino una serie de postulados jurídicos que ayuden a encajar esa posible amnistía dentro de la Constitución y que sirva para superar y enterrar el conflicto político en Cataluña.

Los expertos que asesoran a Sumar presentan la amnistía como un paso más en la “política despenalizadora” que se inició en junio de 2021 con la concesión de los indultos a los nueve dirigentes del procés condenados y la posterior reforma del Código Penal para los delitos de malversación y sedición. “Se trata, en efecto, de una segunda fase que tiene como rasgo fundamental la desconfianza hacia la utilización exclusiva del Derecho penal como instrumento para la solución de dicho conflicto y en el que las posibles actuaciones lesivas de derechos fundamentales que han tenido lugar en los últimos años se enmarcan en un contexto de tergiversación del orden público”.

“La superación de esa tergiversación en el marco de una Constitución que proclama como valores superiores el pluralismo político y la libertad (la tolerancia en definitiva) es la base que confiere legitimidad a una medida tan excepcional”, señala el texto. Para justificar la medida, el documento sostiene que el conflicto político entre Cataluña y el Estado resultó agravado “por una contundente represión penal y por la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales”.

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El dictamen remarca como un punto de inflexión el recorte del Estatut por parte del Tribunal Constitucional en 2010. Y sugiere que la intervención de la ley se inicie a partir de enero de 2013 y, sobre todo, de las consecuencias penales en las que derivó la consulta popular del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, así como la movilización del 1 de octubre de 2017. Por lo que se refiere al Estado, se propone dejar sin efecto las cargas policiales del 1-O, salvo las que son graves vulneraciones de derechos humanos, no amnistiables por el derecho internacional. Estos cinco expertos también excluyen de una futura ley de amnistía los casos de corrupción y de vulneración de derechos humanos. Aunque no lo cita explícitamente, Jordi Pujol quedaría fuera.

Nicolás García, coordinador del equipo de juristas, considera que el hecho de que la Constitución española no mencione la amnistía no implica “en absoluto” que la prohíba. “Igual que la Constitución no habla de la eutanasia y hay una ley de eutanasia”. El dictamen cita sentencias del Supremo que avalan la vigencia de la ley de amnistía y, por tanto, “su constitucionalidad”, además de 18 sentencias del Tribunal Constitucional que hacen referencia a la ley de amnistía. Por último, se inspira en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que fija cuatro requisitos para que esta medida de gracia pueda prosperar: tiene que estar justificada por un motivo legítimo; que sea desarrollada a través de una ley orgánica (con un consenso importante); que todas las partes del conflicto reciban el mismo trato; y que cumpla con el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos.

Beneficiados

En el texto se mencionan expresamente las personas que podrían verse beneficiadas por esa ley de amnistía. El primero, Carles Puigdemont. También beneficiaría a los 50 cargos de la Generalitat sometidos a procedimientos penales en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre, así como a los más de 700 alcaldes que fueron investigados por apoyarlo. Luego están los CDR acusados de delitos contra el orden público, que se saldaron con otras 700 personas imputadas. También abarcaría la investigación del Tribunal de Cuentas a 54 personas por su participación en la organización de la consulta del 1-O. “A todo ello, habría que sumar más de 850 denuncias de infracciones administrativas de la Ley de Seguridad Ciudadana”, señala el dictamen.

Los juristas proponen también amnistiar las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encaminadas a impedir la celebración del referéndum en octubre de 2017, pero solo los actos cometidos susceptibles de ser calificados como delitos de funcionarios públicos contra las garantías constitucionales como los delitos de lesiones. Quedarían fuera las actuaciones de los miembros policiales “susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o delito de detenciones ilegales de autoridad o funcionario público sin mediar causa por delito”. Los juristas recuerdan que la actuación policial provocó unas 1.000 víctimas de diversa gravedad entre el 1 y el 4 de octubre de 2017 que mantiene imputados a cinco policías.

El acto de Barcelona lo terminó Jaume Asens, negociador de Sumar con los grupos independentistas, que recalcó que la amnistía no “debe ser una moneda de cambio política” sino “un paso natural y coherente para llegar a un acuerdo histórico, una oportunidad para hacer política con mayúsculas y para permitir que el conflicto político deje de estar en los tribunales. En una democracia no mandan los jueces”.