(Jeffrey Arguedas/)
La tarde de este jueves, el juez cuarto de Distrito Penal de Juicios, Ángel Jancarlos Fernández, dictó sentencia de culpabilidad en contra de la reconocida exguerrillera Dora María Téllez por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”. La Fiscalía pide 15 años de prisión para ella. Poco después otro juez condenó al líder estudiantil Lesther Alemán por el mismo delito. Alemán es el joven que el 17 de mayo de 2018 increpó a Daniel Ortega en las primeras conversaciones que sostuvo con los opositores: “Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida”, dijo el joven con voz fuerte ante un sorprendido Ortega.
Antes de Téllez y Alemán, fue condenada la activista Ana Margarita Vigil, y antes resultaron condenados los jóvenes Yader Parajón y Yaser Muhamar Vado, todos por el mismo delito, en un maratón de juicios políticos que el régimen nicaragüense ha comenzado esta semana y se extenderá hasta marzo, según una primera programación.
Daniel Ortega mantiene en las cárceles a 170 nicaragüenses por razones políticas. Más de 40 de ellos fueron apresados entre junio y noviembre de 2021 con el propósito de anular a la oposición y permitirle a Ortega participar sin competencia en las elecciones de noviembre pasado. Estos últimos reos son reconocidos líderes opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, comentaristas y siete personas que manifestaron su intención de ser candidatos presidenciales de la oposición.
Todos los juicios, hasta ahora, siguen un mismo patrón. Las audiencias se realizan en la cárcel llamada El Nuevo Chipote, donde la mayoría permanece recluida, se emiten sentencias en un solo día, los testigos son policías, las pruebas generalmente son mensajes de redes sociales y declaraciones públicas, y se realizan en privado, a pesar que fueron anunciados por el Ministerio Público como “juicios orales y públicos”, según establece la ley.
“Esta nueva fase se caracteriza porque ya no guardan ninguna apariencia de legalidad”, resume Yader Morazán, especialista en administración de justicia y ex funcionario del sistema judicial de Nicaragua. “Se caracteriza por el ocultamiento de acusados, el ocultamiento de expedientes, la denegación del acceso a la defensa, la comunicación con sus familiares. Esto no se había visto ni siquiera en el 2018 cuando comenzaron a inventar delitos comunes para los opositores”.
“La arbitrariedad se impone incluso por encima de lo que el mismo poder judicial quisiera realizar para este tipo de casos. La celebración de audiencias en una sede policial reconocida como un sitio de tortura eso es algo con lo que ningún juez se podría sentir cómodo”, añade.
Para la abogada y ex fiscal nicaragüense, Eilyn Cruz, hay suficientes irregularidades para declarar la nulidad de todos los juicios. “El simple hecho de que la audiencia sean privadas es el primer motivo de nulidad. Otro motivo de nulidad es el traslado del asiento del juez a la cárcel. Otros más son no dar lugar a las peticiones de la defensa, las investigaciones ilegales, los allanamientos sin fundamentos y que el juez convalidó. ¡Un juez independiente jamás hubiera convalidado eso! Y una Fiscalía independiente nunca hubiera empezado una acción penal con esa deficiencia probatoria”, dice.
Estas son algunas de las irregularidades que han denunciado especialistas en los que consideran “juicios arbitrarios y amañados”:
Sentencia previa
“Yo me atrevería a afirmar que las sentencias están elaboradas desde antes que comience el juicio”, afirma una ex trabajadora judicial que pidió anonimato.
Desde que el Ministerio Público anunció los juicios llamó “criminales y delincuentes” a los acusados en contradicción con la presunción de inocencia para los procesados “mientras no se demuestre su culpabilidad” que establece el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua y la prohibición expresa del Código Penal, el cual ordena que “hasta la declaratoria de culpabilidad ningún funcionario o empleado público podrá presentar a una persona como culpable”.
“Estos mismos criminales y delincuentes han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüenses, comprometiendo la paz y la seguridad”, señaló el Ministerio Público en su comunicado, obviando las disposiciones legales.
“El comunicado de la Fiscalía violenta la presunción de inocencia, el debido proceso, el principio de objetividad, auto presentándose como un ministerio más del poder ejecutivo. No disimulan. Ni dicen siquiera que ´se presume´”, afirma la exfiscal Cruz, miembro Acción Penal, una organización de abogados en el exilio.
Condenas exprés
Los acusados tienen entre 253 y 75 días de cárcel, en un proceso que el sistema judicial ha considerado “complejo” y pasó inmovilizado durante más de tres meses porque los jueces alegaron “exceso de carga laboral”. Esa retardación se contradice con la premura por dictar sentencias. Todos los juicios, hasta ahora han sido resueltos el mismo día, a pesar que los jueces tienen 10 días para ellos.
“El desarrollo de los juicios está siendo celebrado con celeridad, porque están empezándolo en la mañana y terminándolo en la noche, y eso está bien, pero se contradice con la programación, la retardación que tienen esos juicios sin ningún fundamento legal”, dice la abogada Cruz.
Para Morazán “es inverosímil que a la mayoría de los casos se aplicaron los 90 días (máximo de prisión preventiva) para una investigación compleja. Esos 90 días se justifican en función del grado de complejidad de la investigación o el grado de complejidad de la compilación de la prueba, sin embargo, los juicios duran un solo día”.
“Los que hemos trabajos en el poder judicial sabemos que la carga laboral nunca ha sido una justificación para no tramitar un caso porque, incluso, el justificar la retardación con carga laboral podría significar que se caiga un juicio. Es evidente que obedece a un lineamiento político porque de la noche a la mañana no te podés descongestionar y sacar todos de un solo”, añade.
Defensas bloqueadas
Los abogados defensores han denunciados impedimentos que la Policía, jueces y Fiscalía les han puesto para realizar su trabajo, tales como la imposibilidad de entrevistarse con su defendido y el rechazo a todas sus peticiones.
“Las peticiones de la defensa no son oportunamente resueltas o no son nunca resueltas por parte del juez y mucho menos por los fiscales, conforme el principio de objetividad. No se están pronunciando sobre ninguna de las peticiones”, afirma la abogada Eilyn Cruz.
“Las defensas son asediadas y hostigadas en el ejercicio de sus funciones. A la defensa de Ana Margarita le quitaron su libreta de anotaciones del juicio. Eso es insólito. La libreta es donde el abogado va anotando todos los aspectos que él considere, conforme su estrategia en la defensa. Es decir, están violentando hasta las estrategias de las defensas”, agrega.
Cárcel como tribunal
Los juicios se desarrollan en las instalaciones de la cárcel policial conocida como El Nuevo Chipote. “La sustracción del juez de su asiento del tribunal a las celdas policiales es una de las mayores irregularidades”, dice Cruz. “No hay ningún fundamento de ley que justifique por qué el juez traslada toda su actividad judicial, jurisdiccional, a una delegación policial. Y tampoco el órgano acusador, que es el Ministerio Público, no se opone, sino que más bien se allana a esa decisión, porque los juicios deberían estar celebrándose en el complejo central y siendo juicios orales y públicos, con acceso de los familiares, los medios de comunicación en general y cualquier otra persona que quiera asistir”.
Testigos policías
Los testigos en los juicios son generalmente policías y las pruebas, mensajes de redes sociales o declaraciones en medios de comunicación. “Los policías pueden testigos, pero lo indicado es que el juicio sea público para que la gente conozca cuáles son esas pruebas que se están presentando y con las cuales están desvirtuando la presunción de inocencia”, dice Cruz.
Morazán, por su parte, no encuentra correlación entre la investigación y el trato procesal. “¿Estuviste investigando tres meses y llevás de prueba solo dos audios y tres publicaciones de la web? Es ilógico eso”, dice.
Delito inexistente
La mayoría de los presos políticos están acusados y siendo condenados por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”, que se aplica “a personas que quieran dividir a Nicaragua, el territorio nacional” o que “estén intentando que otro estado venga y someta al estado de Nicaragua o se apodere de parte del territorio nacional”.
“Al usar menoscabo a la integridad nacional, están cometiendo otro error porque no hay pruebas de que alguien esté tratando de separar territorio de Nicaragua”, señala un abogado defensor.
“Estos hechos son inexistentes”, dice Yader Morazán. “En derecho hay algo que llamamos ´un hecho imposible´, un hecho que no puede ser castigado porque, aun haciendo todo lo que vos te habías dispuesto hacer era irrealizable ese hecho. ¿Cómo Ana Margarita Vijil (presa política condenada por este delito) va a menoscabar la integridad de la nación? Es imposible porque ella no ejerce una posición de poder que le permita hacer eso. Este tipo de delitos corresponde a presidentes o personas que tienen altos cargos y hacen acuerdos con otra nación que pueden menoscabar la integridad de una nación. Pero ni que Ana Margarita Vijil vendiera su alma al diablo podría hacer lo que se le está imputando”.
Para Morazán hay un contubernio, ordenado desde más arriba, entre la Policía, La Fiscalía, los jueces y hasta defensores públicos para condenar a los presos políticos. “Quien te investiga se colude con quien te acusa y quien acusa se colude con el juez. Los jueces solo sirven para darle algún tipo de formalidad al proceso”, dice.
“No hay dudas que los juicios contra críticos y opositores son una farsa del régimen. Los procesos no cuentan con ninguna garantía de debido proceso”, señala a Infobae Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Hemos analizado varias acusaciones y es claro que las pruebas mencionadas por la Fiscalía no tienen ninguna base ni se vinculan con hechos que puedan considerarse delitos”.
“Llegan al absurdo de incluir como evidencia que fundamenta las acusaciones de ´menoscabo a la integridad nacional´ a declaraciones de los detenidos en un medio independiente. Es ridículo. Los detenidos no han podido reunirse con sus abogados, les han puesto defensores públicos durante las primeras audiencias y han sufrido condiciones abusivas en detención. La lista de irregularidades es enorme y podría seguir. Con un Ministerio Público al servicio del régimen, lamentablemente ya sabemos cuál va a ser el resultado de estos procesos, y es precisamente por eso que la comunidad internacional debe continuar poniéndole el ojo a la situación en Nicaragua y presionar para la liberación incondicional de todos los presos políticos”, concluye.
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