Los impactantes números de la "guerra contra el paco" en la Provincia

Joaquín W. tiene 16 años. Vive en Puerta de Hierro, una villa de Isidro Casanova abandonada a la mano de Dios y conocida en la zona como “El supermercado del Paco”. Su madre, nacida en Chaco, es alcohólica. Su padre, que llegó al país oriundo de la ciudad peruana de Chepén, está preso desde hace cuatro años en la Unidad Penitenciaria 43, ubicada en González Catán. Fue condenado a prisión perpetua por el delito de “robo agravado y homicidio criminis causa” por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de La Matanza. Sus dos hermanos mayores, Esteban y Mario, murieron bajo la ley de las balas.
El primero durante un enfrentamiento con la policía. El otro, a manos de una pequeña banda de dealers que interpretaron que Mario intentaba coparle uno de los pasillos, el de rejas verdes oxidadas, para vender dosis de “paco”, marihuana y cocaína cuya pureza, como máximo, podía llegar al 40%.

Joaquín W. dejó la primaria en 6° grado y, por más que el padre Bachi hizo todo lo posible para que retome los estudios en la Escuela 96, Juana Azurduy, como tantas veces, no tuvo éxito. Sin embargo, el cura villero, que desde hace más de tres décadas vive en Villa Palito, no baja los brazos.

De cerca, el muchacho parece mayor. Sus pómulos son prominentes porque sus cachetes están metidos hacia adentro. Le faltan muelas. Sus dientes están consumidos. Son como escarbadientes, grises y negros, de tanto aspirar el humo caliente que se mete en sus pulmones y le fríe el cerebro después de aspirar la pipa de aluminio cargada de pasta base.
Joaquín W. es un “fisura” más, producto del abandono del Estado.

Hasta el 2 de mayo pasado, el escuálido muchacho había zafado de la autoridad, aunque en al menos dos oportunidades anteriores los “covani”, como llamó a los policías cuando lo interrogaron en el Juzgado de Menores Número 1, en Gregorio de Laferrere, estuvieron cerca de detenerlo junto a dos amigos que salían de uno de los tantos bunkers del lugar para el cual “trabajaban” como “pasadores”.

Sin embargo, ese día el santo pagano “San La Muerte” no lo acompañó. Los diarios y los noticieros contarían que los 14 allanamientos simultáneos realizados por los grupos especiales de la policía de la Provincia de Buenos Aires en el “shopping del paco”, en Villa Puerta de Hierro, “fueron un éxito”.

Los uniformados secuestraron, según los reportes oficiales, “1800 dosis de paco, 800 de cocaína, un arma de fabricación tumbera, un cargamento de armas de fuego, municiones y celulares”, e identificadas “ocho personas que fueron puestas a disposición de la justicia”.

El único menor era él. Después de varias idas y vueltas, y con los buenos oficios de un abogado suministrado por el Poder Judicial de la Matanza, Joaquín W. volvió al mismo entorno que llevó al cementerio a sus hermanos y al presidio a su padre. Enterado de lo sucedido, el padre Bachi fue a prestarle su palabra y sus manos. Lo encontró enroscado en una frazada sucia en el mismo pasillo en que la Policía lo detuvo vendiendo paco y cocaína de pésima calidad.

Joaquín W. y los otro siete detenidos en la gigantesca redada de ese mayo forman parte de los 85.000 detenidos “por causas vinculadas a drogas” entre enero de 2016 y octubre de este año, por parte de los efectivos de la Policía Bonaerense que actúan bajo la dirección de fiscales y jueces de la provincia de Buenos Aires. La cifra intimida. Esa cantidad de personas supera la capacidad del estadio de River Plate, según la figura utilizada por el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo.

Desde que llegó a la gobernación María Eugenia Vidal, uno de los objetivos fue combatir la narcocriminalidad. Y la lucha contra el “paco” es uno de los objetivos ya que es la droga que mayor número de muerte genera en las barriadas más humildes, aunque no existen cifras oficiales ni serias sobre cantidad de víctimas fatales mensuales.

De esos 85.000 detenidos “por causas vinculadas a drogas”, según el informe del Ministerio de Seguridad bonaerense al que accedió de manera exclusiva Infobae, la mayoría quedó en libertad mientras siguen los procesos penales, como es el caso de Joaquín W., cuya historia fue reconstruida a través del expediente que se abrió en el juzgado de menores de La Matanza.

La guerra contra el “paco”, tan declamada durante dos décadas, y que no arrojaron resultados útiles, parece haber comenzado a tener efecto al multiplicarse los operativos. Entre el año 2015, cuando el gobernador era Daniel Scioli, a octubre de este 2017 la unidades de pasta base que estaban dispuestas a venderse al menudeo en los barrios más empobrecidos, sobre todo del Conurbano, aumentó un 118%.
De las 158.106 unidades secuestradas en 2015 hasta octubre de 2017, ya se llevan incautadas y destruidas 158.106 envoltorios. De esa cantidad 52.584 unidades se incautaron solamente en la Matanza, el lugar donde sobrevive Joaquín W.

Las estadísticas establecen que en la Delegación Quilmes, que abarca el municipio con el mismo nombre más los partidos de Florencio Varela y Berazategui, es donde el porcentaje de dosis de “paco” se secuestraron, el aumento entre 2015 y octubre de este año fue de 1.200%, es decir que en esos distritos prácticamente no se realizaban operativos anti-drogas.

De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, las zonas dónde se incautó la mayor cantidad de pasta base en la provincia de Buenos Aires son en la Delegación La Matanza, en la Delegación Lomas de Zamora, en la Delegación Quilmes, en la Delegación Presidente Perón, y en la Delegación Pilar.

En los primeros diez meses de este 2017, solo para combatir la venta de paco se realizaron 234 allanamientos y quedaron detenidos y a disposición de la justicia 264 personas. En 2015 los números son muy inferiores: los allanamientos fueron 80 y los detenidos 89.

Entre el año 2016 y octubre de 2017, el ministerio de Seguridad bonaerense ya demolió 32 bunkers. Estos, además de las casas particulares, son los lugares desde los cuales se venden los envoltorios de “paco”, cocaína y marihuana, pero sobre todo el primero. La pasta base tiene un alto poder de rotación en estos deprimentes puntos de intercambio de estupefaciente por dinero. Plata que en buena medida está manchada con sangre porque los menores, pero también los adultos, salen a robar a punta de pistola o a puntazos para comprar el veneno que los terminará matando de una manera u otra.

Las bandas mafiosas narcos que tomaron villas y asentamientos del Conurbano Bonaerense a fuerza de gatillo, y de corromper a autoridades políticas, judiciales y policiales, se convirtieron, en verdaderas PYMES del delito que emplean, sobre todo, a menores a los que primero le regalan las dosis del adictivo “paco” y después, al no tener dinero para comprarlo, es intercambiado por sexo, sobre todo en el caso de las adolescentes, o formando parte de la red narco-barrial.
Es así como en Puerta de Hierro, Villa Palito, Barrio La Rana, Barrio Obrero, San Carlos, La Cava o Budge, entre otros, la policía, la Justicia y el Ministerio de Seguridad detectaron a cientos de menores a los que los “transas” les pagan con estupefacientes o con 400 o 500 pesos la noche a los que les guardan la droga en sus casas para evitar ser sorprendidos por la policías si realizan un allanamiento.

También en las mismas villas “emplean” a chiquilines de 12 a 15 años para fraccionar y envolver en los clásicos celofanes o papeles brillosos de colores marihuana, “paco” o la cocaína ya “estirada”. Por 12 horas de ese trabajo insalubre e ilegal, a estos menores, los capos narcos de los asentamientos les llegan a pagar hasta 700 pesos, una verdadera fortuna teniendo en cuenta que muchos de ellos tienen a sus padres desempleados, muertos, o son víctimas de alguna dependencia de drogas ilegales o legal, como el alcohol o purgan condena en un penal.

A los “soldaditos de la droga” o dealers, que casi nunca son mayores de 17 años, que viven al borde del delito y que son capaces de matar para conseguir una dosis, les pagan por vender en las esquinas o los pasillos unos pocos pesos o con unas dosis de “base”.

Ante el juez de menores de la Matanza Joaquín W. le confió: “Doctor, usted ya debe saber, primero se empieza como consumidor y después el ‘transa’ te dice que si ‘querés más tenés que vender'”. Los expedientes judiciales están superpoblados de testimonios similares. Derribar bunkers o kioscos de drogas, es eliminar, al menos por un tiempo, una de estas PYMES de la esclavitud y muerte. Es cerrar una puerta al infierno.

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En La Matanza es el distrito dónde más bunkers se derribaron en los últimos 22 meses: ocho en total. El 15 de agosto pasado, por ejemplo, se demolieron tres en Puerta de Hierro, o la “fábrica del paco”, como también se llama a esa villa. Y poco antes, el 14 de julio, allí también se realizaron ocho procedimientos, siete de los cuales fueron a bunkers.

Solo entre enero y octubre de este 2017 la Policía de la Provincia de Buenos Aires derribó 14 búnkeres narco: tres en Quilmes; uno en Esteban Echeverría; uno en Lomas de Zamora, uno en Morón y los ocho ya mencionados en La Matanza.

El demolido en Lomas de Zamora fue un duro golpe al narcotráfico al menudeo de la zona Sur. Ocurrió el 3 de junio pasado en Budge, el mismo lugar donde se asienta la Feria La Salada. Solo allí se incautaron 20.000 dosis de “paco”, 220 “cubos de marihuana”, 70 envoltorios de cocaína y armas: una escopeta calibre 12/70 y una ametralladora MFK3 calibre 9 mm.

La ametralladora pertenecía al “Patrón”, el jefe de la banda narco-mafiosa y fue usada por “El Lagrima” para amedrentar a los vecinos de Budge que habían denunciado la venta de drogas en el barrio, disparando ráfagas de balas sobre los frentes de sus viviendas.

Un año antes, en 2016, las autoridades ya habían derribado otros 16 búnkeres seis en Quilmes; dos en La Matanza; dos en Lanús, y uno en los partidos de Tigre, Morón, Tres de Febrero, Esteban Echeverría y General Pueyrredón.

Mientras en la provincia de Buenos Aires se libra una escalofriante batalla contra el “paco” y la muerte que el consumo de esta sustancia implica, el secuestro de marihuana también aumentó, en este caso en un 20% si se compara 2015 contra octubre de 2017 donde se llegaron a decomisar 7.030 kilos de marihuana. Esto se consiguió a través de 4.277 allanamientos y haber puesto a disposición de la justicia a 10.750 personas. Dos años antes, los resultados habían sido prácticamente la mitad, 2.867 allanamientos y 7.153 los detenidos.

Es auspicioso que la lucha contra las bandas narcos y las bandas que trafican drogas ilegales al menudeo se intensifiquen y que los jueces y fiscales sean implacables contra los mercaderes de la muerte; sin embargo, es igualmente importante que el Estado ocupe los lugares que se van liberando de narcos. Allí dónde había un bunker debe levantarse una escuela, una sala de primeros auxilios un club social, un merendero. La sociedad y el Estado aún no ofrecen los espacios de contención necesarios para recibir a los niños y adolescentes enfermos por consumir y que muchas veces, como en el caso de Joaquín W, no tienen una familia que los abrigue y por eso, hoy está alojado en un instituto de menores del cual ya se escapó dos veces.

Por eso es urgente, como imploran las Madres del Paco, políticas y acciones más firmes para la prevención, el tratamiento y reinserción social de los adictos, también que se abran centros terapéuticos gratuitos, para tratarlos y sacarlos de las calles, y de las garras de los mafiosos. Medidas de fondos como estas evitaran que la narcocriminalidad gane terreno y continúe cegando vidas y fabricando potenciales delincuentes.

FUENTE: INFOBAE NOTICIAS