Médicos prestadores de IOMA, con el presunto aval de los auditores de la mayor obra social de la Provincia de Buenos Aires, cobran retornos de las empresas proveedoras para que elijan sus prótesis. En caso de negativa a pagar el soborno, los profesionales de la salud amenazan con rechazar todas las prótesis de esa empresa, y elegir otra que sí acepte hacer el pago ilegal. Los auditores de IOMA no indagan sobre los motivos de esos “rechazos”, ni los impugnan. La obra social de los empleados bonaerenses debe conseguir otro proveedor, a sugerencia del médico, hasta que éste queda conforme con la coima acordada.
Pero el pago de esos retornos para garantizarse el negocio, no lo absorbe la empresa proveedora, lo termina pagando IOMA a través de sobreprecios establecidos por el nomenclador oficial que superan el 500% de los valores del mercado, o por compras directas que estarían preacordadas.
El sistema está institucionalizado, según pudo reconstruir Infobae a partir de testimonios de prestadores y sindicalistas, audios y documentos judicializados a los que accedió en el marco de la investigación global The Implant Files sobre la industria de los dispositivos médicos, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ),
Todos los consultados por el equipo argentino de ICIJ -que integran además de Infobae, La Nación y Perfil– señalan en que los sobornos a los médicos rondan el 20 % de lo que obra social bonaerense gasta en prótesis, esto implica para 2018, unos 500 millones de pesos.
También coinciden en que los actuales funcionarios de la obra social no podrían desconocer la maniobra. Y varios apuntaron a su responsabilidad y complicidad en este esquema de sobreprecios y retornos, en perjuicio de la mayor obra social de la Provincia y de sus dos millones de afiliados.
Desde IOMA, las autoridades aseguran que en 2016 se pesificaron los precios y hubo una quita del 20%.
Recibos por “asistencia técnica”
El equipo argentino de ICIJ accedió a audios que revelan esta operatoria y que ya fueron judicializados. En esta conversación telefónica, el médico que debe operar de la cadera a una paciente por IOMA, le especifica a la empresa proveedora el monto de la coima que esperar cobrar:
“Honorarios” – un tema “primordial” para el traumatólogo que habla de una práctica compartida con sus colegas que trabajan para IOMA-, es el eufemismo con el cual se refiere a los retornos que reciben.
En este caso, por una prótesis de cadera, la coima pedida es de 18.000 pesos. “No matarlos a ustedes y que les sea algo lógico. Y a lo mejor de esa manera podemos empezar a trabajar también“, justifica el profesional de la salud.
Infobae no revela el nombre del médico involucrado porque está siendo investigado por la Justicia, y distorsionó la voz del proveedor de IOMA a pedido de éste, por temor a sufrir represalias. También optó por preservar la identidad de la paciente.
En este segundo audio, otro traumatólogo acuerda con el empleado de una ortopedia el pago por colocar una prótesis de su firma, destinada a la reconstrucción del fémur de la paciente que debe operar.
La cifra de “25” que “maneja” el médico equivale a 25.000 pesos, la coima estimada para utilizar esa prótesis que le ofrece la proveedora, en una cirugía por la que médico cobra de la obra social bonaerense.
Los retornos para los médicos rondan, en promedio, el 20% del precio de la prótesis requerida, según coincidieron los distintos entrevistados para esta investigación. Suelen estar camuflados como supuesta “asistencia técnica” u “honorarios por asesoramiento”, y pagarse con cheques. Los médicos emiten, a su vez, recibos a la firma proveedora por el monto de la coima que reciben. “Los médicos lo consideran un derecho adquirido y lo tienen naturalizado“, reconoce un proveedor, resignado.
“Si alguien se pusiera a mirar, vería que por cada pedido de un médico de una prótesis de una determinada casa, hay un recibo de ‘asistencia técnica'”, agrega. Estos recibos o facturas de los médicos por servicios inexistentes les permiten a las empresas deducir esos pagos del impuesto a las Ganancias, al registrarlos en su contabilidad como “gastos”.
Si bien los médicos prestadores de IOMA no están afiliados a un único sindicato, el equipo argentino de The Implant Files consultó a distintas asociaciones de profesionales de la salud. En Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) declinaron hacer declaraciones debido a que no conocen los detalles de la investigación judicial. En la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), su presidenta Marta Márquez sostuvo que la postura del gremio “es firmemente contraria a este tipo de prácticas”, en referencia a los retornos exigidos por médicos a proveedores de prótesis.
Mucho más enfático fue el secretario gremial de la Asociación de Médicos de la actividad privada, Antonio Di Nanno: “Para mí un médico que hace eso tiene que ir preso, como cualquier otro delincuente. Pero también estaría bueno que vayan presos los que las vendieron y los que autorizaron. Y ahí está el Estado. Hay que denunciarlos”.
Un práctica instalada
Para Graciela Ocaña, quien como ex ministra de Salud de la Nación denunció en varias oportunidades coimas en el PAMI, “esto es una práctica instalada en la que las víctimas son los pacientes”.
La diputada de Cambiemos explica que “los médicos que tratan a los pacientes de IOMA que necesitan alguna de las prótesis, comienzan un proceso de negociación, comunicándose con las empresas proveedoras, solicitándoles los retornos y eligiendo la prótesis de aquella empresa que pague más”. Una vez alcanzado el “acuerdo” con el proveedor, el médico prescribe la prótesis de esa empresa.
Así queda en evidencia en esta orden de un traumatólogo -cuyo nombre fue borrado para no interferir en la investigación- que prescribe para una paciente de IOMA una prótesis de una casa de ortopedia determinada.
Denuncia judicial
La diputada de Cambiemos denunció la maniobra en agosto pasado, a partir de información que le llegó sobre las contrataciones de prótesis en la obra social de los empleados bonaerenses, para que se investiguen los posibles delitos de defraudación, abuso de autoridad y violaciones de los deberes de funcionario público y cohecho, en perjuicio de IOMA. “Estamos hablando de la salud de miles de bonaerenses. IOMA no puede permitir que haya un canal paralelo instalado de pagos a los médicos“, sostiene.
Lo hizo ante la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) de la Provincia de Buenos Aires, que ya había recibido una denuncia anterior sobre el tema. El organismo de control de la corrupción bonaerense derivó la presentación de Ocaña a la Justicia de La Plata en octubre último, y la investigación está hoy a cargo del fiscal Marcelo Romero, quien tiene al menos identificados cinco médicos involucrados en esta práctica, y ya ordenó una serie de medidas de pruebas. Entre ellas, le envió un oficio a IOMA requiriéndole el listado de prótesis adquiridas durante los últimos cinco años, los médicos que las solicitaron, las rechazadas, los motivos y la resolución de los auditores, y un listado de las prestadoras.
Más de un mes después, la obra social –cuyo presidente Pablo Di Liscia fue designado por el Ejecutivo provincial- aún no respondió. Di Liscia – quien anteriormente había sido funcionario porteño desde la llegada de Mauricio Macri a la jefatura de Gobierno en 2007- asumió en diciembre pasado, después que el gobierno de María Eugenia Vidal echara al anterior titular, Carlos D’Abate.
El Presidente de IOMA, Pablo Di Liscia, con Nicolas Galoppo, gerente de Intergemed, una firma denunciada por el sindicato de los técnicos SUPTTIOMA.
La denuncia de Ocaña sobre estas maniobras no es la primera en llegar a la Justicia. En noviembre del 2017, una persona con reserva de identidad se acercó a la OFI con información y documentación sobre unos 20 casos similares de médicos que participaron de estas maniobras.
En la investigación preliminar de la OFI constan las declaraciones de, al menos, seis pacientes afectados por esta maniobra, por la cual los médicos demoraron o suspendieron sus cirugías o, en uno de los casos, el paciente debió pagar por su prótesis de su bolsillo. En todos los casos, los médicos rechazaron las prótesis provistas por IOMA.
La OFI la derivó la denuncia a la Justicia en junio pasado y recayó en la UFI Nº 2, a cargo de Betina De Lacky. Pero aún no tuvo movimientos.
Sobreprecios del 500%
El 85% de las compras de prótesis que hace la obra social bonaerense se rigen por un nomenclador de un convenio marco, que fija precios de referencia, y que fue acordado en 2016 entre el Directorio de IOMA y las prestadoras, básicamente fabricantes y distribuidoras de prótesis médicas, y ortopedias. Fue ajustado un 25% en agosto último. Pero esos precios resultan ser superiores a los del mercado, según coinciden todos los consultados.
“En la práctica funcionan como precios únicos, porque nadie cotiza por debajo. Yo coticé menos y no me compran la prótesis. Ese precio encubre el retorno. Cuando más alto el precio, mayor la coima“, explica un proveedor, bajo condición de no revelar su nombre.
Ocaña destaca que “las empresas que tienen que pagar una coima necesitan que el precio del nomenclador de la prótesis sea superior al valor de mercado, sin este requisito las empresas no pueden cubrir el costo extra de la coima“.
Como ejemplos, cita en su denuncia que el valor más barato de una cadera cementaría primaria en el nomenclador Mercosur de IOMA, acordado en 2016, es de $ 34.600. Sin embargo, en las ortopedias el valor era de $ 5.500 más IVA. En tanto, el clavo placa deslizante DHS y DCS por el mismo nomenclador, IOMA lo paga $ 23.230, pero en el mercado cuesta $ 3.500 más IVA. Es decir que, de acuerdo a las cifras de precios presentadas por la diputada, IOMA estuvo pagando durante 2016, 2017 y hasta agosto de 2018 más del 500% por las prótesis.
Presupuesto presentado por una ortopedia por una prótesis de fémur solicitada por un traumatólogo a esa casa, cuyo precio supera el valor de mercado.
Idelmar Seillant, presidente de la Asociación de Profesionales de IOMA (APIOMA), afirma que el convenio que se firmó en 2016 tenía “valores hasta un 700% superior al del mercado con la intención de favorecer a los empresarios con montos millonarios”, que a su vez “están relacionados con funcionarios”.
Tras sostener que “se trata de un circuito sistematizado que alcanza a la gran mayoría de las prótesis”, señala que desde APIOMA y el Sindicato Unico de Profesionales de Trabajadores y Técnicos de IOMA (SUPTTIOMA) que también lidera, hicieron un relevamiento que será presentado ante la Justicia, al que tuvo acceso Infobae. En él se detalla, como ejemplo, que las placas para fracturas con los códigos códigos OSi 11 Y OSME 11 que por el convenio de IOMA se pagan $ 30.500 y $ 24.400, tienen un valor de mercado de entre $ 3.000 y $ 5.000 más IVA.
El relajamiento de precios hecho por APIOMA y su sindicato SUPTTIOMA.
Para Ocaña “esta maniobra de pago de retornos no se podría llevar adelante sin la connivencia de los médicos, pero tampoco sin la participación de las autoridades del IOMA, que son las encargadas de fijar los precios establecidos en el nomenclador, que siempre están muy por encima de los precios de mercado. Sin esta condición, la defraudación no sería viable“.
La diputada también compara los precios fijados en la obra social bonaerense con los que que paga el propio Ministerio de Salud de la Provincia para la provisión de prótesis a los hospitales públicos de la provincia. “En licitaciones y compras individuales, la diferencia de precios oscila entre 20 y 30 % menos que los precios establecidos en el nomenclador de IOMA”.
Graciela Ocaña denunció estas prácticas apenas le llegó la información.
Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, desde IOMA se negaron a responder sobre la existencia de coimas en la provisión de prótesis o a admitir que los valores que paga IOMA son muy superiores a los de mercado.
En cambio, optaron por explicar que los precios de las prótesis traumatológicas – el 35% de las 500 que integran el nomenclador- “se encontraban dolarizados (en la gestión de Daniel Scioli) y fueron pesificados en 2016, con una quita del 20%“. Agregaron que en
agosto pasado, “atendiendo a la falta de provisión por parte de los prestadores en relación a la composición en dólares del costo de dichos productos, y a efectos de evitar la interrupción de las cirugías previstas, la obra social definió aplicar un incremento del 25% sobre dichos valores. Sin embargo, quedaron exceptuados de dicha actualización los insumos provenientes del Mercosur, que en función de los precios vigentes, aún habiendo sido pesificados, no recibieron este aumento”.
Más tiempo de internación
IOMA resulta perjudicada no solo por estos sobreprecios denunciados, sino además porque la negociación entre el médico y la proveedora que le paga un retorno más alto, dilata la operación y la obra social debe hacerse cargo de más días de cama de internación. “Esta operatoria es un sistema delictivo que le cuesta a IOMA cientos de miles de pesos, aumentan los tiempos de internación, saturando los cupos de camas necesarias para otros pacientes, y hacen que los pacientes internados corran riesgos hospitalarios, que muchas veces les cuesta la vida”, agrega Ocaña.
Solo un porcentaje menor de las compras de prótesis -entre el 5% y el 10%- se hace por licitación, a cargo directamente de los hospitales. Pero sin embargo, según los entrevistados, el esquema se repite: la empresa que gana, igual tiene que ser avalada por el médico que pide el retorno. Si la proveedora no paga la coima establecida, el médico da de baja esa prótesis.
“El médico puede elegir el material que quiera, aunque sea más caro, supuestamente ‘por la parte técnica’. Es una cosa increíble. No gana la empresa que ofrece el mejor precio. Si el médico quiere un material más caro, ni siquiera tiene que pasar por el que ganó en precio. Directamente elige con su puño firma y letra la prótesis de la empresa con la que arregla”, se queja otro vendedor en diálogo con Infobae.
Rechazos sin control
Uno de los proveedores entrevistados destaca que “lo más grave después que un médico rechaza una prótesis porque la empresa no paga el retorno, es que los auditores de IOMA avalan ese rechazo sin indagar sobre los motivos“.
En esta nota para autorizar la colocación de una prótesis de cadera, fechada en junio 2017 y dirigida a Suministros de IOMA, el médico que la firma -del que se reserva su identidad por la investigación judicial en curso- rechaza la ofrecida por una empresa y pide la de otra proveedora por el nombre de la ortopedia (ni siquiera por la marca), argumentado “la confianza y conocimiento del instrumental“.
“Nadie le pide que fundamente ese rechazo, y los auditores luego autorizan la prótesis que pide el médico de otra proveedora, con una prestación similar, y probablemente más cara. Son cómplices“, agrega el prestador que, como todos los consultados -sin excepción – pidió reserva de identidad ya que sostiene que fue amenazado por gente ligada a UPCN.
Ocaña advierte que el actual sistema de nomenclador “le la da un enorme poder a los médicos para decidir qué prótesis debe cobrar IOMA”, pero también también apunta a la responsabilidad de los funcionarios de la obra social. “En estos fraudes tienen participación activa los auditores que tienen a su cargo el deber de controlar las operaciones para que estas cosas no pasen, en flagrante violación de los deberes a su cargo“.
De hecho, tres de ellos fueron echados de IOMA, después de haber sido denunciados por “haber recibido cheques de ortopedias“, según recuerda Seillant, quien también coincide en que los auditores no suelen objetar los rechazos de los médicos a determinadas prótesis.
El equipo argentino de ICIJ consultó a IOMA si existían denuncias contra médicos por parte de auditores de la obra social, pero no obtuvo respuesta.
Funcionarios y gremialistas
Este año el presupuesto de IOMA es de 44.000 millones de pesos, de los cuales el 5,6 % se lo lleva la compra de prótesis. Son casi 2.500 millones de pesos el año en este rubro, monto que incluiría el pago de los retornos. Se trata de un monto que asciende a 500 millones en el año en pagos ilegales.
Según Seillant, “los sobreprecios no solo incluyen un 20% del valor de la prótesis para el médico, sino otro 20% del monto que cobra el proveedor de IOMA y que va para los funcionarios. El sistema de retornos y sobreprecios no podría funcionar sin la participación del Directorio, que habilita los pagos, los sobreprecios y el direccionamiento hacia determinados prestadores”.
El dueño de una distribuidora de prótesis ortopédicas también apunta a la cúpula política de IOMA: “Si no la cambian, no va a cambiar nada. Porque está al tanto. Si no, el sistema así no podría funcionar”.
Otro vendedor de una ortopedia, sostiene – no sin fastidio- que “esto siempre fue así. Si no hay orden de arriba, no va a cambiar. Los que tienen que cambiar esto, tienen que tener voluntad de hacerlo”.
Otro proveedor de prótesis asegura que “para venderle a IOMA, podés llevar tu carpeta y presentarte, pero sin aval político o gremial, no te llaman nunca. Muchas empresas están ligadas al gremio, que las protege“. El gremio es UPCN, liderado por Carlos Quintana, que pisa fuerte en IOMA, y de buena sintonía con el gobierno de María Eugenia Vidal.
Compras directas “enmascaradas”
Muchas veces, las prótesis pedidas por los médicos o en las licitaciones que salen publicadas para proveer a un hospital o clínica que trabaja con IOMA, tienen una descripción técnica muy específica. “La dibujan como si fueran de alta complejidad. Pero es todo verso para justificar sacarla del nomenclador, y comprarlas a un precio exorbitante“, señala un pequeño empresario del sector consultado para esta investigación.
Seillant -cuya agrupación APIOMA reúne a unos 70 auditores de IOMA_ coincide y agrega que “esas compras están direccionadas a determinados proveedores elegidos, que están vinculados a los funcionarios y los dirigentes de UPCN en la obra social. Son compras directas enmascaradas“.
Desde IOMA, en tanto, aclararon que cuando alguna prótesis no está nomenclada, “dado que la prioridad de IOMA es cubrir la necesidad en tiempo y forma de sus afiliados, se procede a la realización de una compulsa de precios a efectos de asegurar la entrega al afiliado, siendo en este caso imprescindible la previa aprobación del Honorable Directorio por trámite de excepción”.
Señalaron que esa compulsa se publica en la web de IOMA “a efectos de lograr la mayor concurrencia de precios, y se invita además a diferentes empresas proveedoras a cotizar el producto o insumo requerido. Una vez recibidas las ofertas, se determina, previa conformidad del área de auditoría médica respecto de las especificaciones técnicas con las que debe cumplir el insumo, aquella que resulte de menor valor. Notificado el proveedor del insumo protésico, éste se contacta directamente con el efector y el médico solicitante para proceder a su entrega inmediata”.
Sin embargo, esta explicación no coincide con los testimonios relevados por el equipo argentino de ICIJ.
Empresas “favorecidas”
Según el último análisis realizado por APIOMA de los gastos de IOMA, en base a los números del Tribunal de Cuentas de la Provincia, entre enero 2016 y octubre 2018, hubo 4.800 millones de pesos que se pagaron de más en sobreprecios a empresas que estarían vinculadas a funcionarios y gremialistas de UPCN.
Entre las empresas prestadoras de IOMA denunciadas por SUPTTIOMA por su vinculación con distintos dirigentes de UPCN, menciona a Hestía SRL, Continium y Alpatec SRL.
La representante en el Directorio de UPCN es Patricia Wilde, quien reemplazó al anterior vocal Luis Ángel Pérez, imputado por el fiscal Alvarao Garganta en la mega causa de IOMA. La otra vocal sindical en el Directorio era Patricia Nisembaum, de SUTEBA, el gremio docente liderado por Roberto Baradel, y también fue desplazada por estar imputada en la causa abierta por la denuncia de Elisa Carrió.
Seillant denuncia que “el área de Recursos Humanos protege a los vocales del Directorio cuestionados” y sostiene que la gestión actual “no solo no colabora con la Justicia, sino que persigue a los auditores de APIOMA por denunciar la corrupción”.
Idelmar Seillant, presidente de APIOMA y de su sindicato SUPTTIOMA.
El SUPTTIOMA lleva realizadas 27 denuncias en la Justicia desde 2011 por irregularidades en las prestaciones y en el manejo de los recursos en IOMA, una decena de las cuales fueron realizadas a partir de la llegada de Cambiemos. “Hay una absoluta continuidad. Las nuevas autoridades ratificaron la decisión del gobierno de Scioli de que que no hubiera más auditorías de terreno, de gestión y contables. Entonces, no hay controles. Se paga lo que se acuerda con las prestadoras. Es el mismo perro con distinto collar“, asevera Seillant.
“Solo quiero trabajar”
Los proveedores consultados, sin excepción, pidieron reserva de identidad “para poder seguir trabajando” o por temor a poner en riesgo su seguridad física. Los que se animaron a denunciar, fueron apretados y/o amenazados.
De acuerdo a sus testimonios, aquellas empresas que no aceptan entrar en el circuito de pagos ilegales encuentran muy difícil vender sus productos a IOMA. “Si no se pagan los retornos, los médicos retienen la documentación o no firman los papeles que IOMA solicita para la facturación”, relata uno.
“Si no entrás en el tongo, no podés trabajar. Yo lo quiero es que me dejen vender. A mí no me interesa que vayan dos médicos presos, me interesa que cambie el sistema“, admite otro que decidió buscar empezar a buscar una salida laboral en otro rubro.
Respecto de la responsabilidad de los funcionarios de IOMA, sostiene que “no hay respuesta a los reclamos de los proveedores que no quieren pagar coimas, porque los denunciados son médicos que trabajan con las empresas con las cuales tienen ‘arreglos'”.
En ese sentido, Ocaña también advierte que “pese a haber recibido denuncias de prestadores, IOMA nunca tomó las medidas necesarias para poder terminar con este sistema perverso, que deja afuera a las empresas que quieran trabajar sin abonar los retornos“.
La provisión de prótesis a IOMA también funcionaría con un acuerdo previo entre los ofertantes. “Hay un sistema establecido para que si una empresa ya arregló con un médico, no se meta otra en el negocio”, explica uno de los proveedores del rubro consultados. Incluso, habría un grupo de Whatsapp en el que se avisan de las licitaciones para proveer a un hospital y sanatorio que atiende IOMA y quien se presenta para cotizar el producto médico que se licita, para que no coticen otros.
“Esto que pasa en IOMA, pasa en PAMI y en otras obras sociales. Y encima, después, si la prótesis es muy cara, la termina pagando la APE (la Administración de Programas Especiales que depende del Ministerio de Salud). O sea, todos“, concluye uno de los proveedores que, por negarse a pagar coimas, se vio forzado a buscar otra alternativa para sobrevivir.
El equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación que participó de The Implant Files está integrado por Mariel Fitz Patrick (Infobae); Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación); Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli (para Perfil).
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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