Los ataques de Dina Boluarte, Alberto Otárola y Rafael López Aliaga contra el informe de la CIDH

Las conclusiones finales que dejó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a las protestas sociales que se dieron entre diciembre del 2022 y enero de este año contra el Gobierno de Dina Boluarte, generó múltiples reacciones en la clase política peruana.

“En términos generales, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”, fue la conclusión de la CIDH que lo complementó con el registro de fallecidos y heridos que dejó las marchas.

Además, el documento pone como ejemplos los casos de las ciudades de Ayacucho y Juliaca, donde hubo uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado que devino en presuntas ejecuciones extrajudiciales que, para la CIDH, constituyeron masacres.

“Las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso”, refirieron.

Estos puntos relatados por la CIDH generaron el rechazo de la presidenta Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Dina Boluarte

“Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, dijo Boluarte Zegarra en conferencia de prensa ayer desde Palacio de Gobierno.

Además, la mandataria descartó que haya existido algún tipo de discurso estigmatizante y polarizador contra las personas que salieron a marchar en su contra a pesar de que, en su momento, los acusó sin pruebas de ser parte de la Fenatep ( Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú) —sindicato vinculado al expresidente Pedro Castillo—, de estar financiados por la minería ilegal y el terrorismo, y ser agentes enviados de Bolivia.

“Esta presidenta, que es apurimeña y, viene del sur, en reiteradas veces ha señalado su respeto a la diversidad cultural, a nuestra historia, a nuestras costumbres. En este gobierno no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole. Siempre hemos llamado a la unidad, a la paz, al diálogo”, agregó Boluarte.

Alberto Otárola