Tras la suspensión del inicio del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce por un juez con COVID-19, se hizo este miércoles una audiencia entre las partes. La idea era fijar la nueva fecha para el debate pero no se logró y recién se conocería cuándo empieza la semana que viene, cuando se vuelvan a juntar. Incluso, desde la Fiscalía se propuso que sea un jurado popular quien juzgue a Nicolás Pachelo y los dos ex vigiladores del country Carmel de Pilar por el delito de homicidio, pero el defensor del vecino se negó.
Según reconstruyeron fuentes del caso a Infobae, “a Pachelo no le conviene”, dijo Roberto Ribas, a cargo de la defensa del vecino, preso desde 2018 por una serie de robo en countries por los que será juzgado una vez que finalice el juicio por el crimen de María Marta, y quien no estaba en el reciento este miércoles por la mañana.
Tampoco fueron Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45), ex vigiladores del barrio cerrado de Pilar donde ocurrió el crimen en 2002, quienes llegan a juicio en libertad. A los tres les endilgan los delitos de “robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado”, que prevén prisión perpetua.
Lo cierto es que la audiencia de este miércoles, que duró una tres horas, tuvo sus picos calientes. Cuando la Fiscalía le propuso a Ribas que Ley de juicio por jurados “podía ser más beneficiosa” para su cliente, ya que requiere unanimidad de los 12 personas y deja al tribunal fuera de la decisión de culpabilidad o inocencia; el defensor, sin pedir tiempo para consultarlo con Pachelo, dijo: “Lo van a linchar”.

Durante la audiencia, la defensa de Pachelo también se opuso a que haya público presente en la sala, “aludiendo a que tampoco eso le era conveniente”, destacaron las fuentes consultadas por este medio.
Justamente, la audiencia que se hizo en los Tribunales de San Isidro no fue abierta al público por decisión del Tribunal Oreal Criminal N°4 que llevará adelante el debate, ni siquiera han garantizado aún que la prensa pueda presenciar el juicio cuando finalmente comience. Y ese fue un punto que también se discutió este mediodía.
“Los fiscales pidieron que se garantice la publicidad del juicio, liberando el ingreso y que sea transmitido en vivo por una plataforma virtual”, explicaron las fuentes. La semana siguiente, cuando se junten nuevamente las partes a poner la fecha de inicio del juicio, esperan zanjar esa diferencia.
Mientras tanto, aún se encuentran pendientes de resolución varios planteos pedidos por la fiscalía, incluso, el de recusación efectuado contra los jueces. A la vez, la Cámara de Casación debe resolver sobre un planteo de amplitud probatoria efectuado por los fiscales Andrés Quintana, Matías López Vidal y Federico González, junto a los adjuntos en Fiscalía General, Patricio Ferrari, y a Diego Callegari con quienes el fiscal general de San Isidro, John Broyad reforzó el equipo.
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