Un grupo de 40 delegados provenientes de 12 países llegó este fin de semana al país, en medio de la Misión de Observación Internacional de Garantías a la Protesta Social y contra la Impunidad, para construir un informe sobre la violación de derechos humanos en el país y la falta de justicia sobre los perpetradores.
La misión trabaja desde el pasado 3 de julio en la visita que realizará al país, y está conformada por delegados políticos y sociales de Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Guatemala, España, Alemania y Bélgica.
Según la delegada de Guatemala, Miriam Pixtun Romboy, miembro del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos en Centroamérica, el objetivo de la misión es “buscar mecanismos judiciales y extrajudiciales que han llevado a la impunidad después de la aplicación de acciones represivas, y cómo se quiere evitar la rendición de cuentas de agentes estatales durante el Paro Nacional”, afirmó en diálogo con la Comisión de Justicia y Paz.
Pixtun asegura que parte de ese trabajo tiene la intención de permitir identificar los patrones que reprimen las expresiones sociales y el derecho a la protesta, que también facilita el análisis de otros países en el mismo sentido.
María Dolores González Saravia, la representante de México de la Misión, aseguró que “ante la magnitud de esta conflictividad y la problemática detectada en términos de violaciones de derechos humanos o acotamiento del derecho a la protesta, se van a visitar varias regiones del país: Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Nariño, Risaralda, Atlántico, Magdalena y Santander”.
A estas regiones viajarán algunos delegados que estarán encargados de recibir los testimonios de víctimas individuales o colectivas de diversas formas de violación de los derechos humanos durante el Paro Nacional, especialmente en violación del derecho a la protesta social.
“La idea no es solo recibir testimonios sino tener diálogo con organizaciones sociales, defensores, entidades sociales, y también un diálogo con las entidades públicas para hacernos una idea lo más amplia posible de lo que está sucediendo y construir un informe para entregar al final”, afirmó Dolores González.
Según la representante mexicana, la impunidad de los violadores de derechos humanos hace que la violencia se mantenga, por lo que uno de sus principales objetivos será verificar las acciones judiciales en contra de los presuntos abusadores.
“América Latina es un continente que tiene muchas situaciones semejantes. Más allá diría que el conflicto social es la expresión simple de problemáticas que deben atenderse, por lo tanto es una oportunidad para buscar soluciones que puedan ir de fondo a las causas de esa conflictividad y mejorar situaciones que tienen que ser atendidas”, afirmó González.
Por su parte, Pixtun también considera que se debe buscar una solución a las causas estructurales de los conflictos, con el fin de superar las nuevas expresiones de crisis que se presentan.
“En Guatemala vivimos una situación bastante similar a la de Colombia, no solo del pasado, sino del presente. Un conflicto armado interno, unos acuerdos de paz que fueron firmados pero no necesariamente implementados (…) esas causas estructurales que generó el conflicto armado interno (…) al no resolverlo, hace que tengamos que salir nuevamente a las calles para exigir ese respeto a los derechos que tenemos como parte de un país”, afirmó la delegada guatemalteca.
Este proyecto ha sido impulsado por organizaciones y plataformas de derechos humanos en el país, así como por llamados de solidaridad internacional que se han elevado en medio del Paro Nacional.
La misión, preliminarmente, ha puesto la lupa en el decreto 575 de 2021 en el que se estableció la asistencia militar como mecanismo de conservación del orden público, la estigmatización o negación de los funcionarios gubernamentales, así como el decreto 003 que penaliza la obstrucción de vías públicas.
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