El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las firmas restantes para promover una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Hidrocarburos aprobada en abril de 2021.
A través de su cuenta de Twitter, el ex secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) compartió varios videos a las afueras de las instalaciones de la SCJN, en los cuales explicó la situación.
En el primero de ellos, señaló que en el mes de mayo del año pasado, senadoras y senadores presentaron la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, la Suprema Corte la desechó bajo el argumento de “falta de firmas necesarias”.
Ante este escenario, Osorio Chong aseguró que este 13 de enero fueron notificados por la Segunda Sala de la Corte para presentar, de nueva cuenta, las firmas de los autores de la acción de inconstitucionalidad.
“Vengo en este momento a presentar las 46 firmas de diferentes compañeros senadores para nuevamente iniciar este proceso, sea admitido y entonces pueda discutirse en la SCJN una ley tan fundamental en la que por supuesto nosotros estamos en contra de ello”, ahondó el legislador.
Posteriormente, en el segundo metraje, muestra el paquete, que incluye el recurso jurídico y las firmas, el cual introduce en el “Buzón de Promociones”, lugar de donde será recogido y analizado por los ministros.
Finalmente, en un tercer audiovisual ya a las afueras de la SCJN, mostró el acuse de recibido en “tiempo y forma”, por lo que mencionó “ya podrá ser discutido por los ministros” para darle solución lo antes posible.
Cabe recordar que la Ley de Hidrocarburos fue aprobada a finales de abril de 2021. Esta nueva legislación tendría el objetivo de dejar sin efectos una parte de las reformas secundarias energéticas impulsadas por Peña Nieto, razón por la cual la paraestatal Pemex (Petróleos Mexicanos) volvería a tener el dominio en la venta de hidrocarburos.
Días más tarde, el 5 de mayo de ese mismo año, se publicó este Ley en el diario Oficial de la Federación (DOF), misma que, se lee, busca “garantizar la soberanía y seguridad energética de México, así como desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos” llamadas coloquialmente “huachicoleo”.
Además, propuso facultar a la Secretaria de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos, cuando los encargados cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Con todos estos puntos, esta legislación comenzó a causar polémica a nivel nacional e internacional, pues, según algunos expertos, la oposición y compañías del sector, se trata de una forma de “expropiación” del gobierno mexicano, ya que le permitiría a las autoridades asumir el control de sus inmuebles, así como otorgar y revocar contratos sin ninguna repercusión legal.
Tal fue el desplante contra las medidas que se tomarían con esta ley, que para el 18 de mayo, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro ya había concedido 14 suspensiones. Las primeras seis con efectos generales, mientras que las restantes estuvieron dirigidas en contra del artículo 57 y los transitorios cuarto y sexto de esta reforma.
Poco más de un mes después, fue cuando se dio a conocer que la acción de inconstitucionalidad presentada por los senadores de oposición fue desechada “por notoria y manifiesta improcedencia”. Los legisladores tenían como objetivo impugnar los artículos 51 fracción III; 53 párrafo segundo ; 57 y 59 Bis; además de los transitorios cuarto y sexto de la referida ley. Ahora, con esta nueva presentación de firmas, el caso continúa abierto.
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