La situación es insólita. A un juez le prohibieron entrar a su tribunal porque le aplicaron una restricción de acercamiento de 300 metros con sus empleados. Y el motivo es grave. Lo denunciaron por amenazas, coacción, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y lesiones los propios trabajadores, lo que fue avalado por los otros dos jueces.
La medida fue impuesta a Pablo Ramiro Díaz Lacava, juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa desde fines de 2012. Fue adoptada por el juez federal de primera instancia Juan José Baric luego que la fiscal Iara Silvestre imputara a Díaz Lacava e iniciara formalmente una investigación.
“La situación traída a estudio es singular, realmente delicada y preocupante. Los hechos que se le imputan prima facie, resultan ser sumamente graves, y va de suyo que perjudican el normal y buen funcionamiento de la dependencia judicial”, dijo el juez Baric la semana pasada en su primera decisión en la causa a la que accedió Infobae. El magistrado destacó que en el inicio de la investigación el aspecto principal “es la seguridad y la salud física y psíquica del personal del tribunal oral federal”.
Así ordenó la prohibición de acercamiento de Díaz Lacava a 300 metros “de la nómina total de personal” del tribunal oral en cualquier lugar. Y concretamente, destacó que “se le prohíba al Juez denunciado su ingreso a la sede del Tribunal”. Baric también le prohibió cualquier “establecer cualquier tipo de comunicación” y puso en conocimiento de la causa a Ana María Figueroa, presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, de quien depende el tribunal oral, y a Horacio Rosatti, titular del Consejo de la Magistratura de la Nación que investiga la conducta de los magistrados, “a los fines que estime corresponder”. Todas medidas que había solicitado la fiscal Silvestre.
Infobae pudo saber que tras la denuncia Díaz Lacava se tomó licencia, designó en la causa penal a un defensor oficial y pidió estar presente cuando declaren como testigos los empleados del tribunal. El juez Baric rechazó ese planteo por la prohibición de acercamiento que tiene. Este medio se comunicado con Díaz Lacava para tener su opinión pero al cierre de esta nota no respondió los mensajes.
La denuncia contra Díaz Lacava fue presentada por los secretarios del tribunal oral Jorge Ignacio Rodríguez Berdier, Ricardo Javier Sequeira y Alina Laura Trento y luego los otros dos jueces, Marcos Aguerrido y José Tripputi, que avalaron los hechos.
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Allí relataron distintas situaciones de violencia: “gritos, actos de agresión verbal directa, portazos, patadas y golpes al mobiliario; incesantes interrogatorios en su despacho, amenazas de sumarios y sanciones con el fin de amedrentarnos”, describió la fiscal.
Los denunciantes señalaron situaciones insólitas. Por ejemplo, que una mañana desde la calle Díaz Lacava arrojó una piedra que entró por una de las ventanas del tribunal y pasó a escasos centímetros de la cabeza de uno de los secretarios. El juez entró riéndose y dijo que había sido una broma.
Hace dos semanas los otros jueces del tribunal Tripputi y Aguerrido le pidieron una reunión a Díaz Lacava. “Le expresaron su preocupación y lo emplazaron a cesar con las distintas acciones; en esa ocasión los jueces, por sí mismos, percibieron lo que estaba ocurriendo de fondo, sin siquiera conocer todos los detalles. La reunión no solo fue infructuosa sino que Díaz Lacava redobló inmediatamente sus ataques con violentas recriminaciones, impartiendo órdenes carentes de lógica con el fin de amedrentarnos y someternos, lo que derivó en que la secretaria Alina Trento terminara internada por estrés y trastornos severos en la salud, y que el señor presidente del Tribunal la relevara de continuar sus tareas en forma presencial hasta buscar una solución”, describe la causa.
No es la primera vez que en la justicia federal de La Pampa se vive esta situación. En mayo de 2018, el ex juez federal de La Pampa José Antonio Charlín fue condenado a cinco años de prisión y a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos en el Poder Judicial por intento de abuso sexual y amenazas en situación de violencia de género a empleadas de su juzgado.
Con la excusa de saber de qué material era la ropa, tocaba a una secretaria; le puso una trincheta en el cuello a otra; amenazó a un periodista e hizo lo mismo con los empleados si no le decían a qué partido político pertenecían. Esos fueron algunos de los nueve hechos que el tribunal oral que condenó a Charlín dio por probados. El ex juez cumplió su condena en prisión.
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